Todavía se oye decir que “nadie sabe cómo se hacen las encuestas” o que “cómo dos mil cuatrocientas personas pueden reflejar lo que piensan 24 millones”. Creen que la estadística es brujería; piensan que el futuro es inescrutable.
Ciertos políticos descalifican las encuestas cuando no les favorecen, pero a su vez les atribuyen poderes sobrenaturales: son un instrumento de “dominación” mental de las masas, dicen, son, como la religión para Marx, el opio del pueblo.
Están muy equivocados los susodichos. La demoscopia, entendida como el estudio de la opinión pública a través de encuestas, es una disciplina científica con métodos sistemáticos, basados en la estadística, para recolectar datos.
Unas senadoras colombianas, que parecen recién llegadas del medioevo, exigen en una ley, que está para firma del presidente Petro, que la demoscopia sea una ciencia “exacta” como la física o que de lo contrario se prohíban las encuestas. ¿Cómo podría ser ciencia exacta el estudio de comportamientos humanos, que son complejos y sujetos a variaciones? En las encuestas siempre habrá un margen de error que se declara en la ficha técnica. La muestra aleatoria, si es representativa y el diseño metodológico es riguroso, permite estimar las opiniones de millones de personas a partir de una muestra pequeña.
La nueva ley persigue las encuestas como si fueran “sustancias prohibidas”. Trae prohibiciones, regulaciones y requisitos técnicos como estos: 1) Si incluyen preguntas sobre intención de voto, solo podrán realizarse y publicarse tres meses antes de la inscripción de candidaturas (para las de 2026, estarán prohibidas hasta el 31 de octubre de 2025). 2) La ley ordena qué ciudades deben incluirse obligatoriamente en el universo a encuestar (¡!) 3) Las encuestadoras, como si fuéramos Venezuela, deberán entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) toda la información relacionada con las bases de datos utilizadas, incluyendo grabaciones y formularios. 4) Se crea una especie de “ministerio de la verdad” para supervisar y auditar las encuestas, evaluar su metodología y verificar el cumplimiento de los requisitos legales. 5) Las encuestas sobre reconocimiento, imagen favorable o notoriedad pública no podrán dejar por fuera de la muestra a candidatos sin “notoriedad pública significativa” o “favorabilidad manifiesta”6) Quienes no acaten esas regulaciones antiliberales enfrentarán sanciones civiles y penales. Es decir, se tipificará el delito de encuestar, algo que ya rige en países como Venezuela y Cuba.
La senadora Clara López, coautora de la ley, declaró que se quiere evitar el uso de las encuestas “como herramienta de manipulación electoral”.
Chile, Estados Unidos y Reino Unido permiten realizar y publicar encuestas sin controles distintos a los que establecen los propios colegios profesionales. Cuba y Venezuela, en cambio, tienen regulaciones y prohibiciones como las que quiere adoptar Colombia. En Chile, por ejemplo, Cadem, una empresa especializada, publica semanalmente encuestas de opinión. Allá nadie se escandaliza si se producen variaciones en el ranking de candidatos, porque eso es de la naturaleza de la democracia. Si revisan la página de Cadem, podrán comprobar cómo, en el último mes, tres candidatos presidenciales distintos han liderado las preferencias electorales: Katz (derecha), Jara (Partido Comunista) y Mattei (centro). Nadie acuse a Cadem de manipular a los electores.
Puede que una encuesta aumente la autoestima del candidato que la encabece, pero si no está a la altura, perderá en las urnas. Si las encuestas para las elecciones presidenciales de 2018 en Colombia hubieran manipulado a los electores, el presidente habría sido Fajardo y no Duque. Veamos la encuesta Guarumo de septiembre de 2017: 1) Fajardo: 18,20%; 2) Petro: 12,15%; 3) Vargas Lleras: 8,10%; 4) Duque: 8,10%; 5) Clara López: 4,5%.
¿Las autoras de la “ley antiencuestas” se inspiraron en Luis Pérez, protagonista de la campaña para la Gobernación de Antioquia en 2023? Pérez lideró en la mayoría de las encuestas hasta el último día de campaña, pero perdió en las urnas ante Andrés Julián Rendón. Durante la campaña, Pérez se jactaba de ser imbatible. Sin embargo, cuando una encuesta de Atlas Intel pronosticó el triunfo de Rendón, Pérez tildó a Atlas y a quienes publicaron la encuesta de manipuladores. La alucinación de Pérez llegó a tal punto que demandó la nulidad de la elección de Rendón ante el Consejo de Estado, alegando “violencia psicológica” y “fraude al sufragante”. El Consejo de Estado desestimó la demanda.
Ojalá el presidente Petro no sancionara esa ley tan claramente contraria al ejercio de los derechos fundamentales y que siendo estatutaria fue tramitada como ley ordinaria. Dejar a los partidos, medios de comunicación y ciudadanos sin encuestas en un año electoral es como obligar a los pilotos a volar sin radar o a los navegantes a orientarse sin brújula.
A veces, no hay mal que por bien no venga. Esta ley, propia de la estulticia y la ignorancia, podría impulsar a las encuestadoras colombianas a adoptar metodologías de vanguardia, como la RDA (reclutamiento digital aleatorio) que utiliza algoritmos para seleccionar muestras representativas basadas en datos demográficos (ubicación geográfica, sexo, edad, situación económica, etcétera) obtenidos a través de plataformas digitales, con resultados altamente confiables, como lo demostró la elección de Andrés Julián Rendón en Antioquia.
En cuanto a que se quiera prohibir la publicación de encuestas en Colombia, no es cosa realista. ¿O, acaso, las senadoras no se han enterado que las redes sociales no tienen patria ni fronteras?