No es un asunto de menor cuantía la noticia de que el corrupto Armando Benedetti Villaneda será designado como embajador de Colombia ante la FAO.
El caso, además de indignante en términos económicos -esa misión está cerrada desde hace más de 20 años -, sienta un precedente delicadísimo respecto de la intromisión del gobierno en las acciones de la rama judicial.
Contra Benedetti cursan múltiples investigaciones en la corte suprema de justicia por delitos que cometió cuando ejercía como senador de la República. Cuando Petro lo mandó a la embajada en Venezuela, los expedientes, por razones de competencia, fueron enviados a la fiscalía general. El día en que fue despedido de ese cargo, los procesos regresaron a la corte. En ese ir y venir, pasa el tiempo y, por supuesto, se cumplen los términos. El objetivo de Benedetti: lograr la prescripción.
Ahora, cuando es nuevamente llamado a indagatoria para que responda en la investigación que se adelanta en su contra por el desfalco de Fonade, Petro vuelve a lanzarle el salvavidas a ese hombre de cuyo silencio depende la subsistencia del régimen.
No puede perderse de perspectiva el audio en el que se oye a Benedetti confesar que él fue la persona encargada de conseguir $15 mil millones de pesos para facilitar la elección de Petro, grabación en la que amenaza con que, si él habla, todos -incluido Petro- se van a la cárcel.
La de Petro y Benedetti es lo que popularmente se conoce como una alianza de delincuentes. El uno favorecerá al otro hasta que llegue el momento de la traición.
Lo cierto es que para Benedetti resulta esencial asegurar la ralentización de las investigaciones en su contra. Y para ello requiere de un nuevo nombramiento diplomático.
No es una tarea fácil: el propio canciller de la República ha asegurado que Benedetti es un drogadicto. Esclavo de sus palabras, a él mismo -a Leyva- le correspondería firmar la nota verbal presentando ese nombre ante otro Estado con miras a lograr que se otorgue el respectivo beneplácito. Misión titánica.
Una alta fuente del ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le reveló a este portal que se sugirió nombrar a Benedetti como embajador en Italia, en reemplazo de Ligia Quessep -amiga y cuota de la cuestionada Verónica Alcocer-. Los diplomáticos del Palacio de San Carlos advirtieron el riesgo para el gobierno, dado que resultaba prácticamente imposible que la rigurosa cancillería italiana esté de acuerdo con que un sujeto con semejantes antecedentes tuviera la calidad de embajador en su país.
Desde mediados de la década de los 90 del siglo pasado, por razones de austeridad, Colombia cerró la misión permanente que tenía ante la FAO -en Roma- y le asignó esa representación a la persona que ocupe la embajada en aquel país.
En aras de evitar el arriesgado y farragoso camino del beneplácito, surgió la alternativa de escindir a la FAO de la embajada de Colombia y crear nuevamente el cargo; una voltereta con nombre y apellido: Armando Benedetti.
Pero, ¿por qué tanta urgencia de enviarlo al exterior, particularmente a Italia? La respuesta es francamente indignante. Gracias a su ascendencia, Benedetti tiene nacionalidad italiana. Las normas de ese país prohíben que sus ciudadanos sean extraditados a cualquier otro Estado.
Benedetti juega con los naipes marcados: con su nombramiento como embajador obliga a que la corte no pueda continuar investigándolo, y que sus procesos sean remitidos a al fiscalía. Sus esperanzas deben estar en que la persona que reemplace al fiscal Barbosa sepulte todas las investigaciones. Al fin y al cabo, el fiscal de bolsillo del petrismo tiene ese mandato: repartir impunidades y pagar por el silencio de quienes puedan poner en aprietos al presidente.
Pero al estar en Italia tiene, además, un seguro de vida por si las cosas se complican. Ante una eventual orden de captura, Benedetti no tendrá que hacer nada distinto que esgrimir su “passaporto” de la “Repubblica Italiana” para bloquear cualquier posible extradición a Colombia.
Alex Vernot, un caso semejante
Uno de los mejores amigos y compinches de Gustavo Petro y del narcocanciller Álvaro Leyva Durán es el oscuro tramitador y lobista Alex Vernot, conocido de autos por asesorar empresarios corruptos y hacer triquiñuelas ante la administración de justicia.
En su rol como “estratega” de Carlos Mattos, fue descubierto mientras intentaba sobornar con U$2 millones de dólares a un testigo. Fue encarcelado, juzgado y condenado en segunda instancia.
Mientras se resuelve la doble conformidad, huyó a Francia valiéndose de su doble nacionalidad.
Petro ganó e intentó nombrar a la esposa de Vernot, una abogada de bajo perfil y sin noción ninguna de diplomacia, como embajadora en París. La cancillería francesa no confirió el agrément.
Como era perentorio ganar tiempo para proteger a Vernot de una inminente solicitud de extradición, a Leyva y a Petro se les ocurrió acreditar a la esposa del condenado como jefe de misión a la UNESCO, cuya sede es en París.
Mientras tanto, y a toda velocidad, la cancillería colombiana se empleó a fondo en la renegociación del tratado de extradición entre ambos países para incluir un mico asqueroso: Francia no extraditará a sus connacionales a Colombia. ¿Quién se beneficia con esa nueva fórmula? El ciudadano francés Alex Vernot a quien, según fuentes conocedoras del caso, en las próximas semanas le deben confirmar su sentencia condenatoria.
El servicio exterior colombiano se ha convertido en un vulgar mecanismo para que el presidente de la República y el narcoministro Leyva Durán ayuden a sus amigos a huir de las decisiones de la rama judicial colombiana.
Algo comprensible al tener en cuenta que esas acciones emanan de un gobernante que se formó en las filas del terrorismo, y de un canciller que hace 20 años huyó por diferentes países, apoyado por redes clandestinas de organizaciones criminales como las Farc y la ETA.
Publicado: febrero 7 de 2024