Lo había dicho en 1.979 el expresidente Julio Cesar Turbay Ayala, presagiando la gran debacle que se avecinaba: “tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Uno no puede imaginarse que exista algo de tolerancia con respecto a la corrupción, y que si la proporción es de verdad justa debería ser cero.
Ya venía el Estado teniendo sus grandes falencias para su control, pero el punto de quiebre se da cuando el expresidente Ernesto Samper Pizano, permite que su campaña presidencial en 1.993, sea financiada por el narcotráfico. Y al comprobarse que esto podía ser cierto fue llevado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes donde fue absuelto cuando debió ser encontrado culpable por el gran cumulo de pruebas en su contra, y ser inmediatamente destituido. Aunque los Representantes a la Cámara, que lo investigaban y acusaban no fueran jueces actuaban como tal. Allí en ese momento se inicia la gran debacle, el enorme desbarajuste en que se encuentra la nación.
La que se inicia al perdonar al expresidente quien había permitido lo que no se podía permitir, no solo violando los topes de dineros usados en su campaña sino que fuera dinero de narcotraficantes poderosos. De allí en adelante, casi como una cultura, las decisiones de los jueces fueron permeadas por esa especie de perdón comprado que llevaría al poder judicial a ser el único culpable de la enorme crisis que vive hoy el país. Hemos tenidos desde la década de los noventa; buenos, regulares y malos presidentes, con aciertos y desaciertos en favor o no de la calidad de vida de los colombianos, pero la crisis se genera a partir de la debilidad de nuestras instituciones judiciales y su politización. La justicia de volvió relativa, y se ha usado como una forma de lucha política y en muchísimos casos cómo instrumento de extorsión. La Fiscalía por ejemplo se ha convertido en un arma política que usa el presidente de turno para su beneficio. Lo vemos en el caso del expresidente Uribe a quien llevan acusando mucho tiempo sin que realmente se encuentren las pruebas que lo culpen. Y si llegase aparecer soy el primero que apoyaría a que sea juzgado.
Son muchísimos los casos de corrupción, los que generalmente atentan contra el presupuesto nacional. Casos con contundentes pruebas de culpabilidad, como en el caso del hijo de presidente, Nicolás Petro, donde la fiscalía se ha hace la de la vista corta. Pero para darle aún más aliento al punto de quiebre a la justicia, aparece la vergonzosa “casa por cárcel “en 1991, medida que generalmente es violada. Y para poner la crema sobre el ponqué llega la JEP, un instrumento que genera gran descontento por la enorme dosis de impunidad que tiene a crímenes de lesa humanidad cometidos por los guerrilleros de la Farc. El tema da para varios artículos, los que vendrán en cualquier momento.
Publicado: septiembre 18 de 2024