El proyecto de Asamblea Nacional Constituyente impulsado por Petro no es una reforma inocente ni una expresión legítima de renovación institucional. Es, más bien, una jugada cuidadosamente calculada para alterar las reglas del juego político justo cuando el país se prepara para unas nuevas elecciones. En el fondo, lo que se busca no es modernizar el Estado, sino construir un marco jurídico a la medida del poder actual: una ley habilitante que, disfrazada de voluntad popular, le permita manipular los comicios venideros y consolidar su proyecto político.
Cada vez que un gobernante promueve la modificación de la Constitución en tiempos preelectorales, lo que está en juego no es la estructura jurídica del país, sino la equidad del proceso democrático. Petro pretende presentar la constituyente como un acto de «profundización de la democracia», pero el momento, las formas y la prisa revelan otra intención: rediseñar el tablero político mientras todavía controla las piezas. La iniciativa no busca resolver un vacío institucional, sino garantizar un escenario favorable a su permanencia en el poder y a la continuidad de su proyecto ideológico más allá del período establecido.
El problema no radica únicamente en el contenido de la propuesta, sino en el contexto en que se lanza. Convocar una asamblea constituyente mientras se aproxima la contienda electoral equivale a permitir que quien compite -en este caso su corrupta corriente política- escriba las reglas de la competencia. Ninguna democracia sólida puede sostenerse sobre un proceso en el que el árbitro también sea jugador. Y, en este caso, el poder ejecutivo parece decidido a ejercer ambos roles con el argumento de una supuesta «refundación nacional».
La Constitución de 1991, con todos sus defectos y excesos, al menos ha garantizado un marco de alternancia, división de poderes y control institucional que no puede ser reemplazado por la improvisación de una asamblea elegida al calor de la locura de Petro. Reformar la norma fundamental del Estado no es un capricho técnico ni un acto de romanticismo ideológico: requiere consensos amplios, tiempos prudentes y, sobre todo, una distancia clara entre el poder que impulsa la reforma y los intereses que esta podría favorecer.
En este punto conviene recordar una advertencia que hizo Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de la democracia moderna: «No soy partidario de los cambios frecuentes en las leyes ni en las constituciones». Esa frase, escrita hace más de dos siglos, sigue siendo vigente, porque expresa una verdad elemental: cuando los gobernantes cambian las reglas con demasiada facilidad, las leyes dejan de proteger a los ciudadanos para convertirse en instrumentos del poder.
Lo que está en riesgo no es una Constitución vieja ni una nueva arquitectura institucional: lo que se pone en juego es la independencia de las reglas democráticas. Si el Ejecutivo consigue cambiar la carta política a su conveniencia, las elecciones de 2026 dejarán de ser un ejercicio libre para convertirse en un trámite dentro de un sistema moldeado por el mismo gobierno que busca reelegirse indirectamente.
No se trata de preservar la Constitución del 91 por devoción —pues está lejos de ser perfecta-, sino de impedir que su reemplazo sirva de excusa para concentrar el poder. Una Constitución no debe escribirse al servicio de un proyecto político ni de un hombre en particular. Si el plan constituyente de Petro prospera, lo que Colombia verá no será un avance democrático, sino el debilitamiento de sus instituciones y la manipulación de su futuro político inmediato.
Detener esa iniciativa no es una tarea prioritaria: es una defensa mínima del orden republicano. Porque cuando un gobierno busca cambiar las reglas mientras aún está en juego su permanencia, la historia enseña que lo que se inaugura no es una nueva democracia, sino el principio de su desaparición.
Publicado: octubre 24 de 2025