La lista de escándalos y de actos de corrupción en los que ha estado involucrado el delincuente Armando Benedetti es interminable.
Estructuró y lideró el saqueo del dinero de la salud de los profesores del departamento de Córdoba. Cuando el principal testigo de la trama se dirigía a la fiscalía con el propósito de declarar y entregar pruebas contundentes, este fue estrangulado y enterrado en una fosa común.
Benedetti también hizo parte del grupo de congresistas que allanaron el terreno para que la empresa Odebrecht pudiera hacer sus fechorías en Colombia.
Ordenó perseguir y chuzar al exfiscal general Néstor Humberto Martínez, a su esposa y al abogado Jaime Lombana.
Participó en el saqueo de Fonade, y también obtuvo un apartamento que fue de un mafioso y que estaba en poder de la dirección de estupefacientes. Para esa transacción acudió a los servicios de un testaferro, que hasta el sol de hoy no ha podido justificar el origen de los fondos utilizados para la compra del inmueble.
Una de sus últimas “hazañas” fue la adquisición de una lujosa mansión en el exclusivo sector de Puerto Colombia, propiedad que pagó en efectivo, sin que se sepa de dónde salió el dinero, pues en la escritura aparece su ahora exesposa quien declaró que su oficio profesional es el de organizar fiestas infantiles.
Cuando se le cuestiona por los caudales de dinero que mueve, alega que son créditos particulares. Curiosamente, todos sus acreedores son personas que ya murieron y los que nunca le exigieron la firma de documentos que soporten los supuestos préstamos.
Benedetti, como los narcotraficantes, maneja efectivo. Lo de él no son las transacciones bancarias, ni las tarjetas de crédito. Entre menos rastro quede, mucho mejor para él.
Su nivel de criminalidad es tan alto, que el gobierno de los Estados Unidos le tiene prohibido el ingreso a ese país desde 2018. Temporalmente, le fue otorgada una visa mientras se desempeñó como embajador de Colombia en Venezuela, visado que le fue rápidamente cancelada cuando se conoció que abusaba de ese documento de viaje para sus fiestas con drogas, alcohol y prostitutas en diferentes ciudades norteamericanas.
Todos los delincuentes, incluido Benedetti, tienen derecho a no declarar contra sí mismos, y a contar con una defensa que los represente en los juicios que se adelanten en su contra. A lo que no tienen derecho, es a ser embajadores.
Benedetti, por ser un empleado público colombiano, tiene la obligación de dar explicaciones. Sabido es que Petro, que está extorsionado por ese sujeto, no piensa retirarlo de la misión ante la FAO. Así que va siendo hora de que el peligroso embajador ponga la cara y explique sin ambigüedades todos y cada uno de los señalamientos que se hacen en su contra.
Lo cierto es la justicia colombiana, particularmente la sala de instrucción de la corte suprema de justicia ha sido la principal cómplice de Armando Benedetti. Contra ese sujeto hay pruebas por doquier y, a pesar de ello, los magistrados Reyes, Rueda y Rodríguez -conocidos como la banda de las tres R- se han encargado de asegurar la impunidad de ese sujeto. ¿Hasta cuándo?
Publicado: agosto 21 de 2024