Habida consideración de que la mente controla el cuerpo, al Senado le corresponde dilucidar si los desequilibrios mentales que exhibe el que nos desgobierna podrían ser determinantes de una incapacidad física permanente que le impida permanecer en el cargo, según lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución.
Son de conocimiento público los conceptos de psiquiatras acreditados que aluden a rasgos psicóticos que evidencia el comportamiento del actual inquilino de la Casa de Nariño.
Para la muestra, los graznidos descocados que emitió el reciente domingo y la desvergüenza con que los defendió ayer lunes, lo que da muestra de una alarmante atonía moral.
En otras ocasiones me he referido a que es un individuo que frecuentemente incurre en actos que en un país decente podrían considerarse como constitutivos de indignidad por mala conducta en el ejercicio del cargo que ostenta, lo cual, según el artículo 175-2 de la Constitución Política, podría dar pie para su destitución.
Al Congreso, según el artículo 114 de la Constitución Política le compete ejercer control político sobre el Gobierno y la administración. Por consiguiente, el mal comportamiento del titular del Poder Ejecutivo debería ser asunto de interés prevalente de parte de los congresistas, que son los llamados en primer término a controlarlo.
Un principio básico de nuestra ordenación política es el del gobierno controlado y responsable.
Me permito hacer al respecto algunas consideraciones sobre el modus operandi del gobierno vía X, antes Twitter, que nuestro gárrulo mandatario ha dado en ejercer sin tino ni medida.
Un principio fundamental del Derecho Público consagra el formalismo tanto en la acción gubernamental como en la administrativa. Ese formalismo indica que las decisiones en dichas esferas ante todo consten por escrito que debe ceñirse a cierto rigor, trátese bien sea de decretos, resoluciones órdenes, instrucciones, conceptos, etc., que es menester que vengan respaldados por las firmas de quienes los emiten.
El artículo 115 de la Constitución Política ordena, como regla general, que los actos presidenciales sólo tendrán valor y fuerza cuando sean suscritos y comunicados por el ministro del ramo respectivo o el director del departamento administrativo correspondiente, quienes por el mismo hecho se hacen responsables.
El titular del poder ejecutivo sólo puede obrar sin dicha exigencia cuando se trate del nombramiento o la remoción de ministros o o directores de departamentos administrativos, o de actos que expida en calidad de Jefe del Estado o de suprema autoridad administrativa.
Bien se ve que ello es excepcional y debe interpretarse de modo restrictivo.
Sería interesante que el Consejo de Estado examinase si la orden dada vía X para impedir el aterrizaje de aviones que transportaban nacionales colombianos que venían de regreso al país podía impartirse por fuera de toda formalidad y sin suscribirse y comunicarse por el ministro o director de departamento administrativo competente para ello.
La dialéctica que invoca el que nos desgobierna para actuar por medio de su teléfono celular no sólo revela ignorancia supina de ese recurso filosófico, sino de la normatividad que lo rige. Al fin y al cabo, poco cabe esperar de quien se formó precisamente desafiando el ordenamiento fundamental del país y se declara libertario contumaz.
No sobra observar que toda manifestación de voluntad, sea gubernamental o meramente administrativa, implica precisamente que se trate de voluntad libre de vicios y reflexiva. Debe, por consiguiente, examinarse si la orden de marras se expidió en estado de lucidez o, por el contrario, según se cree, en medio de un clima emocional dominado por la ingesta de alcohol o sustancias psicoactivas.
Los efectos, afortunadamente conjurados, de tamaño despropósito podrían haber sido catastróficos para el país si no hubieran sido objeto de atenta consideración de parte de funcionarios que merecen aplauso por la diligencia y el tino con que procedieron a enmendar el despiporre que en mala ora suscitó su superior.
Conviene agregar que las relaciones internacionales se desarrollan en medio de protocolos estrictos establecidos bien sea por la práctica o los tratados. El graznido con que el guache que nos desgobierna se dirigió al presidente Trump a las cuatro de la tarde del domingo pasado es de una ordinariez y tontería que para nada mejora nuestra imagen ante el mundo civilizado. Ha hecho bien el gobierno norteamericano en ignorarlo, pero es seguro que no lo olvidará.