A pesar del evidente interés de la fiscal Camargo de echarle tierrita a la investigación de la UNGRD, procurando desviar el curso de la misma para que los determinadores del monumental saqueo queden impunes, la magnitud del caso hará imposible que los ministros y altos funcionarios del régimen socialcomunista involucrados puedan pasar de largo, sin responder ante la administración de justicia.
Lo que hasta ahora se conoce, que es suficientemente asqueroso, es la punta de un gigantesco iceberg. La operación criminal, como está ampliamente documentado, fue estructurada en la Casa de Nariño, y en esa planificación participaron, además de la exconsejera Sandra Ortiz y del peligroso Carlos Ramón González, los ministros de Interior, Salud y Hacienda. Quizás hay más integrantes del gabinete metidos en ese sancocho de corrupción.
Algunos medios de comunicación han intentado blanquear a los hampones Olmedo López y Sneyder Pinilla, mostrándolos como unos arrepentidos dispuestos a todo en aras de reparar el daño que le causaron a la sociedad colombiana.
Hay que repetirlo hasta la saciedad: si López y Pinilla cantan como un par de canarios, es porque fueron agarrados con las manos en la masa. Están, en el marco del modelo de justicia transaccional que impera en Colombia, buscando la menor sanción posible.
Pero sus delaciones no han sido del todo transparentes. Es motivo de sospecha que su representante judicial sea un truhan aún más peligroso que ellos, como es el caso del peón del cartel de la toga, Luis Gustavo Moreno.
Valga refrescar la memoria respecto del proceder de Moreno cuando fue capturado y extraditado a los Estados Unidos. Su colaboración con la justicia no fue completa ni mucho menos transparente. Guardó mucha información. ¿Por qué lo hizo? ¿Recibió estímulos crematísticos para callar verdades y obviar nombres? En el caso de ese maleante, hay que aplicar la antigua fórmula de pensar mal para acertar.
La atonía moral que padece Colombia se ve reflejada en el hecho de que el bribón Gustavo Moreno -máximo corruptor de la administración de justicia- pueda ejercer la profesión de abogado.
Que nadie se sorprenda si el proceso de la UNGRD es una reedición de lo que se vio con ocasión de la compraventa de decisiones judiciales en la corte suprema, durante los años oscuros de Leónidas Bustos, Gustavo Malo y otros miserables que, valiéndose de sus altas posiciones en la rama judicial, prostituyeron a la administración de justicia con la intermediación del hampón Luis Gustavo Moreno.
Publicado: septiembre 11 de 2024