Mientras la ciudadanía busca cada día más libertades en lo económico y en lo social, el Estado hace todo lo contrario, se agranda, se vuelve ineficiente, hace más leyes, pone más restricciones y cobra más impuestos. Todo lo anterior conlleva a la ciudadanía a defenderse y a sobrevivir actuando muchas veces por fuera de la ley.
Existen tantos requisitos y es tan oneroso para una emprendedor o microempresario ser legal, crear una empresa, inscribirse en la Cámara de Comercio, pagar parafiscales, industria y comercio, etc., que se queda en la informalidad la cual es hoy en Colombia más del 50% de la economía. Toda esa cantidad de personas trabajan el día a día, no cotizan a pensión y no pagan salud. Los legales terminan pagando los platos rotos de esto, pues tienen que subsidiar a los informales. Esto es un círculo vicioso de nunca terminar. Hasta que no se bajen los parámetros y los costos para que la informalidad se formalice, seguiremos igual.
La minería es otro ejemplo de cómo el Estado hace todo lo contrario a lo que debe hacer. Unas restricciones ambientales tan sumamente absurdas han hecho que la minería legal, que puede ser vigilada, que paga impuestos, que da empleo formal, que tiene tecnología para cuidar y respetar el medio ambiente, que paga multas si incumple, la sacaron de esos territorios. A cambio de eso, llegó la minería ilegal, la de los grupos armados fuera de la ley, los que no piden permiso, los que no pagan impuestos, los que contaminan diez veces más que los ilegales. Mientras el subsuelo posea riqueza siempre existirá quién trate de explotarla. Por eso se deben crear las condiciones para la legalidad.
Los vendedores ambulantes que se han venido tomando las grandes ciudades de Colombia son otro ejemplo de ilegalidad. Entiendo lo del derecho al trabajo de todos los ciudadanos. El problema es que este derecho no puede sobrepasar o pisar el derecho de quienes trabajan en la legalidad. Para el legal es imposible competir con el ilegal en términos de costos: paga arriendo, paga impuestos, paga parafiscales, tiene vigilancia del Estado y paga servicios públicos, mientras el vendedor ambulante se hace enfrente a su local, vende un producto parecido sin ninguno de estos costos.
La ciudad de Bogotá es tan sumamente ineficiente en el manejo de la movilidad y del transporte público que hace que la ilegalidad impere en muchísimos sectores de la capital. La ciudadanía tiene que movilizarse para ir al trabajo y existen barrios en donde el servicio de transporte es demasiado malo, o no hay rutas, o, si las hay, no son suficientes. Entonces hay mafias de taxistas que hacen ese oficio, operan lo que se llama el servicio colectivo que está prohibido, existe una demanda insatisfecha que la ciudad no ha podido suplir, mientras tanto la Secretaría de Movilidad pone más bolardos para restringir las vías y más cámaras para robar a la ciudadanía. En muchísimos barrios de Bogotá el transporte ilegal es el que funciona, la autoridad lo sabe y no hace nada para remediarlo.
Existen muchos más casos y temas iguales donde la ilegalidad termina siendo fomentada por un Estado lejano y alcabalero, alejado de la realidad de sus ciudadanos.