En el poético código civil colombiano, don Andrés Bello insertó una bella definición del aluvión en el articulo 719, al decir que aquel es el resultado del aumento de la ribera de un río o lago por lento e imperceptible retiro de las aguas.
Y como si de un aluvión se tratara, Petro aumenta lenta e imperceptiblemente su poder a través de preocupantes zarpazos a la rama jurisdiccional.
Es costumbre que los presidentes incluyan en la terna para elegir fiscal general los nombres de personas con las que tienen cierta afinidad, en eso no hay que llamarse a engaños. Samper puso a un compinche -el siniestro Gómez Méndez-, Pastrana a un correligionario -Luis Camilo Osorio-, Uribe a quien fuera su viceministro de Justicia.
La diferencia con lo que ha hecho Petro, es que él ha postulado a tres mujeres que si bien es cierto han hecho carrera en la judicatura, no menos lo es que han abusado de la justicia para imponer la agenda ideológica del mandatario colombiano.
Nada más delicado que valerse del poder que concede un alto cargo judicial para hacer ajustes de cuentas ideológicos. Imposible no tener presente el innoble papel que jugó al señora Ángela María Buitrago en la brutal persecución contra los militares colombianos que participaron en la recuperación del palacio de justicia, cuando la banda terrorista M-19 entró a sangre y fuego a ese edificio, con el propósito de quemar los expedientes del ‘Cartel de Medellín’ y asesinar a los magistrados que discutían la exequibilidad del tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos.
En su calidad de fiscal delegada ante la corte suprema, Buitrago vinculó a generales y coroneles mediante indagatoria, ordenando -en virtud de la ley 600- medida de aseguramiento contra muchos de ellos. Acudió a un falso testigo para llevar a juicio a un militar que pasó cerca de una década en la cárcel, hasta que milagrosamente la sala penal de la corte suprema casó la sentencia que lo había condenado a treinta años de prisión.
¿El delito de ese desgraciado coronel? Haber cumplido las órdenes impartidas por el presidente de la época, Belisario Betancourt quien fue la persona que determinó que era prudente y necesario que el ejército y la policía ingresaran al palacio tomado por los psicópatas del M-19.
Esa acción de barbarie es uno de los peores crímenes atroces que se han cometido en Colombia y, para el M-19, resultaba fundamental limpiar esa asquerosa mácula.
Encontraron en la justicia el trapo perfecto para borrar la mancha y, gracias al mandado cumplido por la Buitrago, los responsables quedaron impunes y los inocentes tras las rejas.
No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Llegó la hora de saldar cuentas pendientes con la brutal Ángela María Buitrago. El pago era el adecuado, dada su probada lealtad y obediencia: la fiscalía general.
Fuentes de la corte suprema aseguran que su nombre es muy bien recibido por los magistrados, y es altamente probable que sea ella la elegida para reemplazar al doctor Francisco Barbosa, una vez culmine su periodo en febrero del año entrante.
Pero la fiscalía no es suficiente. Se necesita asegurar al máximo guardián de la constitución, ese tribunal que puede ponerle talanquera a las arbitrariedades del Ejecutivo, como efectivamente ha sucedido. Recientemente, declaró inconstitucional el decreto que declaró la emergencia económica en La Guajira, decreto con el que Petro intentó arrogarse funciones legislativas.
Consciente de que aquello no puede continuar, presentó una terna, no de juristas sino de mandaderos para que el senado elija el reemplazo del santista Alejandro Linares.
El senado deberá escoger entre los tres nombres presentados, y es posible que la feroz Cielo Rusinque sea la favorecida. Durante el primer año del gobierno fue la encargada de aceitar burocráticamente a los congresista de la coalición, a través de puestos y contratos en la entidad que ella dirigía y que concentraba las entidades encargadas de planificar e implementar la totalidad de las políticas sociales del gobierno.
El billonario presupuesto de ‘prosperidad social’ es suficiente para consentir y a muchos parlamentarios amigos del régimen. Y no hay político que resista la tentación burocrática.
Desde siempre, los comunistas han tenido claro que su modelo totalitario puede sobrevivir si previamente se controla a los jueces. Lo han hecho y lo continuarán haciendo, y Petro no va a ser la excepción de la regla. En los años 80 del siglo pasado su banda terrorista tomó la justicia a bala; 40 años después lo hará con designaciones estratégicas.
Publicado: octubre 4 de 2023