El escándalo estaba servido. Hace pocos días estalló una noticia que pretendía sacudir los cimientos de la reputación de Julio Iglesias: dos antiguas empleadas lo señalaban de haber abusado sexualmente de ellas. Bastó la mera publicación de la acusación para que buena parte del progresismo mediático internacional se volcara a señalar, prejuzgar y condenar sin matices al artista español. Nada de debido proceso y nada de presunción de inocencia. Iglesias, visto como un «troglodita» de la derecha, debía ser conducido a la hoguera sin siquiera oír sus descargos.
El montaje fue estructurado a través de un medio digital español de extrema izquierda y amplificado desde Estados Unidos por una cadena de noticias. La supuesta «investigación rigurosa» fue adelantada en suelo estadounidense por Gerardo Reyes. Todo se presentó como un trabajo serio, de largo aliento, cuando en realidad no tardó en quedar al descubierto que se trataba de una construcción endeble, apresurada y sin sustento verificable.
En cuestión de horas, comenzaron a conocerse detalles que demostraban que el objetivo real de las falsas víctimas no era la búsqueda de justicia, sino la extorsión económica. El libreto era conocido, repetido, casi mecánico: acusación grave, presión mediática, linchamiento público y, finalmente, la expectativa de una transacción silenciosa a favor de «unas humildes y desvalidas mujeres abusadas».
El daño causado fue monumental. Los autores del montaje creyeron que acabarían de una vez y para siempre con la reputación del célebre artista español. No contaron, sin embargo, con dos factores decisivos. El primero, la solidez de una trayectoria pública de décadas que no encaja fácilmente con el perfil del depredador que intentaron construir. El segundo, la torpeza del montaje, tan burdo que se desmoronó en cuestión de días. En otros casos, operaciones similares han destruido por completo la reputación, la fortuna y la tranquilidad personal y familiar de figuras públicas que nunca lograron rehacerse del estigma. Aquí, afortunadamente, el intento fue pasajero, aunque no por ello inocuo.
Las «denunciantes», una de ellas prostituta virtual y la otra una cazadora de fortunas, se pusieron a sí mismas en evidencia. Las pruebas emanaron rápidamente. Mensajes de afecto y de respeto que ellas le enviaron al supuesto abusador, meses después de los imaginados ataques que alegaron haber sufrido.
No obstante, el daño quedó hecho. Nadie devuelve los titulares, nadie repara del todo la sospecha sembrada, nadie borra la huella digital del escarnio.
Precisamente por eso es alentadora la noticia exclusiva revelada por el prestigioso periodista judicial de España Miguel Ángel Pérez, en el sentido de que Julio Iglesias procederá judicialmente, reclamando daños y perjuicios al medio español responsable del montaje –eldiario.es–, dirigido por Ignacio Escolar, así como a Univisión y al propio Gerardo Reyes, conocido por su participación en cuestionadas operaciones mediáticas.
Esta decisión no es solo legítima, sino necesaria. Marca un precedente y envía un mensaje claro: la calumnia no puede seguir saliendo gratis. Durante años, este tipo de maniobras funcionaron porque se asumía que el acusado preferiría el silencio o el acuerdo antes que una batalla judicial larga, humillante y desgastante. Se imaginaban que el mecanismo seguiría operando como siempre. Pero la extorsión mediática basada en supuestas agresiones sexuales empieza a agotarse, y el caso de Julio Iglesias no será el último en el que el montaje fracase.
Respecto de este fenómeno, resulta especialmente pertinente la aparición del libro Esto no existe: Las denuncias falsas en violencia de género, del escritor y ensayista español Juan Soto Ivars. La obra no niega la existencia ni la gravedad de la violencia sexual real —algo que el propio autor subraya de forma reiterada—, sino que se atreve a cuestionar un dogma contemporáneo: la idea de que las denuncias falsas son un fenómeno inexistente o estadísticamente irrelevante y, por tanto, indigno de discusión pública.
Soto Ivars analiza cómo, bajo una determinada hegemonía ideológica, se ha impuesto un clima en el que cualquier duda, matiz o exigencia de garantías jurídicas es inmediatamente presentada como una forma de complicidad con el agresor.
El autor describe con crudeza cómo este tipo de montajes no solo arruinan vidas individuales, sino que erosionan principios básicos del Estado de derecho: la presunción de inocencia, el debido proceso y la separación entre activismo y justicia. Al mismo tiempo, advierte sobre un efecto perverso que rara vez se menciona: cuanto más se banaliza la denuncia falsa y más se instrumentaliza políticamente, más se debilita la credibilidad de las denuncias auténticas, perjudicando precisamente a las víctimas reales que dicen defender.
Leído a la luz del caso de Julio Iglesias, el análisis de Soto Ivars adquiere una relevancia particular. Lo ocurrido sigue el patrón descrito en el libro: acusaciones lanzadas a los medios antes que a los tribunales, relato invariable desde el inicio, periodistas actuando como activistas, presión sobre el acusado y expectativas crematísticas para quienes originan el escándalo. Que el montaje haya fracasado con rapidez no lo convierte en un episodio menor, sino en un ejemplo especialmente ilustrativo de un fenómeno más amplio.
La operación contra Julio Iglesias no fue un error periodístico. Fue un intento deliberado de demolición reputacional que fracasó porque estaba burdamente construido. El hecho de que el caso haya tenido un corto vuelo, no lo convierte en un asunto anecdótico, sino revelador, porque dejó al descubierto el proceder asqueroso de ciertos sectores del periodismo que ejercen como máquinas demoledoras del buen nombre y la dignidad de quienes no gozan de su simpatía.
Resulta fundamental que el artista no ceda un milímetro y lleve este asunto hasta las últimas consecuencias, porque solo así podrá resquebrajar el inmundo modelo basado en la calumnia rentable, el escándalo prefabricado y en la destrucción moral como vía para saquear las cuentas de quien ha sido falsamente denunciado.
Publicado: enero 27 de 2026