En junio del año pasado, la magistrada Cristina Lombana adoptó una decisión que pone en evidencia el vínculo corrupto entre Armando Benedetti y el clan dirigido por Euclides Torres, todo para hacerse a un multimillonario botín. Estamos hablando, por supuesto, de dineros públicos.
El documento no juega a los eufemismos. Concluye —en el estándar requerido para abrir la investigación— la «presunta existencia de una organización delincuencial integrada por Armando Alberto Benedetti Villaneda y Euclides Antonio Torres Romero», creada con la finalidad de «favorecer los intereses de este último» a través de la «presentación del Proyecto de Ley 165 de 2010 Senado» que terminó en la Ley 1539 de 2012. «Evidencia el entramado criminal que se habría orquestado desde la génesis de la norma».
La pieza clave del rompecabezas es conocida: el mercado de los certificados de aptitud psicofísica para porte y tenencia de armas. La magistrada Lombana halló un dato que corta la discusión: «de cuarenta y una (41) empresas habilitadas… treinta (30) hacen parte de SIMETRIC S.A.». El rastro societario conecta esa estructura con el círculo de Euclides Torres.
El auto también blinda la competencia: así ya no sea senador, Benedetti no tiene escapatoria. La Corte recuerda que «aun en el evento de cesar en el ejercicio del cargo, la Corte Suprema de Justicia conserva la competencia… siempre que [las conductas] guarden relación con sus funciones» y precisa cuándo existe ese nexo: «La relación del delito con la función pública tiene lugar cuando se realiza por causa del servicio, con ocasión del mismo o en ejercicio de funciones inherentes al cargo…».
El expediente, sobrio y metódico, despeja la niebla con órdenes concretas: «vincular mediante diligencia de indagatoria a Armando Alberto Benedetti Villaneda…»; «informar… el inicio formal de la presente investigación… para el ejercicio del derecho a la defensa»; «comuníquese esta decisión a la Contraloría General de la República». Y cierra sin ambages: «Contra la presente decisión no procede recurso alguno».
Más allá del inventario de actos, hay un hilo conductor: la utilidad pública de la función congresional al servicio de intereses privados, particularmente los del oscuro Euclides Torres, conocido de autos por ser el gran «mecenas» tanto de Benedetti, como del narcopresidente de Colombia Gustavo Petro.
En ese mapa, Euclides Torres aparece como actor de una arquitectura empresarial que toca el Estado por los bordes. La referencia a SIMETRIC S.A. y a la concentración del mercado no es una insinuación: es un dato oficial incorporado al acervo de la causa. Treinta de cuarenta y una empresas habilitadas no es una metáfora; es la fotografía de un dominio.
El resto lo aportan los indicios patrimoniales y la cronología procesal: versiones libres, informes de policía judicial, trazas de relaciones políticas, cruces con autoridades sanitarias militares y electorales. El auto recuenta comparecencias —«se realizó la diligencia de versión libre del exsenador Armando Alberto Benedetti Villaneda»— y suma piezas patrimoniales que, por sí solas, no dicen todo, pero juntas dibujan un patrón.
La investigación concluye que «se pudo establecer que el patrimonio de Benedetti Villaneda reflejó un incremento, inclusive durante el tiempo en el cual se tramitó el proyecto de ley por él presentado». En pocas palabras: Euclides Torres remuneró generosamente la labor del otrora senador.
¿Y qué hizo Benedetti con ese soborno? Comprar «por interpuesta persona, su cónyuge Adelina Guerrero Covo, una casa ubicada en la Urbanización Pradomar del Municipio de Puerto Colombia… por $3.694.000.000 pesos». Para darle un matiz de legalidad al evidente acto de corrupción, el habilidoso Euclides Torres declaró ante la Corte Suprema que esos fondos «salieron de una de sus empresas como un préstamo». Sospechosamente, no existe ninguna prenda ni soporte del acuerdo del que habla el peligroso contratista Torres Romero.
Lo decisivo hoy no es si el país se sorprende —ya no lo hace—, sino si asume lo que el documento muestra con claridad técnica: Benedetti no era un senador, sino un siervo, un esclavo de Euclides Torres con asiento en el Capitolio nacional.
De acuerdo con la investigación, todo indica que el narcoministro del Interior Armando Benedetti Villaneda se valió de su credencial como parlamentario para estructurar y blindar un negocio que le ha permitido ganar miles de millones de Pesos a Euclides Torres.
Como siempre, Benedetti elude responsabilidades. Miente como el bellaco que es. Evade la administración de justicia, compra conciencias y hasta amenaza a quien lo denuncie. Un delincuente por los cuatro costados. Esa es su escuela: desviar, minimizar, esperar.
Euclides Torres es un sujeto oscuro, maniobrero y hábil. Hasta ahora ha logrado pasar desapercibido. Pero su suerte parece haber terminado. Cuando su situación judicial se complique, ya sea en Colombia o en los Estados Unidos, seguramente romperá, no solo su amistad con los narcos Benedetti y Petro, sino su silencio. Y el tiene mucho por contar.
Publicado: octubre 30 de 2025