El fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que devuelve la libertad al presidente Álvaro Uribe Vélez no es un simple trámite judicial: es la constatación de que se cometió una arbitrariedad monumental. Quedó demostrado que al expresidente lo privaron de la libertad sin fundamentos serios, con base en criterios vagos, subjetivos y políticos. Y cuando a un ciudadano se le limita ilegalmente el derecho a la locomoción, ese ciudadano está secuestrado. En consecuencia, lo que ocurrió con Uribe no fue justicia: fue un secuestro judicial.
El Tribunal fue contundente. Afirma que la decisión que motivó la captura «no obedeció a criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, al limitarse a argumentos, en su mayoría genéricos, ambiguos, subjetivos, ajenos a la realidad procesal y/o no probados, en perjuicio de la prerrogativa fundamental de la libertad individual». Estas palabras no dejan espacio para interpretaciones: Uribe fue encarcelado sin razones objetivas.
La tutela también desmonta el abuso del «derecho penal de autor», práctica proscrita en el ordenamiento colombiano, pero que la jueza aplicó contra Uribe. En palabras del fallo: «el sujeto activo solo debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad, ideas ni características». Lo que se le impuso al expresidente no fue un análisis de hechos probados, sino una condena anticipada basada en prejuicios ideológicos y percepciones políticas.
El magistrado fue aún más lejos al señalar que «los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social». En otras palabras, la supuesta «necesidad» de encarcelarlo se construyó sobre arenas movedizas: percepciones y símbolos, no pruebas ni hechos.
El propio fallo concluye que «ese tipo de razonamiento desconoce el principio de igualdad ante la Ley y el criterio de proporcionalidad, al priorizar fines genéricos y simbólicos sobre derechos fundamentales como la restricción de la libertad». Se trató de un atropello directo a la presunción de inocencia, pues la jueza que lo encarceló actuó como si ya existiera una condena ejecutoriada, cuando en realidad no había ninguna.
Uribe no fue privado de la libertad por pruebas sólidas ni por riesgos procesales reales. Fue privado de la libertad por un acto político disfrazado de decisión judicial. Por eso, el fallo de tutela es tan importante: porque devuelve al presidente su libertad y le devuelve a Colombia una lección esencial de Estado de derecho.
Este episodio debe quedar grabado en la memoria nacional: si la justicia puede ser manipulada para encarcelar al presidente que más combatió al terrorismo en Colombia, cualquier ciudadano está en riesgo.
Hoy, con la libertad de Uribe restablecida, lo que corresponde es exigir que nunca más se repita una infamia semejante. La violencia no siempre se ejerce con fusiles: a veces se ejerce con togas. Y frente a ese abuso, la tutela ha cumplido con su deber: restituir la libertad, denunciar la arbitrariedad y recordar que ninguna ideología está por encima de la Constitución.
La conclusión es clara: Álvaro Uribe Vélez fue víctima de un secuestro judicial. Y la tutela que lo libera es, al mismo tiempo, un triunfo de la libertad sobre la persecución, de la verdad sobre la mentira y de la justicia sobre la venganza.
@IrreverentesCol
Publicado: agosto 20 de 2025