Es momento de que la Procuraduría solicite la absolución perentoria del expresidente Uribe, tal como lo establece el artículo 442 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
Esa herramienta permite interrumpir una fase procesal cuando se evidencia una clara atipicidad de la conducta investigada, algo que, según hemos podido comprobar los colombianos a través de la transmisión en directo del juicio, es evidente en este caso. De las declaraciones de los testigos de cargo se desprende que las acusaciones carecen de sustento sólido. El proceso, entonces, debería ser archivado mediante esa figura para evitar que continúe una persecución injusta contra el jefe de la oposición política en Colombia.
El proceso se ha convertido en un mecanismo de guerra jurídica impulsado por sectores de izquierda para enfrentar a Uribe, quien, desde su etapa como gobernador de Antioquia, se convirtió en su principal adversario y en un muro de contención contra el Socialismo del Siglo XXI en América Latina.
En el caso de Uribe, no se observa un ejercicio de justicia imparcial ni una búsqueda genuina de la verdad, sino un escenario dominado por intereses políticos y deseos de venganza.
Una acusación inicial del expresidente Uribe contra el senador Cepeda, conocido por su cercanía con las FARC, se transformó —mediante maniobras cuestionables como la interceptación ilegal del teléfono de Uribe y la obtención de testimonios falsos— en una acusación de fraude procesal y manipulación de testigos contra el propio Uribe. Un magistrado, señalado de prevaricación, distorsionó los hechos, alteró la función del sistema judicial y lo convirtió en un instrumento al servicio de la agenda particular del senador cercano a las FARC.
El pasado lunes, un nuevo episodio dejó en evidencia la falta de seriedad en este proceso. La fiscal del caso fue sorprendida en un momento de “recocha y camaradería” con el senador amigo de las FARC, compartiendo chanzas y bromas que reflejan una actitud más propia de verdugos festivos que de agentes serios de la justicia. El incidente, conocido gracias a un micrófono abierto, reafirmó la parcialidad y la falta de profesionalismo con que algunos funcionarios judiciales han actuado en este caso.
Este no fue un hecho aislado: la juez del caso también fue recusada por actitudes y comportamientos similares. Por ello, una sanción severa contra la fiscal, por su irresponsabilidad y parcialidad, podría convertirse en un ejemplo histórico que contribuya a que el poder judicial recupere su imagen como bastión de neutralidad.
Uribe, como jefe de la oposición en Colombia, enfrenta un juicio que parece ser una estrategia deliberada para distraerlo de sus responsabilidades y evitar que recorra el país organizando lo que podría ser un triunfo electoral en las elecciones de 2026. Mantenerlo atrapado en un proceso judicial lleno de irregularidades parece ser el objetivo de quienes buscan limitar su capacidad de movilización y liderazgo.