Uno de los episodios de corrupción privada más escandalosos de la historia reciente de Colombia es el desfalco de la Universidad y el Hospital Metropolitano de Barranquilla, perpetrado por el peligroso delincuente internacional Carlos Jorge Jaller Raad, señalado de liderar el saqueo de más de $150 mil millones de pesos de las arcas de dichas instituciones.
Este portal ha sido el medio que con mayor rigor y persistencia ha documentado este caso, en el que no solo sobresale la desfachatez criminal de Jaller, sino también la participación de su esposa Ivonne Acosta, su sobrino Javier Cuartas Jaller y otros cómplices, entre ellos el empresario Jorge Hernández Cassis. A este entramado delictivo se suma un elemento aún más grave: la conducta complaciente —cuando no abiertamente encubridora— de la Fiscalía General de la Nación, que ha permitido que el clan Jaller continúe burlándose de la justicia.
El desvío de recursos está plenamente probado, así como la ruta mediante la cual Jaller trasladó esos dineros a los Estados Unidos. Las autoridades de ese país ya fueron debidamente informadas y es bien sabido que la legislación federal estadounidense es inflexible frente al uso de su sistema financiero para lavar activos provenientes de la corrupción.
Está igualmente documentado que Jaller llegó al extremo de retirar miles de millones de pesos del ADRES, la entidad estatal encargada de administrar los recursos públicos de la salud transferidos a hospitales privados, mediante cheques girados a su propio nombre. Con esos fondos —también plenamente acreditado— sobornó jueces, fiscales y funcionarios públicos y, de manera particularmente infame, a personas a las que se les dio el encargo de construir una matriz mediática orientada a desacreditar a Luis Fernando Acosta, el ciudadano que tuvo el valor de denunciar las fechorías de Jaller Raad.
Hoy, Jaller y su esposa disfrutan sin el menor pudor de la fortuna mal habida y llevan una vida de lujo en la ciudad de Miami. Contra ambos pesa desde hace cerca de dos años una orden de captura, pero la Fiscalía colombiana no ha hecho el más mínimo esfuerzo por materializarla.
El fiscal asignado al caso, que más que investigar parece dedicado a garantizar la impunidad, se llama Luis Aldrey Pinilla. Se trata de un funcionario reiteradamente cuestionado por altos magistrados de la rama judicial por su costumbre de engavetar procesos. Aún resuenan las severas palabras del expresidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, quien calificó como «raquíticas» las investigaciones adelantadas por Pinilla en casos de corrupción en el sector salud.
«A mí me asombra, y me asombra muchísimo, las muy bajas, raquíticas cifras de la Fiscalía en investigaciones. No hay un solo proceso que esté ni siquiera en etapa de imputación; todos están en estado inactivo o en indagación…», señaló el doctor Reyes, en alusión directa a Pinilla, el mismo fiscal que no ha movido un solo dedo para activar los mecanismos de cooperación judicial con los Estados Unidos y procurar la extradición de Jaller y de su esposa.
Este caso hiede a corrupción judicial en todas sus dimensiones. La fiscal general Luz Adriana Camargo ha sido alimentada con información falsa o incompleta por parte de sus subalternos. Si su compromiso con la justicia es genuino, debería ordenar de inmediato una revisión integral del expediente. Bastaría un examen mínimamente serio para dejar al descubierto las maniobras sucias y la cadena de omisiones que hoy garantizan la impunidad.
@IrreverentesCol
Publicado: enero 14 de 2026