El caso de corrupción de la Unidad de Control de Riesgos, en el que participó la cúpula del gobierno nacional, será la prueba de fuego para la fiscal Luz Adriana Arango quien, hay que decirlo, se ha mostrado débil y solícita en los primeros momentos de la crisis.
Las primeras declaraciones de la Fiscalía han sido francamente desconcertantes, específicamente en el pronunciamiento respecto de la comisión fantoche que Petro convocará para investigar la megaoperación delictiva trazada en la Casa de Nariño.
Lo cierto es que la fiscal Camargo, en vez de decir que “aprecia” la convocatoria de dicha comisión, debió confrontar al Ejecutivo advirtiéndole que no tiene competencias investigativas y que aquellas le pertenecen exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación.
En aras del debido proceso y de la protección de los derechos de los procesados, los tiempos de la justicia son mucho más lentos que los de la prensa. Aquello no se discute. Pero sí llama poderosamente la atención la parsimonia de la Fiscalía respecto del llamado que han hecho los dos delatores de la trama de corrupción: Sneyder Pinilla y Olmedo López, otrora cabezas de la Unidad de la que salieron decenas de miles de millones de pesos para comprar a los congresistas que votaron a favor de la reforma a la salud, promovida por el gobierno nacional, trama que, según se ha conocido, fue planificada por los ministros de Interior, Salud y Minas, por la exconsejera de regiones Sandra Ortiz y por el siniestro Carlos Ramón González, conocido como el Vladimiro Montesinos colombiano.
Los testigos han solicitado que se oiga su versión de los hechos y se proceda a definir los términos de un principio de oportunidad, figura que la propia fiscal Camargo ha valorado positivamente, pues además de ahorrarle tiempo y recursos a la justicia, facilita el conocimiento de los hechos y la identificación de los principales responsables de los crímenes cometidos.
Que Pinilla y López quieran hablar, no los convierte en buenos ciudadanos. Ellos buscan espacio en la justica porque no tienen salida, porque fueron agarrados casi en flagrancia, porque las pruebas contra ellos son incontrovertibles y porque si no logran un acuerdo, seguramente se pudrirán en la cárcel. En este caso aplica perfectamente la máxima de que la lealtad de los delincuentes se acaba donde comienza la justicia.
Los involucrados en esta trama, además de corruptos, son violentos. Muchos de ellos, empezando por Petro, fueron forjados en las filas del terrorismo. Son gentes sin respeto por la vida. Y aquello explica el temor que han expresado Pinilla y López por lo que les pueda suceder. Ellos conocen como pocos la peligrosidad de sus antiguos socios de fechorías.
La vida de los dos denunciantes está en manos de Dios y de la doctora Luz Adriana Camargo. La fiscal general cuenta con los medios y las herramientas para garantizar la integridad de esos sujetos, mientras se define si pueden ser beneficiados con el principio de oportunidad que han solicitado.
Publicado: mayo 8 de 2024