El país atraviesa una coyuntura peligrosa que exige una advertencia seria. El Pacto Histórico, con toda su maquinaria, ha puesto en marcha una estrategia que a simple vista parece irrelevante: convocar a una consulta en octubre que no define nada de carácter institucional. Sin embargo, lo que se esconde detrás es mucho más grave. Se trata de una demostración de fuerza destinada a construir un capital político de dimensiones inéditas. En un escenario en el que no hay elecciones concurrentes, la meta es exhibir más de dos millones de votos, cifra insólita para un evento de esta naturaleza, pero que para la extrema izquierda se convertirá en el punto de partida de una campaña que pretende desbordar todos los diques de contención democrática.
Conviene detenerse en la maniobra. Al no existir elecciones simultáneas, esa consulta se convierte en un plebiscito exclusivo en favor de un proyecto político que ya ha demostrado desprecio por los contrapesos institucionales. Nadie controla cuánto dinero están gastando, ni se ha reparado en que la ley de garantías aún no estará en vigor para esa época. En ese vacío legal, los grupos criminales y los grandes contratistas del Estado se emplean a fondo en fortalecer a la izquierda con el fin de asegurar cuatro años más de poder; un cuatrienio más de impunidad y de negocios. El cálculo es frío: mostrar músculo, crear la ilusión de un movimiento imparable y empezar desde allí la carrera presidencial con un aire de victoria anticipada. Nadie debería subestimar el poder de un relato construido sobre símbolos de triunfo.
No es la primera vez que se recurre a un artilugio semejante. La historia reciente muestra cómo regímenes populistas han manipulado consultas para legitimar su hegemonía. Hugo Chávez, en Venezuela, utilizó referendos y votaciones extraordinarias para reforzar la idea de que encarnaba la voz única del pueblo, y cada una de esas jornadas fue presentada como una gesta popular, aunque el aparato del Estado jugara a su favor. El dictador venezolano se encargó, como está haciendo Petro, de reducir a la democracia a un escenario de propaganda, donde el resultado está escrito antes de que se deposite el primer voto.
Gustavo Petro conoce bien esas fórmulas. Nadie puede olvidar que es un mago a la hora de escenificar fortaleza. El episodio de Barranquilla en 2021 es ilustrativo: su famoso lanzamiento de campaña sobre una tarima en forma de P fue más que un acto proselitista, fue un banderazo cuidadosamente diseñado para enviar el mensaje de que «el cambio» era inevitable. Aquella imagen, multiplicada hasta el cansancio en redes y noticieros, sirvió como símbolo de arranque de la campaña que finalmente lo llevó al poder en 2022. Petro entiende que las masas no solo votan por programas: votan por sensaciones de fuerza, por la estética de la victoria anticipada.
La oposición, en contraste, se halla atrapada en discusiones menores. Mientras unos debaten reglamentos internos y tamaños de encuestas para designar a su candidato, otros se desgastan en peleas de egos y cálculos personalistas. Esa fragmentación es, precisamente, la que facilita el avance de la izquierda radical. Si en octubre el oficialismo logra el objetivo de exhibir más de dos millones de votos, esa cifra será repetida hasta el cansancio como argumento de legitimidad, y se convertirá en el combustible simbólico de una nueva campaña presidencial. En política, la percepción de triunfo antecede al triunfo real, y quien logra imponerla lleva ventaja en el terreno electoral.
El futuro de la democracia colombiana está en juego. Los próximos comicios no son una contienda cualquiera. Representan la encrucijada entre preservar un sistema de equilibrios o entregarlo definitivamente a quienes ven la institucionalidad como un obstáculo. El Pacto Histórico no oculta su ambición de perpetuarse; por el contrario, la pregona con desparpajo. La consulta de octubre es el ensayo general de una obra cuyo desenlace busca ser irreversible. Con el aparato del Estado a su favor, con recursos abundantes y con la habilidad para manipular emociones, ese sector ya diseñó la primera escena de su campaña presidencial: una victoria simbólica que será presentada como mandato de las mayorías.
Frente a esto, la oposición no puede seguir discutiendo asuntos procedimentales respecto de cómo se va a designar al candidato que enfrente al narcocomunismo. No se trata de ingeniería electoral ni de ajustes cosméticos. Se trata de entender que el país requiere un frente amplio, serio, disciplinado y capaz de transmitir confianza. La división solo favorece a quienes saben explotar la dispersión de sus adversarios. La política, en momentos de crisis, exige renuncias a las vanidades personales y la construcción de una visión común. Si cada «caudillo» opositor prefiere cuidar su parcela, el costo será la entrega del país a un proyecto hegemónico que no vacilará en desmantelar lo que aún queda de institucionalidad.
La advertencia, por lo tanto, es tajante: Colombia está a punto de caer en una trampa política cuidadosamente diseñada. La extrema izquierda pretende que el país confunda movilización con mandato y que el resultado de una votación interna para escoger a su candidato, sea leído como plebiscito de respaldo popular. La historia enseña que cuando la democracia se confía y baja la guardia, el populismo avanza con paso firme. Lo que está en juego no es el resultado de una jornada aislada, sino la antesala de un proceso que puede llevar a la captura definitiva del Estado.
No está de más convertir en premisa de trabajo la recomendación que en algún momento le hizo Thomas Jefferson a Carrington: «El precio de la libertad es la eterna vigilancia».
Publicado: septiembre 3 de 2025