La señal enviada por el gobierno de los Estados Unidos es inequívoca. Washington ha reafirmado una política de tolerancia cero frente al narcotráfico, entendida no solo como persecución penal de organizaciones criminales, sino como una estrategia integral orientada también contra regímenes, funcionarios y estructuras estatales que toleren, faciliten o se beneficien del negocio de las drogas.
El bombardeo a Venezuela con la posterior captura de Maduro y de su mujer, es la evidencia de que el presidente Trump no está especulando ni faroleando. El gobierno americano va en serio.
En el caso colombiano, la relación bilateral comenzó a deteriorarse de manera visible en enero de 2025, cuando Gustavo Petro ordenó impedir el aterrizaje de vuelos estadounidenses que transportaban ciudadanos colombianos deportados. Ese episodio marcó el inicio de una escalada diplomática y evidencióuna ruptura con la tradicional cooperación entre ambos países en materia de seguridad y control del narcotráfico.
Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha cuestionado de forma reiterada la política antidrogas del gobierno de Petro, señalando su ineficacia, la reducción de la erradicación forzada y el crecimiento sostenido de los cultivos ilícitos. Para Washington, estas decisiones no reflejan únicamente una divergencia estratégica, sino una renuncia práctica al combate contra el narcotráfico.
De acuerdo con estimaciones utilizadas por agencias estadounidenses y organismos internacionales, Colombia supera actualmente las 250.000 hectáreas de cultivos de coca, una cifra histórica que ha servido de fundamento para críticas cada vez más severas desde Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido uno de los voceros más duros de esta posición, calificando al gobierno de Petro como un socio poco confiable y políticamente errático en la lucha contra las drogas.
Este deterioro de la relación desembocó en una decisión de alto impacto: la descertificación de Colombia en septiembre de 2025 dentro del mecanismo anual de evaluación antidrogas de los Estados Unidos. Aunque la descertificación no equivale a sanciones financieras automáticas, sí constituye una deslegitimación política profunda y abre la puerta a restricciones en cooperación, asistencia y respaldo internacional.
Un mes después de la descertificación, Petro, su esposa, su hijo Nicolás y el narcoministro Armando Benedetti fueron incluidos en la llamada Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Esa decisión se tradujo en sanciones financieras formales del Departamento del Tesoro.
La combinación de acusaciones públicas, descertificación, presión diplomática y progresivo aislamiento sugiere que Colombia ha pasado de ser un aliado estratégico a convertirse en un socio problemático para Washington. En ese contexto, la figura del presidente Petro se encuentra sometida a un escrutinio internacional creciente, particularmente en un escenario regional en el que Estados Unidos ha demostrado disposición a elevar el costo político de su connivencia con el narcotráfico.
Los acontecimientos recientes en Venezuela, refuerzan ese mensaje disuasivo. Para cualquier gobierno señalado de tolerar o facilitar el narcotráfico, la consigna es inequívoca: la paciencia de Washington se ha agotado.
Publicado: enero 3 de 2026