La prescripción es uno de esos conceptos jurídicos que suelen ser caricaturizados por la opinión pública. Se la presenta como un atajo para la impunidad, como si se tratara de una puerta trasera para eludir la justicia. Nada más falso. La prescripción es un derecho que tienen todos los ciudadanos, sin excepción. Se fundamenta en la certeza jurídica: la sociedad no puede mantener indefinidamente la espada de Damocles sobre una persona, sometiéndola a procesos interminables y a acusaciones perpetuas. La justicia, para serlo, debe ser oportuna y finita. De ahí que la prescripción sea un pilar del Estado de Derecho, no un resquicio de leguleyos.
En Colombia, miles de ciudadanos han invocado ese derecho legítimo para cerrar procesos que, por negligencia o por artificio, se prolongaron sin razón. Y nadie podría reprochárselos, porque allí no hay escapatoria tramposa, sino aplicación de un principio básico de la justicia: el tiempo no puede convertirse en verdugo.
Álvaro Uribe Vélez, sin embargo, ha decidido renunciar a ese derecho. Lo ha hecho de manera libre y consciente. Nadie lo obligaba a semejante gesto, y sin embargo lo asumió con la audacia que lo ha caracterizado en toda su vida pública. Cabe recordar que a Uribe, en este proceso, le han violentado todas las garantías procesales: la presunción de inocencia ha sido pisoteada, el debido proceso ha sido reemplazado por un espectáculo mediático, y el equilibrio judicial se ha visto torcido por intereses políticos evidentes.
Ahora, cuando le quedaba la última salvaguarda que ofrece el sistema —la prescripción—, el expresidente ha optado por renunciar a ella. Nadie puede cuestionarlo, porque es un acto soberano. Pero el gesto tiene consecuencias: si el tribunal confirma la sentencia en primera instancia, el margen de maniobra será estrecho, pues fue el propio Uribe quien decidió jugarse el todo por el todo.
Se trata de una decisión que exige grandeza. Uribe no es un ciudadano más, es un dirigente político de estatura mayor. Su vida entera ha estado signada por la confrontación con el terrorismo, por la defensa del Estado y por la controversia sin concesiones. Al renunciar a la prescripción, envía un mensaje inequívoco: no quiere la absolución por el paso del tiempo, sino por la verdad de los hechos. Y esa verdad, tarde o temprano, habrá de resplandecer, porque ningún tribunal puede sepultar indefinidamente lo evidente.
El gesto, por supuesto, tiene una dosis de riesgo. Hay quienes lo leerán como una temeridad. Y, sin embargo, la historia está llena de ejemplos donde las decisiones más audaces han marcado el curso de los pueblos. Goethe escribió alguna vez: «En el momento en que uno se compromete de verdad, también la providencia se pone en movimiento». Uribe ha asumido ese compromiso con su destino y con el de Colombia.
Lo fácil hubiera sido acogerse a la prescripción y en un par de meses cerrar el capítulo. Lo difícil es hacer lo que él ha hecho: renunciar al último resguardo y exigir, de frente, que se esclarezca todo. Puede que ese camino lo deje vulnerable a la injusticia de los tribunales; pero también lo ubica en el lugar en que siempre ha querido estar: el del combatiente que no se esconde, que asume la batalla y que prefiere ser derrotado en campo abierto antes que salvarse por la vía de lo accesorio.
Uribe ha tomado una decisión que divide opiniones, pero que no admite indiferencia. Es el gesto de un hombre que, más allá de los cálculos y de las conveniencias, ha decidido que su nombre quede ligado no a un tecnicismo jurídico, sino a la verdad histórica. Y eso, en un país donde la cobardía se ha vuelto norma y donde tantos se arrodillan ante la presión de la extrema izquierda, tiene un valor inmenso.
En tiempos de decadencia, la audacia es un acto de libertad.
Publicado: agosto 26 de 2025