El caso de Juliana Guerrero sintetiza el envilecimiento institucional del régimen de Gustavo Petro: la burla de la ley, la degradación del mérito y la entronización de la mediocridad. Una mujer sin trayectoria ni credenciales auténticas apareció, de un momento a otro, con un título universitario expedido sin haber presentado el examen Saber Pro, requisito ineludible para cualquier profesional en Colombia. La Fundación Universitaria San José selló un diploma que no tenía sustento legal alguno, como si se tratara de un favor o de un trámite exprés.
Guerrero no es una profesional: es una impostora. Ha sido designada como viceministra de Juventudes, aún sin posesionarse, con la sombra evidente de un título irregular. El hecho no se reduce a un error administrativo: constituye un acto que encaja en el delito de falsedad en documento público. Cualquier Estado que se respete bloquearía de inmediato su nombramiento y pondría a la funcionaria frente a la justicia.
Su ascenso no se explica por méritos académicos ni por experiencia profesional. El único mérito visible parece ser de índole personal y carnal: haberse convertido en pieza íntima del presidente. Ese es el verdadero capital que pesa en el régimen, donde la docilidad y la complacencia privada se imponen sobre la legalidad y el mérito.
Juliana Guerrero es la caricatura de un gobierno que confunde la república con un burdel de poder, donde la falsedad se normaliza, la trampa se institucionaliza y la lujuria se convierte en política de Estado.
Publicado: septiembre 5 de 2025