Para nadie es un secreto la corrupción en las altas esferas judiciales. Y de ese fenómeno no se salva la controvertida sala de instrucción de la corte suprema, cuerpo que investiga a los denominados aforados.
Hace pocos días, estalló un escándalo por cuenta del proceso que se adelanta contra la reina de la corrupción en el Cesar, Cielo Gnecco. Esa peligrosa fugitiva y su clan eran investigados por el magistrado Francisco Farfán.
Se conoció un audio en el que la Gnecco le advertía a uno de los suyos que Farfán había enviado la razón de que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas.
Indignante: el investigador haciéndole advertencias a su investigado para que tuviera cuidado con sus comentarios telefónicos. Si eso no es corrupción, entonces nada lo sería.
Con impostada indignación, Farfán reaccionó anunciando una denuncia contra Gnecco por calumnia, creyendo que con eso sería suficiente para tapar el monumental escándalo.
Es un secreto a voces el nivel de corrupción de la sala de instrucción. Los casos que llevan los magistrados de esa corporación son en extremo delicados. Los congresistas y excongresistas son sus principales investigados.
Es válido tener en cuenta el antecedente del denominado cartel de la toga, operación criminal en la que unos magistrados de la sala penal, encabezados por el otrora poderoso Leónidas Bustos vendieron decisiones para favorecer a poderosos senadores y representantes a la Cámara.
A pesar de las amenazas, de los constreñimientos, de la violencia desatada contra ella, la magistrada Cristina Lombana investigó y recaudó las evidencias suficientes que prueban el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito del delincuente Armando Benedetti.
Con juicio, disciplina y mucho profesionalismo, la doctora Lombana logró reconstruir la red que utilizó Benedetti para mimetizar miles de millones de pesos de origen desconocido. Cientos de millones eran movidos por el político en efectivo.
El ahora exsenador desde siempre declaró que su única fuente de ingresos era su salario como congresista.
Con base en sus declaraciones de renta, se logró establecer una disparidad en su patrimonio. Una de las pruebas fundamentales del enriquecimiento ilícito de ese sujeto es la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá, a través de una triangulación que se perfeccionó con una mujer cercana al exparlamentario.
Esa operación a todas luces ilegal fue desvelada por LOS IRREVERENTES en abril de 2017.
Durante más de seis años la justicia indagó el caso, llegando a la conclusión de que efectivamente Benedetti adquirió ese predio con dineros ilícitos.
La magistrada Lombana ya había presentado ante sus colegas las conclusiones de su investigación y estaba previsto dictar medida de aseguramiento con detención en centro penitenciario contra Armando Benedetti Villaneda.
Pero el proceso dio un giro de 180 grados. En un abrir y cerrar de ojos, la magistrada Lombana fue recusada y, en consecuencia, obligada a deshacerse de la investigación.
Una nueva victoria para Benedetti quien desde hace algunos meses viene repitiéndole a sus compinches más cercanos que su situación “ya está arreglada en la corte”. Una fuente le aseguró a este portal que el exparlamentario dice tener “cuadrados” a tres magistrados de la sala de instrucción.
El proceso que le fue arrebatado a la magistrada Lombana quedó en manos de nadie menos el cuestionado y oscuro magistrado Cesar Augusto Reyes Medina, conocido de autos por sus maniobras tramposas y sus vínculos con clanes políticos. Benedetti celebró la noticia, lo que permite concluir que su suerte mejoró dramáticamente.
Es cuestión de tiempo para que Reyes Medina engavete o desaparezca las pruebas contra el exsenador Barranquillero, y proceda a despachar la respectiva preclusión para cerrar con broche de escoria la impunidad de Benedetti Villaneda.
Publicado: noviembre 8 de 2023