Elección y resultado de la campaña presidencial del Perú, deja lecciones que deben ser leídas y aprendidas en Colombia si queremos preservar los valores democráticos y las libertades constitucionales.
La izquierda, paciente y sin calendario, ha venido colonizando terreno en las instituciones más importantes del Estado: educación y justicia. Desde esos dos bastiones institucionales han conquistado lo que no han sido capaces de lograr en las urnas. A través de fallos judiciales aniquilan al adversario para impedir que sigan en el debate electoral o para silenciarlos definitivamente como ocurrió con Alberto Fujimori. En Colombia, a Álvaro Uribe, lo sacaron del debate electoral, no lo han silenciado, pero ese es el propósito final.
La educación pública, que debería ser santuario intocable por parte de ideologías políticas o religiosas, es dirigida por docentes inescrupulosos que prefieren convertir las aulas en centros de adoctrinamiento del odio que en epicentros del conocimiento y del desarrollo. Es tan probado lo anterior que FECODE maneja la vocería del paro, de los bloqueos, definen si sigue el paro criminal o se levanta, si dictan clases presenciales o no. En el Perú, un docente sindicalista, Pedro Carrillo, paralizó el país con las mismas herramientas violentas que hemos visto en el último mes en Colombia, hoy está a escasos votos de ser el presidente del Perú.
El odio se tomó las tribunas públicas y anula el debate argumentativo y electoral. No existen razones para evitar o hacer entender que el socialismo disfrazado de progresismo es lo peor que le puede pasar a una sociedad que gira y vive en torno a la economía capitalista donde la libertad de mercados permite el desarrollo y la generación de empleo. Los chavistas, petristas, carrillistas… han sembrado odio contra los ricos, empresarios, banqueros, pero especialmente contra quien piense diferente a ellos. Ahí aplican la máxima ¡Revolución o Muerte!
Los colombianos que no estamos aglutinados en esa turba, en esa masa irracional, tenemos el deber y obligación de impedir que el país quede en el peor de los escenarios y en manos de quien acabaría con la democracia y con nuestra Constitución Política.
Lo primordial es aplicar el pragmatismo. Es imposible una precandidatura y menos una candidatura presidencial de un hijo de Álvaro Uribe. En el Perú, más que votar por Pedro Carillo, votaron contra Fujimori. Se necita de la lucidez y dimensión intelectual de Mario Vargas Llosa, para decantar la rivalidad y el resentimiento para invitar a votar por un Fujimori.
Los precandidatos presidenciales que tengan su cimiento político, ideológico y electoral, en los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, U, y partidos con organizaciones cristianas, deben entender o entender, que deben acordar con tiempo, de inmediato, reglas de juego claras que les permita llegar a las elecciones legislativas del mes de marzo del 2022 a disputar la candidatura de centroderecha en las urnas y no a través de mecanismo que generan duda y desconfianza como lo es el dedometro o las encuestas.
Oscar Iván Zuluaga, Rafael Nieto, Juan Carlos Pinzón, Germán Vargas Lleras, Federico Gutiérrez, Àlex Char, Enrique Peñalosa, o quien decida ser candidato de este espectro ideológico debe ganarse la candidatura en consulta popular. Las convenciones y los otros medios a los que acude la clase política no tienen cabida, respeto, ni acatamiento entre los ciudadanos.
Las elecciones las gana el que tenga más imaginación, creatividad, innovación, para que sin esconder ni avergonzarse de sus principios e ideas innegociables, logre trasmitir conocimiento y solución de problemas estructurales que afectan especialmente a la Colombia urbana, habitada mayoritariamente por jóvenes.
Las FARC no pueden seguir siendo tema de campaña. Fueron precisamente los voceros del NO quienes negociaron y permitieron políticamente que se burlara el resultado de las urnas. Ese cocinado no lo hicieron comer. Un sector de la sociedad romantiza y valida que criminales indultados y amnistiados, sean hoy referentes de moral y ética pública, se debe combatir la ilegalidad reformando la justicia y aplicándola. Seguir trillando el acuerdo de La Habana es estéril electoralmente; no pido que claudiquen ante la impunidad.
El epicentro del debate no será al seguridad, será el modelo económico. El candidato presidencial debe tener conocimiento claro y preciso de los problemas económicos y sociales del país. El desempleo, la pobreza, la miseria, la exclusión… son los terrenos arados del petrismo, quien lo enfrente debe tener la capacidad de comunicar, transmitir, pero fundamentalmente, de convencer a los colombianos de que su programa de gobierno en materia económica nos va a sacar de los efectos catastróficos de la pandemia, del desempleo, de la inseguridad jurídica que frena la inversión. Debe garantizar y probar cómo seguir financiando programas sociales sin aumentar la cascada de impuestos que hoy rechaza el país.
Publicado: junio 8 de 2021
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