Un país sin justicia es un país sin esperanza, AGH
La verdad es que la democracia colombiana está en crisis porque la revolución permanente del socialismo carnívoro del siglo XXI en sus diferentes formas de lucha nos ha llevado a un lugar irreversible donde las concesiones judiciales se ofrecen a los victimarios y no a las víctimas quienes sufren los embates crueles y despiadados como fueron las FARC, en su momento, y ahora sus disidencias junto con el ELN quien mantiene secuestrados a dos funcionarios de la fiscalía general de la nación ante el silencio cómplice de la misma señora fiscal y de los señores Lafaurie y Valencia Cossio, pertenecientes al centro democrático, quienes por jugar políticamente correctos con el desgobierno amoral, déspota y corrupto del Petro caos nada que renuncian a la mesa de negociación con el ELN un grupo terrorista sangriento y demencial conformado desde hace más de 60 años cuya única mentalidad ha sido la de producir dolor y daño a Colombia a tal punto que la semana pasada colocaron un burro bomba en Valdivia, Antioquia, dejando un soldado muerto y nadie dice nada.
Como bien lo mencionó el Dr. Álvaro Gómez Hurtado pareciera que hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estar pasando al bando de los criminales. Mejor dicho, se pasó al bando de los criminales.
Lo anterior, está ocurriendo con lo que se conoce como la Justicia Especial para la Paz, JEP, engendro judicial creado dentro del acuerdo de paz con las Farc y el desgobierno amoral del señor Juan Manuel Santos con su banda de muñecos ventrílocuos como lo fue y lo es el inefable candidato a la presidencia exsenador Roy Barreras quien nunca nos entregó una explicación seria con respecto al maletín encontrado en el loby del hotel Opera en Bogotá.
Recordemos que la paz de JMS con las Farc fue derrotada en un referéndum entre el si y el no. Ganó el no y por eso estamos, como estamos.
Con respecto a la JEP y el macro caso de las Farc ahora con la coletilla del caso de AGH, resulta sucede y acontece que diez años después, diez años, las Farc reconocen el reclutamiento forzado de niños y niñas durante el conflicto armado, pero no los casos de violación.
Debería darles vergüenza a los señores magistrados, as, de la JEP quienes durante diez años han vivido de la teta del estado a razón de $70.000 millones/año, para llegar a semejante conclusión.
También, debería darles vergüenza a los señores de las Farc quienes al igual que el señor Petro y el m19 podrían ser más agradecidos con el noble pueblo colombiano quien a pesar de aceptar a regañadientes la firma de dicho acuerdo no asumen su responsabilidad por las violaciones.
Así, o más cinismo.
Más debería darles vergüenza a los señores de la JEP asumir el caso de AGH un micro caso dentro del macro caso número 10 de las FARC con el agravante que no le permitirán a la familia de Gómez Hurtado mostrar las pruebas del porqué no fueron las FARC los autores intelectuales de dicho magnicidio.
Entonces, yo me pregunto como un ciudadano de a pie, a la manera de desahogo terapéutico: ¿cuál es el interés del estado colombiano para que treinta años después su vil asesinato al frente de su universidad Sergio Arboleda quede impune?
¡Treinta años pidiendo justicia!, ¡treinta!, para que la JEP salga con estas treinta años después.
Puntilla: ¡Debería darles vergüenza!