El Gobierno no se puede arrodillar ante la politiquería del Comité del Paro. Su deber es actuar con irrestricta autoridad para reestablecer el orden en el País. Más aún cuando el pliego de peticiones que presentaron es un listado de medidas imposibles de cumplir con las cuales cierran cualquier posibilidad real de acuerdo y justifican falsamente unos bloqueos que están desangrando la economía nacional.
Quizás la pregunta más formulada estos días en Colombia es cómo superar esta crisis. ¿Se negocia? ¿Qué tantas peticiones se deben aceptar? ¿Cuáles son las líneas rojas del Gobierno? ¿Se responde con fuerza?
La opción más fácil es salir corriendo a negociar, actuando bajo el deseo de acabar lo antes posible con las marchas y la ingenuidad de pensar que las cosas son así de sencillas. Cuando eso sucede y se actúa con debilidad, el mensaje que se envía es que la administración cede ante las protestas, con lo cual estas se convierten en el mecanismo de presión por excelencia.
¿Hay inconformismo? Sí. ¿Hay cosas por mejorar? Por supuesto. ¿La agenda del Gobierno es la mejor? Claro que no. ¿La reforma tributaria fue un error? Indiscutiblemente. ¿La administración Duque ha sido perfecta? No, está lejos de serlo. ¿Se debe acceder al pliego de peticiones del Comité? NO.
La razón es muy sencilla. Un grupo de sindicalistas con agenda electoral no cuentan con la legitimidad para poner en jaque a un Gobierno democráticamente electo. Por la vía de la violencia no se puede imponer el modelo de País que no recibió el apoyo en las urnas y el Presidente no puede caer en el error de no conocer esa realidad.
Y claro, al Comité del Paro no le gusta el Esmad, ni la militarización de las ciudades ni mucho menos el levantamiento de los bloqueos. Se rehúsan a que la institucionalidad ejerza su legítima fuerza y quieren poner contra la pared al Gobierno mientras posan como mártires de los abusos estatales ante los medios internacionales.
Un sabotaje perfecto que le ha hecho perder un punto del PIB en un mes al País.
Por eso, el Gobierno debe amarrarse los pantalones, tener estómago para resistir la embestida, defender la institucionalidad y actuar con autoridad. Para desplegar a la Fuerza Pública y desbloquear las vías del País no se le tiene que pedir permiso a nadie. El Presidente es el comandante en jefe y debe proceder de conformidad.
El Valle del Cauca no se puede convertir en una zona de combate, el Cauca no es ninguna república independiente ni el Portal de las Américas el nuevo cuartel del vandalismo en Bogotá. Colombia no puede quedar capturada en manos de un séquito de vándalos sin oficio y la única forma de evitarlo es con una acción contundente del Estado.
Un primer paso, bastante tardío, fue la militarización de las ciudades que ordenó el Gobierno esta semana. Una directriz clara que se debe hacer cumplir. De hecho, tanto Claudia López como Jorge Iván Ospina y todos los demás Alcaldes y Gobernadores del País deben tener claro que en materia de orden público su autonomía territorial es prácticamente nula, sus facultades se ven reducidas a actuar como subordinados del Presidente de la República y es su obligación constitucional acatar las directrices que emita la Casa de Nariño.
En otras palabras, los mandatarios locales pueden oponerse todo lo que quieran y salir a decir que “mientras yo sea Alcalde, mi ciudad no se militarizará”, pero el marco jurídico es uno solo y desde Bogotá se debe hacer una detallada micro gerencia, junto con los órganos de control, para que se cumplan sus órdenes a cabalidad.
Publicado: junio 2 2021
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