La reforma tributaria es una vergüenza. Para cubrir el desbordado asistencialismo que implementa acabará con la clase media y asfixiará a los inversionistas. Es el escenario soñado por cualquier corriente de centro-izquierda, pero que paradójicamente es implementado por un Gobierno que supuestamente es de centro-derecha. Una contradicción absurda que destruirá por completo al Centro Democrático y que pavimentará el camino para que el mal llamado progresismo llegue al poder.
La principal razón para hacer la reforma es clara. El endeudamiento de Colombia durante el 2020 se incrementó en $104 billones y superó el 60% del PIB, lo cual dejó al País al borde de perder el grado de inversión, situación que implicaría un alza en las tasas de interés de los créditos con que se financia la Nación. Hasta ahí, todo muy entendible, aunque primero se debería acudir a medidas como la enajenación de activos.
El gran problema ocurre cuando a esa necesidad fiscal de recaudar $16.1 billones anuales se le cuelga un orangután de $7.2 billones para financiar un conjunto de subsidios adicionales a los ya existentes.
Porque claro, ya de por sí la agenda social del País es bastante amplia. Actualmente tenemos Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y subsidios a la energía eléctrica y el gas. Pero como parece ser que esto es muy poco y el Gobierno quiere pasar de 15.6 a 24.8 millones de personas subsidiadas, a esos programas se les agrega el Ingreso Solidario, la Devolución del IVA y la gratuidad de la educación superior para determinados grupos.
Un paquete que le costará a los contribuyentes $12.1 billones anuales, dos veces la totalidad del presupuesto de Medellín para 2021.
Y como nada en la vida es gratis, alguien tiene que pagar tanta generosidad del Gobierno. Y ese alguien es la clase media y los inversionistas. Con unas expectativas de recaudo tan altas, prácticamente toca pagar IVA por respirar y se termina criminalizando la riqueza.
Se aumenta la tarifa del impuesto a los dividendos, se mantiene e incrementa el impuesto al patrimonio, se revive el impuesto solidario a los altos salarios del sector público y privado, se afecta el ahorro de las familias y la construcción de vivienda al poner a tributar a los aportes voluntarios de pensiones y las cuentas AFC y las jubilaciones de la clase media-alta entrarán en el radar de la DIAN.
Lo único que le falta a la reforma es establecer el impuesto a las tierras improductivas que tanto propone Petro.
Todo esto, para que el Gobierno intente levantar su favorabilidad regalando dinero a diestra y siniestra a costa de una exorbitante carga impositiva que generará una potencial fuga de capitales. Algo sencillamente detestable.
Y no es que los subsidios sean del todo malos. Claro que sirven como plan de choque para contrarrestar una contingencia puntual, pero en el mediano-largo plazo son el peor enemigo de la competitividad, el trabajo y el desarrollo de un País. En otras palabras, una cosa es que se adopten para mitigar el impacto de las cuarentenas y otra muy distinta que se establezcan como medidas permanente que año tras año pondrán en aprietos a las finanzas públicas.
A esto, se le suma un problema más: como está el proyecto, en programas como el Ingreso Solidario a mayor cantidad de hijos más dinero recibirán los hogares, lo que puede generar una peligrosa dinámica donde se incremente la tasa de natalidad en la población beneficiara, con lo cual poco o nada se hace para eliminar la pobreza.
Con casi la mitad del País subsidiado el asistencialismo estatal será la principal fuente de dependencia social. La cultura del trabajo será reemplazada por la espera del cheque mensual de papá Estado y la disminución de la tasa de desempleo será una ilusión de nunca alcanzar. Los empresarios seguirán trabajando con las uñas para subsistir y las vacantes que dejará la fuerza laboral nacional serán asumidas por una población migrante que sabrá aprovechar la situación.
Publicado: abril 21 de 2021
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