Cuesta comprender porqué, si para la fiscalía no hay duda alguna de que efectivamente desde la presidencia de la República se decidió y dio la orden de sobornar a quienes hasta hace poco ejercieron como presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Guerra, esos sujetos aún continúen libres y sin ningún tipo de enredo judicial.
Cómo será de grande el entramado de corrupción petrista que la fiscal Camargo, que es una subalterna del gobierno, no pudo taparlo. La imputación de cargos contra Olmedo López y Sneyder Pinilla puso de presente la manera como funcionó la operación criminal en la que el peligroso Carlos Ramón González, hasta hace poco jefe de la policía política del régimen, ordenó que, con dineros de la UNGRD, fueran comprados los votos y los apoyos en el Congreso de la República para lograr la aprobación de algunos proyectos que le interesaban al Ejecutivo.
La presidencia de Colombia funciona como una banda criminal. González y los ministros Velasco y Bonilla dieron las respectivas órdenes, las cuales fueron ejecutadas por la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz.
Una fuente calificada le aseguró a LOS IRREVERENTES que en la Casa de Nariño se estructuró una línea argumentativa de defensa con la que se pretende depositar la responsabilidad en la exconsejera Ortiz. Se planea alegar que ella coordinó directamente con Olmedo López la entrega de dineros, y que se quedó con parte de los recursos.
Pero, ¿y qué pasa con las investigaciones contra Name, Guerra y los demás congresistas cuyos nombres han surgido en las primeras pesquisas? Por regla general, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, célula que investiga y define la situación jurídica de las personas con fuero constitucional, como ocurre con los congresistas, reparte los expedientes de manera aleatoria entre los seis magistrados que la integran.
En la investigación contra Name y Guerra sucedió algo supremamente sospechoso: el proceso le fue asignado a dedo al magistrado Misael Rodríguez. La decisión fue impulsada por el cuestionado Cesar Augusto Reyes Medina, y apoyada por su valido, el magistrado Marco Antonio Rueda Soto.
Esa situación obliga a referirse a un secreto a voces que circula, tanto en la rama judicial como en los mentideros políticos: la existencia de una estructura a la que se le conoce como el nombre de “la banda de las 3R”, en referencia al proceder de los magistrados Reyes, Rodríguez y Rueda, cuyos apellidos comienzan con la letra ‘r’, y que operan en llave para direccionar el resultado de las investigaciones que se adelantan en la Sala de Instrucción, corporación en la que las decisiones se adoptan por mayoría. Con los tres votos de “la banda”, es asegurado, por lo menos, que se bloquee el avance de ciertos procesos.
Uno de los favorecidos por el accionar de ese grupo -cuya existencia obliga a recordar los oscuros años del “cartel de la toga”-, fue el delincuente Armando Benedetti cuya investigación principal, y por la que estaba a punto de recibir una medida de aseguramiento, terminó, a través de una maniobra oscura, en manos del magistrado Reyes.
Mientras la fiscalía general sostiene que el senador Name recibió $3 mil millones de pesos en efectivo, y el representante Guerra otros mil, “la banda de las 3R” se emplea a fondo para dilatar la investigación contra esos parlamentarios que, en sana lógica, ya deberían estar tras las rejas a la espera de que se adelante el juicio en su contra.
Publicado: julio 29 de 2024