LOS IRREVERENTES. El NO ganó el plebiscito. Desde entonces, se oyen distintas voces, unas diciendo que el acuerdo se debe enmendar, otras que alegan que se debe cambiar; hay quienes aseguran que se puede modificar y por su parte hay un sector que está convencido de que el acuerdo no existe y que se debe redactar uno totalmente nuevo. ¿Usted con cuál de esas corrientes se identifica?
JOSÉ FÉLIX LAFAURIE. El acuerdo no existe y por tal razón es inaplicable. Otra cosa es que algunos elementos que durante 4 o 6 años discutió el gobierno con las Farc puedan ser traídos al nuevo acuerdo, sin que aquello afecte ni la institucionalidad ni la democracia de nuestro país.
El ejercicio que actualmente está haciendo el gobierno con los voceros del NO es totalmente válido desde el punto de vista político, pero partiendo del presupuesto de que el acuerdo no existe porque fue negado mayoritariamente y, por consiguiente, inaplicable.
L I. Entre las cosas que usted dice que se podrían rescatar, en el capítulo agrario ¿hay algo que pueda ser incorporado a un nuevo acuerdo, o la totalidad de ese capítulo debe ser renegociada?
J F L. Cuando usted revisa los pronunciamientos de los gremios de la producción agraria durante los últimos 20 años de vigencia de la Constitución de 1991, donde los artículo 64, 65 y 66 intentaron proyectar la forma como la sociedad colombiana debía atender el desarrollo y el bienestar de quienes viven en el sector rural, encuentra que el acuerdo de La Habana recoge 14 planes de desarrollo que coinciden con lo que los gremios hemos venido reclamando.
Resulta contradictorio que quienes durante 50 años han expoliado a través de secuestros, asesinatos, extorciones y despojo a los campesinos, ahora tengan las banderas de aquellos que desde la institucionalidad, como es el caso de los gremios, hemos venido reclamando.
L I. Sectores del NO tenían la convicción de que la propiedad privada rural se ponía en riesgo si los acuerdos de La Habana eran implementado. ¿Qué tan cierta es esa hipótesis?
J F L. Totalmente cierta. Cuando usted revisa los temas que finalmente fueron incorporados al acuerdo resulta evidente que el famoso fondo de tierras para poder atender las obligaciones de lo que ellos denominan Reforma Rural Integral se nutre de 6 fuentes. Tres de ellas son inocuas: tierras donadas, tierras que se desprendan de las reservas forestales amparadas bajo la ley 2 de 1957 y los baldíos.
Para nutrir ese fondo de tierras, se van a concentrar en la expropiación por vía administrativa que se ha aplicado a lo largo de los últimos 50 años. Sobre ese punto, quiero hacerle una reflexión. Durante los 54 años que funcionó el INCORA sólo se lograron expropiar y repartir 1.742.000 hectáreas de tierra, utilizando un presupuesto abultadísimo. Con el acuerdo de La Habana, se pretende en 10 años expropiar 3 millones de hectáreas. No olvidemos que ese procedimiento tiene un elevadísimo costo fiscal.
Ante ese panorama, ¿qué le queda al famoso fondo? La extinción administrativa de dominio cuando las tierras no cumplan función social o ambiental.
L I. ¿Eso de la función social no es un elemento totalmente subjetivo? ¿Cómo se determina si una finca cumple una función social? Aquello puede abrir la peligrosa puerta por la que ingresará un inspector de tierras a cualquier predio y le diga a su propietario “Usted no cumple la función social y por tal razón se le va a expropiar el 85% de su propiedad para serle entregada al banco de tierras”.
J F L. Lo ha dicho usted con toda la claridad. Pero le agrego el siguiente elemento. Si aquello es subjetivo, agréguele la subjetividad que existe en la extinción de dominio por la afectación ambiental.
¿Usted cree que la ampliación de la frontera agrícola se ha hecho ajustándose férreamente a la multiplicidad de normas ambientales que hay en el país? Cualquier funcionario de tercera categoría puede llegar a una finca y de manera subjetiva, invocando cualquiera de las normas ambientales vigentes, decreta que hay una afectación ambiental razón por la que procederá la extinción de dominio.
L I. Es increíble que un proceso de paz se haya erigido sobre la base de aplicar extinciones de dominio a personas honorables.
J F L. Así es. La extinción de dominio es una figura legal para combatir a los delincuentes y a los criminales.
No se puede tratar a los propietarios campesinos como si fueran unos criminales a los que se les aplica la extinción de dominio por haber incumplido cualquier norma ambiental o no cumplir la función social.
L I. No es un capricho que el capítulo agrario sea el primero del acuerdo de La Habana. Aquello significa que para las Farc ese es un tema neurálgico. No es un asunto accesorio y muy difícilmente accederán a hacer cualquier tipo de modificaciones.
J F L. Hoy, por ejemplo, las comisiones negociadoras transmiten que el gobierno estaba de acuerdo con las observaciones que la oposición le hizo al punto agrario. Yo, francamente, no lo creo.
Para las Farc, el tema agrario, que les permitirá control territorial, es tan importante como la impunidad y la elegibilidad.
Para responderle su pregunta: el gobierno no va a asimilar tan fácilmente los argumentos del NO y las Farc no los van a aceptar porque en el capítulo agrario está el elemento central para tener territorio que le garantice control social y con ello poder acceder al poder.
L I. Pasemos de la teoría a la práctica. ¿Usted cree que las Farc y el gobierno van a aceptar el veredicto popular que mayoritariamente le dijo NO a los acuerdo de La Habana, o cree que van a imponer el acuerdo luego de hacerle algunos maquillajes y ajustes menores?
J F L. Estoy en la segunda tesis. Creo que el gobierno cree que va a ser fácil en las próximas semanas burlar a la opinión pública colombiana, burlar a las mayorías que se expresaron el pasado 2 de octubre y con un acuerdo maquillado intentarán recurrir a un nuevo plebiscito, porque no creo que la Corte Constitucional habilite a través de un fallo judicial lo que ya fue negado en las urnas.
Le pronostico que si en el plebiscito del 2 de octubre existió una ligera mayoría, en el nuevo plebiscito la opinión pública se volcará de una forma mucho más resuelta a rechazar el acuerdo maquillado por Santos y las Farc.
L I. Un segundo plebiscito para refrendar un acuerdo maquillado tendrá como consecuencia una irremediable fractura en la sociedad colombiana.
J F L. Totalmente. Pero eso es lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Los que hemos hecho críticas constructivas, terminamos como leprosos políticos, calificados de enemigos de la paz, guerreristas.
Si el gobierno hubiera tenido el talento y la inteligencia para entender que esas críticas ayudaban a mojonar mejor la cancha para que los negociadores pudieran sacar un mejor acuerdo, estaríamos en un escenario político totalmente diferente.
El gobierno fracturó a la sociedad como lo demostró el plebiscito y como se demostrará en todas las justas electorales que existan de aquí hasta el 2018.
L I. En criterio suyo, ¿este asunto se va a ir a las elecciones presidenciales de 2018?
J F L. No tengo duda. Todo lo que se ha venido haciendo es la base política para que en el 2018 aquellos colombianos que creemos que uno no puede negociar las instituciones democráticas con grupos terroristas, nos pronunciemos políticamente y seamos capaces de elegir a alguien que sea capaz de volver a poner las cosas en su sitio.
Si en el 2018 llega a la presidencia una persona que no comparta las tesis del NO, será un gobierno de tránsito que dará lugar a un gobierno de acento castrochavista, con lo cual la suerte de Colombia quedará echada, como en su momento quedó echada la suerte de Venezuela con la llegada de Chávez al poder.
L I. En este momento el Centro Democrático tiene 3 precandidatos: Duque, Trujillo y Zuluaga. También está el exprocurador Ordóñez que sin ser del Centro Democrático, es una persona ideológicamente afín a esa colectividad. ¿Usted cree que el uribismo debe elegir candidato único lo más pronto posible, o debe esperar unos meses?
J F L. Uribe ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de este último mes por mantener una coalición con los del NO. Es una coalición variopinta: sectores conservadores, sectores de víctimas, cristianos y, por supuesto, el Centro Democrático.
Lo que le convendría al CD es que Uribe resolviera muy rápidamente el nombre del candidato. En el peor de los casos, que resuelva el mecanismo de elección del candidato.
El partido no puede esperar hasta marzo de 2018 para resolver quién es la persona que llevará nuestras banderas.
Lo ideal es que a la primera vuelta presidencial, todos los que integramos la coalición del NO, lleguemos con un solo candidato. Tengo la certeza de que si es así, ganamos la presidencia en primera vuelta.
L I. La buena noticia es que los lectores de LOS IRREVERENTES podrán leer a partir de esta semana sus opiniones y conceptos en columnas de su autoría que serán publicadas en este portal.
J F L. Para mí es muy grato estar dentro del grupo de columnistas de un portal que ha crecido de la manera como lo ha hecho LOS IRREVERENTES.
@IrreverentesCol