Conviene recordarlo, aunque a muchos les incomode: el estalinismo no fue un accidente ni una exageración pasajera, sino un modelo consciente de ejercicio del poder con la mayor brutalidad posible. Un sistema que entendió desde el principio que la disidencia no se debate, se elimina. Las purgas no fueron desbordes ni errores de cálculo; fueron el corazón del método. Se gobernaba depurando y «purificando» al adversario real y, sobre todo, al potencial. Esa lógica no se sostuvo solo en la violencia desnuda, sino en una maquinaria completa donde el miedo, el encierro y la justicia convertida en arma actuaban de manera coordinada.
Conviene recordarlo también cuando se intenta suavizar lo que fueron los gulags bajo la palabra «reeducación». Aquello no tenía nada de pedagógico. Eran campos diseñados para quebrar a la persona, para reducirla a miedo, cansancio y silencio. El castigo físico, el trabajo forzado y la amenaza permanente de la muerte no buscaban convencer, sino escarmentar. El mensaje era simple y brutal: salirse de la línea se paga con la vida o con algo muy parecido a dejar de vivir. A ese exterminio material se sumó otro, igual de eficaz: la aniquilación moral y judicial del opositor. En el Archipiélago Gulag, Solzhenitsyn muestra que la verdadera impiedad no era solo el trabajo forzado o el hambre, sino la demolición sistemática de la dignidad humana, hasta convertir al individuo en culpa, obediencia y miedo.
La justicia dejó de ser un límite al poder y se convirtió en una de sus herramientas más útiles. Juicios fabricados, confesiones arrancadas, condenas decididas de antemano. No bastaba con encerrar al adversario; había que desacreditarlo, convertirlo en culpable ante la ley y borrar su legitimidad pública. El régimen, además de perseguir cuerpos, perseguía conciencias.
Ese modelo no pertenece únicamente al pasado ni a los manuales de historia. Y es aquí donde el asunto se vuelve verdaderamente delicado. Todas las encuestas en Colombia apuntan a que Iván Cepeda va camino a arrasar en las elecciones presidenciales. Ante ese escenario, cualquier incauto podría preguntarse si su proyecto político es realmente tan cautivador, si acaso tiene un modelo de país deslumbrante que explique por qué tantos colombianos —muchos de ellos críticos de Petro— parecen inclinados a favorecerlo. La respuesta es no. No hay un programa conocido, no hay una propuesta clara, no hay una visión de país expuesta con rigor.
De Cepeda, en esta coyuntura, se sabe sorprendentemente poco. No porque no tenga pasado, sino porque ese pasado ha sido cuidadosamente administrado. No se examina su biografía con la seriedad que exige una candidatura presidencial, no se contrastan sus ideas ni sus métodos. Se le presenta como una figura casi abstracta, desligada de responsabilidades concretas. Ese vacío no es accidental; es funcional. Cuando no se discute lo que alguien ha hecho, tampoco se debate lo que está dispuesto a hacer.
Y hay un elemento que resulta particularmente grave en ese silencio deliberado. Uno de los asuntos que más resienten y más cuestionan hoy los colombianos es el de la seguridad: los niveles de violencia, de inseguridad y de caos que se han disparado en el país. Esa violencia no es espontánea ni inexplicable; tiene un origen político claro en el programa del gobierno de Gustavo Petro llamado «paz total». Lo que parece que nadie quiere entender —o nadie quiere decir— es que uno de los arquitectos, uno de los diseñadores y uno de los gestores de ese modelo de «paz total» es precisamente Iván Cepeda.
¿Cómo es posible que no se le traslade a él ninguna responsabilidad por la hecatombe de seguridad que vive Colombia? ¿Cómo se explica que quien ayudó a diseñar una política que fortaleció a los grupos armados, debilitó la acción del Estado y multiplicó la violencia territorial aparezca hoy como un candidato inmaculado, ajeno a sus consecuencias? Ese silencio no es ingenuo. Es parte del mismo vacío funcional que evita discutir el pasado para no responder por el presente, y mucho menos por lo que puede venir.
Ese vacío no se sostiene solo en la desmemoria colectiva; se refuerza a través de una práctica reiterada. Y ahí aparece, cuando se mira con atención, un rasgo constante de Iván Cepeda: su habilidad para usar la justicia como mecanismo de intimidación política. No mediante el debate ni la confrontación de ideas, sino mediante la advertencia. A todo aquel que ose insinuar, recordar o desempolvar su evidente cercanía con las Farc, le cae encima la amenaza inmediata de llevarlo ante los estrados. Esa misma justicia que tan bien le ha servido para sus propósitos políticos se convierte, una vez más, en instrumento infalible de silenciamiento.
No hay debate, no hay refutación de fondo, no hay explicación política. Hay amenaza. Hay un mensaje claro: ciertos temas no se tocan. Cepeda no aclara su asunto con las Farc; lo judicializa. La estrategia es supremamente eficaz: muchos callan, otros se autocensuran y el tema, que es central para evaluar a un candidato presidencial, queda fuera del debate público. El tono hostil, frío y calculador, la reacción inmediata, la advertencia precisa. Una mirada seca que no busca convencer, sino paralizar. Como el basilisco de la mitología, que con su mirada liquidaba, el «basilisco Iván Cepeda» observa y ordena la fulminación con la apertura de un expediente.
¿Se sabe, por ejemplo, qué plantea Iván Cepeda en materia de seguridad nacional, de salud, educación o política fiscal? No. De él se sabe, en cambio, que es un comunista de manual. Que sus primeras letras las aprendió en la Checoslovaquia comunista, donde estuvo su padre, Manuel Cepeda, reconocido cabecilla del Partido Comunista colombiano. Ese dato biográfico no es anecdótico. Ayuda a entender una formación, una cosmovisión y una manera de concebir el poder y al adversario político.
También se sabe de Iván Cepeda su reiterada costumbre de acudir a la administración de justicia para neutralizar a quien no comulgue con sus ideas. En 2010 se publicó el libro Las perlas uribistas, una compilación de ensayos de reconocidos anturibistas que trabajaron a brazo partido para criminalizar al gobierno de la Seguridad Democrática. Uno de esos colaboradores fue Iván Cepeda. Otro fue Felipe Zuleta, hoy curiosamente aplaudido y difundido por sectores del uribismo que parecen haber perdido la memoria. No: Felipe Zuleta también persiguió durante años, durante décadas, al uribismo, y eso no se borra por conveniencia coyuntural.
El ensayo de Cepeda en ese libro no destaca por su calidad literaria, pero sí por su claridad ideológica. Se titula Los expedientes de la Casa de Nariño, y el nombre lo dice todo. Allí afirma: «Desde mi perspectiva, el cuadro general de ilegalidades presuntamente cometidas por los colaboradores y funcionarios más cercanos al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, durante sus dos periodos de gobierno, muestra la característica propia de la actuación sistemática o, en otras palabras, de una cadena delictiva sofisticada y compleja». Más adelante sentencia: «difícilmente puede encontrarse en la historia republicana de nuestro país un período en el que tantas y tan variadas modalidades de actuación ilegal hayan sido atribuidas a funcionarios gubernamentales», y remacha que esa tipología «afecta los fundamentos y los principios esenciales del modelo constitucional del Estado».
Dicho sin rodeos, para Cepeda el uribismo no es una fuerza política legítima, sino una estructura ilegal. Una «cadena delictiva sofisticada y compleja». Lo llamativo es que ese lenguaje, esa severidad conceptual, jamás se la ha aplicado a las Farc, un grupo auténticamente criminal y terrorista. Esa asimetría no es un descuido; es una decisión política.
Ese texto de 2010 fue un aviso. Allí quedó fijado el libreto. Basta observar lo que le ocurrió al presidente Álvaro Uribe desde entonces hasta hoy. ¿Quién llevó a Uribe a la cárcel? Iván Cepeda. ¿Con fundamento en qué? En testimonios falsos y amañados, provenientes de delincuentes evidentemente inducidos a mentir, como es el caso de Juan Guillermo Monsalve.
La pregunta, entonces, no es retórica: ¿qué se puede esperar de Iván Cepeda como presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Militares, con capacidad para poner al fiscal general de la nación y con manejo presupuestal sobre la Rama Judicial? Aquí no está en juego una simple alternancia en el poder, sino la concepción misma del adversario.
Y, en su estructura de pensamiento estalinista, para Cepeda el adversario no es contradictor, sino enemigo. Bajo esa sucia lógica, la democracia deja de ser un marco de convivencia y se convierte en un campo de persecución, en un gulag.
Ante tanta opacidad, tanto silencio y tanta ceguera cuidadosamente cultivada, estos son apenas algunos de los asuntos que, sobre Iván Cepeda, conviene recordar antes de que sea demasiado tarde.
Publicad: enero 26 de 2026