El asesinato de Miguel Uribe Turbay ha dejado una herida abierta en Colombia. Fue abatido en un atentado el 7 de junio de 2025 durante un acto político en Bogotá, y murió tras dos meses de agonía y múltiples cirugías por una hemorragia en su sistema nervioso central. Este crimen, evidentemente político, revivió los fantasmas de una época oscura que los colombianos creían superada.
Hay que dejarlo claro desde el principio: Miguel no se cayó de la bicicleta, ni perdió la vida por accidente. Fue asesinado. Punto. Y en un escenario así, la pregunta no es baladí: ¿quién sigue?
Es indispensable señalar al principal responsable político: Gustavo Petro. La afirmación es totalmente válida porque ese sujeto ha convertido la política en un campo donde la violencia es una herramienta. Sus políticas y discursos, abiertos a justificar pactos con actores armados, han desdibujado delimitaciones éticas esenciales. Responsabilizar ahora a Petro no es mera retórica; es observar cómo su virulencia discursiva ha fertilizado el terreno para que la violencia prospere.
Por su parte, Alfredo Saade —jefe de despacho de Petro— banalizó este crimen monstruoso comparándolo con montar bicicleta: «toda actividad tiene un riesgo. Manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse… y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado». Es una declaración que pasó de ser torpe a repugnante: es intolerable imaginar que urgencias de seguridad, de protección, de sacralidad de la vida, se reduzcan a un «riesgo cotidiano» como caerse de una bicicleta. Que le quede claro a Saade: Miguel no se mató. Fue asesinado.
El ambiente para la oposición se vuelve cada vez más hostil. La seguridad de otros precandidatos se ve amenazada, las campañas se estremecen y la sensación de impunidad crece día a día. ¿Cuáles son las garantías de que sigan vivos mañana?
La figura de Miguel Uribe era clara: un senador joven –el que más votos obtuvo en las elecciones de 2022–, precandidato presidencial por el Centro Democrático, con una formidable formación académica, que representaba una voz poderosa de oposición. Su propuesta política era, sin duda ninguna, la antítesis del régimen narcocomunista que preside Petro. Y pagó con su vida por esa condición.
¿Quién sigue? Es la interrogante que queda flotando como amenaza en el aire político colombiano. Si México tiene su «quién sigue» tras el asesinato de Colosio, Colombia puede repetir el guion si no hay responsabilidades claras. No basta con expresiones de condolencias o declaraciones de investigación. El asesinato de Miguel es símbolo de un deterioro político que no puede ignorarse caricaturizarse como un mero «accidente». Su muerte es una advertencia. Si alguien cree que puede perseguir proyectos políticos sin pagar consecuencias, se equivoca. Pero lo más aterrador es que esa amenaza puede no ser implícita.
Petro debe entender que no es suficiente enviar pésames desde la retórica de «un colombiano asesinado es una derrota». Esa frase, hueca si no va acompañada de acciones, no cubre el olor a pólvora política que flota sobre campañas, mítines y debates. La Fiscalía investiga, hay capturas, pero el autor intelectual y los móviles completos siguen sin definirse.
¿Qué mensaje envía este gobierno cuando minimiza un crimen político como si fuese un simple tropiezo? ¿Quién más debe ser «borrado» siguiendo las directrices de Petro? ¿Qué garantías existen para quienes desafían abiertamente al régimen?
No podemos permitir que el miedo sustituya al diálogo, que la violencia política sea aceptada como parte del riesgo cotidiano. El asesinato de Uribe es un crimen que exige justicia contundente, no excusas ni metáforas de moda. Y quien tenga responsabilidad política directa o indirecta en el clima que generó este horror, debe responder.
Si la oposición no actúa inteligente y audazmente, Colombia entera puede estar presenciando el principio del fin de su democracia. ¿Se está a tiempo para parar la oleada de violencia? ¿Volverá Colombia a 1989, cuando los candidatos presidenciales caían como moscas?
Publicado: agosto 13 de 2025