La desmedida carga de impuestos que se pretende imponer con la tributaria generará una fuga de capitales que acabará con la competitividad del País. El objetivo primordial de esta reforma debe ser cubrir el pago de las obligaciones financieras derivadas de la pandemia y no una expansión desmesurada del gasto público que una vez se implementa es casi imposible de limitar.
Ante todo, es indiscutible que Colombia necesita una reforma tributaria. A raíz de la pandemia el endeudamiento del País subió del 50% al 61.4% del PIB, lo cual se traduce en aproximadamente $100 billones más. Esta realidad pone a la Nación al límite de perder el grado de inversión, es decir, el tope de deuda máxima que las calificadoras de riesgo consideran aceptable.
Si el endeudamiento no se disminuye rápidamente y por el contrario continúa aumentando, los mercados considerarán que el riesgo de invertir en Colombia es cada vez mayor, lo cual significa que las tasas de interés con que la Nación se financia vía crédito aumentarán. En otras palabras, al País le saldría mucho más caro endeudarse.
De ahí que sea necesario recaudar de $10 a $12 billones anuales más, monto que puede provenir de la enajenación de activos, la eliminación de algunas exenciones del IVA o de una ampliación gradual de la base gravable del impuesto de renta, más aún cuando en Colombia las personas naturales solamente aportan el 20% de ese tributo y el 80% restante lo asumen las empresas, dinámica contraria a la que se ve en los países de la OCDE.
Sin embargo, lo que no se entiende es que el Gobierno esté pavimentando el terreno para presentar una mega reforma que recaude $25 billones, de los cuales $15 billones se destinarían a cubrir la deuda y los $10 restantes a entregar más subsidios.
Ya de por sí hoy en día la tasa impositiva en Colombia es crítica. El Estado, a través de los niveles central y territorial, se queda con el 71.2% de las utilidades de un inversionista, dado que este, ya sea directamente o a través de la empresa, debe asumir el pago de impuestos como la renta, predial, industria y comercio, patrimonio, 4×1000, IVA no descontable y dividendos.
Esto significa que de cada 10 pesos que un empresario gane tras pagar la nómina total de los trabajadores y los demás costos de producción, 7 van para el Estado y tan solo 3 para su bolsillo. Muy mal negocio, ¿no? En contraste, el promedio de tributación de los países de la OCDE es del 39.9%, en América Latina 47%, en Chile 34%, en Perú 36.8%, Reino Unido 30.6% y Estados Unidos 38.9%. La competitividad de Colombia está por el piso…
Y si a esta alarmante situación le sumamos el sonado incremento de la tarifa del impuesto al patrimonio del 1% al 3% o a los dividendos del 10% al 15%, el acabose sería total, sin contar la pérdida de la capacidad adquisitiva de la clase media que ahora podría sufrir nuevos tributos a los salarios y las pensiones. Muy seguramente habrá una fuga de capitales, los ahorradores volverán a sacar sus recursos al exterior y se perjudicarán el 85% de los puestos de trabajo del País que genera el sector privado.
Todo esto, para financiar un asistencialismo desmedido que una vez se establece es casi imposible de eliminar. Y claro que hay que luchar contra la pobreza y la desigualdad, pero difícilmente la forma de hacerlo de forma efectiva a largo plazo es a través de un gasto público exorbitante que genera una dañina dependencia al papá Estado en vez de lograrlo por medio de un sector privado robusto que haga realidad la mejor política social: la generación de empleos.
Si se llega a aprobar la tributaria en las condiciones que se han visto hasta el momento, Colombia continuaría el camino fácil de regalar a diestra y siniestra la plata que no tiene mientras los inversionistas prefieren llevar sus recursos a otros países que ofrecen tasas de tributación más favorables. Cada vez será más rentable importar en vez de producir localmente y la capacidad de gasto de los hogares quedará cercenada por un Estado gigantesco que no tiene cuando dejar de crecer.
Publicado: marzo 31 de 2021
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