A Luis Carlos Restrepo lo quisieron destruir. Lo acusaron de ladrón, de farsante, de haber montado una desmovilización ficticia para apropiarse de dineros públicos. Lo exiliaron, lo convirtieron en blanco de escarnio mediático, y durante años cargó con la cruz de una infamia judicial diseñada desde el odio y la revancha ideológica. Hoy, la justicia ha hablado alto y claro: Restrepo es inocente.
La sentencia proferida el 16 de mayo de 2025 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá no deja lugar a dudas. La juez, con absoluta contundencia, derrumbó una por una las patéticas acusaciones de la Fiscalía, y explicó por qué jamás debió haberse abierto proceso penal alguno contra el excomisionado de paz.
El eje central de la acusación era el supuesto delito de peculado por apropiación. Pero como lo dice la propia sentencia:
«No se acreditó que Luis Carlos Restrepo Ramírez tuviera administración, tenencia, o disposición funcional de recursos públicos. La Fiscalía no demostró ni siquiera indirectamente que hubiese intervenido en la disposición o destinación de los dineros del Programa de Paz».
Más claro, imposible. El delito exige control funcional de los recursos, y Restrepo —como lo explicó la juez— no tenía ni competencias presupuestales ni poder de ejecución financiera. Su papel, como Alto Comisionado, era de coordinación política y de representación institucional. Nunca manejó un peso.
La acusación fue, en palabras de la sentencia, «jurídicamente inviable». No sólo porque no se acreditó la existencia de una apropiación, sino porque ni siquiera existió perjuicio patrimonial alguno. La misma juez lo dice:
«No hubo prueba alguna de que el Estado haya sido despojado de recursos por cuenta de la desmovilización. No se acreditó daño patrimonial, ni beneficio indebido, ni el desvío de fondos».
Es decir, no hay delito sin daño. No hay delito sin dolo. No hay delito sin apropiación. Y aquí no hubo nada.
La Fiscalía por orden de la prevaricadora Viviane Morales de Lucio, sin embargo, se empecinó en construir un caso con base en una ficción narrativa. Afirmaron que la desmovilización del “Cacica la Gaitana” fue una farsa. Que Restrepo se prestó para montar un espectáculo mediático con delincuentes comunes, y que detrás de todo había un plan corrupto. Lo sostuvieron durante años los fiscales que sucedieron a Morales en el cargo. Lo repitieron hasta el cansancio. Pero cuando llegó la hora de probarlo en juicio, se quedaron sin nada.
Lo dice la juez:
«No se probó que los supuestos desmovilizados fueran delincuentes comunes contratados para simular una entrega de armas. No se acreditó que existiera un acuerdo fraudulento entre Restrepo y terceros para simular el acto. No se demostró que los dineros públicos se hubiesen destinado a fines distintos a los previstos legalmente».
Peor aún: durante el juicio oral, la propia Fiscalía reconoció la precariedad de sus pruebas y solicitó la absolución. ¡Ellos mismos! El organismo que lo acusó durante más de catorce años terminó por admitir que no tenía cómo sostener la infamia. Una rendición vergonzosa disfrazada de sensatez tardía.
La juez lo registró con elegante ironía:
«La Fiscalía, tras la práctica de las pruebas, concluyó que no se demostró la hipótesis acusatoria, y compartió la solicitud de absolución formulada por la defensa».
Una fiscalía que no sabe acusar. Que no sabe probar. Que no distingue entre responsabilidad política y responsabilidad penal. Que destruye vidas con base en titulares, no en pruebas.
Luis Carlos Restrepo fue un servidor público ejemplar. Un intelectual de convicciones firmes. Un hombre que, al frente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, logró la desmovilización de decenas de miles de delincuentes, y abrió un camino de reintegración antes de que la “paz” se convirtiera en un negocio electoral.
Esta persecución fue un crimen moral. Le arrebataron años de vida. Le negaron el derecho a ejercer su ciudadanía. Lo condenaron sin juicio y lo exiliaron por atreverse a cumplir sus funciones sin rendirse ante los intereses de la extrema izquierda colombiana.
Pero la verdad prevaleció. La sentencia no es sólo un triunfo judicial. Es una reivindicación histórica. Una bofetada a los operadores judiciales del rencor y a los fiscales sin decencia.
Luis Carlos Restrepo nunca debió ser acusado, porque nunca fue culpable. Lo suyo no fue delito: fue servicio. Fue patria. Fue honor.
Publicado: mayo 20 de 2025