Trascendió una noticia que debe preocupar a todos los defensores de la libertad de prensa. La corte suprema de justicia, tribunal desprestigiado y cuestionado por la corrupción de algunos de sus integrantes, revocó una decisión que en el pasado le fue favorable a la periodista Vicky Dávila, directora de ‘Semana’.
Se trata de una absurda sanción económica que le fue impuesta con ocasión de las revelaciones hechas por ella en el marco del escándalo de la ‘Comunidad del Anillo’, estructura ilegal que operaba al interior de la policía de Colombia y que se dedicaba a la prostitución de hombres pertenecientes a esa institución.
El director de entonces, el sancionado y cuestionado general Rodolfo Palomino, era uno de los cabecillas de la ‘Comunidad del Anillo’.
En medio de esas revelaciones periodísticas, apareció un delicada grabación que daba cuenta de actos de corrupción en los que estaría involucrado el coronel Jorge Hilario Estupiñán Carvajal. Dos meses después de la noticia, la policía retiró a Estupiñán, asegurando que el oficial observaba un “mal desempeño en la institución”.
De manera insólita, el cuestionado oficial -que efectivamente es un corrupto-, junto a su familia, demandaron a la periodista exigiendo un resarcimiento económico (¡!).
La demanda se ha paseado por todos los despachos judiciales posibles. En agosto del año pasado, un juzgado civil de Bogotá emitió un fallo desestimando la pretensión del policía corrupto quien apeló ante el tribunal de la capital colombiana.
En la apelación le dieron la razón al demandante, a través de un fallo que lesiona de manera gravísima la libertad de prensa.
¿Cómo entender que un medio de comunicación y un periodista sean sancionados patrimonialmente por publicar una grabación que es inequívoca y que efectivamente confirma que la persona que aparece en ella está participando en actos de corrupción? Nadie ha puesto en duda la legitimidad de la grabación, pues su contenido no ha sido editado ni mucho menos manipulado.
A la periodista Dávila le quedaba únicamente el camino de la acción de tutela que fue presentada ante sala civil de la corte suprema, célula que el 4 de febrero pasado le dio la razón a la ahora directora de ‘Semana’, dejando sin efectos la absurda sanción pecuniaria.
Curioso que la justicia colombiana, que es por antonomasia paquidérmica, en el caso de la demanda contra Vicky Dávila ha sido rauda.
Dos meses después del fallo de la sala civil, otra sala -la laboral- dictó una sentencia contraria, volviendo a dejar en firme la sanción.
¿Por qué tanta rapidez y tanta sevicia? La respuesta salta a la vista de cualquier desprevenido. La corte suprema, tribunal invadido por el cáncer de la corrupción, está pasándole una factura de cobro a la periodista que con valentía le ha venido mostrando al país el expediente que ese tribunal prefabricó en contra del presidente Uribe. Gracias a las revelaciones de Dávila, los colombianos han podido conocer los detalles del brutal montaje que le hicieron, entre muchos otros, los magistrados Barceló, Hernández y Reyes -mandamases al interior de la corte- al exmandatario.
Mucha irritación debe causarles el trabajo periodístico de la directora de ‘Semana’, pues los que posaban como impecables administradores de justicia, fueron desnudados ante el país quedando como lo que realmente son: unos delincuentes que abusan del poder que les otorga la inmerecida toga que visten, para perseguir a sus adversarios ideológicos.
Como si fuera una banda de mafiosos, los magistrados de la corte suprema están ajustando cuentas con la periodista que les desmontó el tinglado corrupto que ellos erigieron en contra de Álvaro Uribe.
Publicado: abril 6 de 2021
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