Lo que debió haber sido la celebración cívica del Día Internacional del Trabajo, degradó en un convite político pagado con el erario, de obligatoria asistencia para muchos empleados públicos, y mayoritariamente fletado.
Si bien, a la concentración concurrieron cientos de ciudadanos desinformados, ingenuos e incautos, que aún le siguen creyendo a Petro, pobre, muy pobre hubiera sido la asistencia, si el Gobierno no hubiera remunerado a algunos indígenas que -faltando a su honor y dignidad- se han acostumbrado a plegarse al mejor postor.
Las dislocadas y vulgares prédicas que Petro pronunció, no merecen comentario alguno, salvo, cuando irrespetó y amenazó a los senadores con ser “revocados por el pueblo”, de no votar su inconstitucional convocatoria a la Consulta Popular; así, como cuando agitó la bandera de “guerra a muerte”, con lo que contradijo su usada y ajada retórica de “potencia mundial de la vida”.
Si bien la Consulta Popular, junto con el Plebiscito, el Referendo, la Revocatoria del Mandato y el Cabildo Abierto, entre otros, son mecanismos de participación ciudadana, que fueron consagrados en la Constitución del 1991 para hacer más viva, activa y participativa la democracia colombiana, estos mecanismos, no fueron creado para burlar las instituciones republicanas, desconocer el orden constitucional, controvertir las decisiones de las autoridades y, menos, para subvertir el orden público y exhortar a la población a sedición o asonada. Y esto, es lo que Petro pretende hacer, al intentar convocar a una Consulta, en clara retaliación contra el Congreso de la República por no haberle aprobado sus destructivas y regresivas reformas.
No siendo pocas las amenazas de Petro al Senado, en acto propio de populista perturbado y energúmeno anarquista, y con ínfulas de pretor, volvió a incitar a la población a que se tome las calles y plazas, para manifestar su -supuesto- rechazo al Congreso, por no aprobar de manera obsecuente y servil sus obtusas iniciativas. La temeridad mesiánica de Petro es superlativa, y su desprecio por la Democracia y el Estado de Derecho, insuperable.
Al parecer Petro, y la horda de ineptos e incapaces que lo secundan, olvidan que, si bien el ejecutivo puede convocar a Consulta Popular, su decisión debe estar legalmente fundamentada, y su procedencia y conveniencia debidamente sustentadas, para evitar que el gobernante apele a este mecanismo de manera discrecional o abusiva, cuando alguna autoridad contravenga sus deseos.
Y en efecto, y tal y como se esperaba, el documento en el que Petro intenta fundamentar la convocatoria a la Consulta, adolece de sustento, y no es más que una respuesta reaccionaria y contestaria por el archivo de su enrevesada reforma laboral, la que solo hubiera resultado útil para aumentar el desempleo, la informalidad, la contracción del mercado y la inflación.
Al parecer, Petro y sus corifeos también olvidaron que, una Consulta Popular no puede estar referida a normas o asuntos jurídicos, y que en ella tan solo se permite la manifestación afirmativa o negativa de la población, sobre temas trascendentales de interés nacional, sin que las preguntas puedan ser contentivas de prescripciones legales o referidas a política económica, financiera y crediticia, y menos, formuladas de manera sugestiva o conclusiva que induzcan a una respuesta esperada.
La lectura leal y legal de las preguntas, permite razonablemente concluir que, casi la totalidad de ellas, aparte de estar mal formuladas o contener aspectos ya reglados en la ley, desnaturalizan y desvirtúan la Consulta.
En efecto, es muy poco probable que Petro salga adelante en su aventura, en razón a que la celebración de la Consulta está supeditada a que el Senado -que Petro pretende saltar y mancillar- emita concepto favorable sobre su conveniencia, tal y como se establece en el literal b) del artículo 31 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015:
“ARTÍCULO 31. REQUISITOS ESPECIALES PREVIOS AL TRÁMITE. Antes de iniciar el trámite ante corporaciones públicas de cada mecanismo de participación ciudadana se requiere.
b.) Para la Consulta popular nacional. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional. (…)”
Lo anterior pone de presente que, de no emitir concepto favorable del Senado, como es de esperarse, dadas las falsas motivaciones de Petro para convocar la Consulta, su intentona terminará reducida a una nueva maniobra desleal y engañosa, enfilada a transgredir el ordenamiento constitucional y hacer de manera abusiva proselitismo político a costa del erario.
Ahora, en el muy improbable evento, en que el Senado fuera complaciente con el despropósito de Petro, y emitiera concepto favorable sobre la convocatoria, para que el resultado de la Consulta sea vinculante, se necesitaría que 1/3 Tercio del censo electoral (40.963.370) concurriera a las urnas, lo que equivale a 13.650.456, y de esta cifra, que se obtuviera una mayoría de 6.827.229 de votos afirmativos en cada pregunta, cifras muy difícil de alcanzar, dada la clara, mayoritaria y comprobada reprobación y condena al gobierno Petro, y más a sus reformas.
Ahora, desde el punto de vista fiscal y financiero, y de acuerdo a proyecciones conservadoras, el costo que tendría este desvarío sería de 557 Mil Millones de Pesos, sin contar las sumas que Petro abusivamente gastaría para persuadir el voto afirmativo, como tampoco, lo que le costaría al Consejo Nacional Electoral intervenir en la Consulta dada su condición de suprema autoridad electoral.
No es comprensible ni aceptable que en una nación con tantas y tan sentidas urgencias y necesidades en todos los órdenes, en especial, en materia de salud, educación, seguridad y energía, se vaya a dilapidar cerca de Un Billón de Pesos para complacer el capricho de un remedo de gobernante.
Por legalidad, procedencia y conveniencia, y en señal de respeto al orden constitucional, el Senado de la República, como legítimo representante e intérprete del querer y la voluntad mayoritaria de la nación, debe emitir concepto desfavorable a la convocatoria de la Consulta, por ser absolutamente ociosa, perniciosa y onerosa, y por no ser nada distinto a un acto de retaliación y provocación.
Deben quedar notificados, Gustavo Petro, el ministro de Defensa Nacional, el comandante de las Fuerzas Militares y el director de la Policía Nacional, que serán los responsables de prevenir y neutralizar los desmanes y daños que se puedan causar, de no emitir el Senado concepto favorable.
La nación debe rodear el Senado de la República para que actúe en favor y defensa de la democracia, así como rechazar su intimidación ya anunciada por Petro, lo que podría devenir en sedición o asonada, o en una nueva alzada criminal.
La nación, el Senado y de ser necesario, la Corte Constitucional, no pueden permitir que la Consulta Popular se convierta en un mecanismo para desconocer el ordenamiento constitucional, burlar las instituciones republicanas, controvertir las decisiones de las autoridades, y menos, para subvertir el orden público y malversar tan cuantiosos recursos.
¡No rotundo a la Consulta Popular!
El Senado de la República tiene la palabra.
Colofón: Todo mi reconocimiento con la senadora María Fernanda Cabal Molina, por su firme y valiente publicación en las redes sociales:
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.