La relación entre el gasto público y el crecimiento económico ha sido una tema controversial a lo largo del análisis estructural sobre las fuentes fiscales que conducen al Estado de bienestar, por un lado, la función del gasto respecto del equilibrio macroeconómico no es otra que garantizar la flexibilidad en tiempos de crisis y el ahorro en momentos de bonanza, habida cuenta de los compromisos del Gobierno Nacional con la demanda por servicios y acceso a mejores condiciones de vida de la población.
Sin embargo, el comienzo de la segunda década del siglo XXI sorprendió con uno de los mayores retos de la humanidad en términos de salud pública, estabilidad económica, bienestar social y mercado, el COVID – 19 transformó el ya desgastado enfoque del crecimiento a partir de la regla natural de mayor gasto y mejores fuentes de producción.
En este orden de ideas, el país comprendió dos fases equidistantes de supervivencia: por un lado, la necesidad de recuperar la senda de crecimiento económico y por otro, la oportunidad de ampliar el gasto incluso por encima de los niveles de deuda sostenible para controlar el desfase social que profundizó la pobreza.
Dos posiciones encontradas que poco a poco van aproximándose a un consenso sobre los estragos de la pandemia en la economía y el bienestar social han demostrado enfoques similares, con algunas contradicciones entre el juicio normativo y el juicio positivo; lo primero que hay que ver, es que al requerir mayor gasto por parte del Estado, también se requieren las fuentes de producción que garanticen tales inversiones en el mediano y largo plazo para no perder el rumbo, seguido, de un análisis coyuntural entre la deuda histórica con el bienestar social y la necesidad de mayor infraestructura social para el desarrollo del país.
Sin embargo, las posturas difieren de la realidad económica que vive Colombia y que nos ubica en una incertidumbre sobre el futuro de la población en términos de ingreso y acceso al mercado. Veamos por qué: la relación entre gasto público y crecimiento económico depende en cierto modo del ciclo político actual, de la percepción de gobierno por parte de la población y de la fuente de generación de riqueza a nivel interno, representada por el empleo y los salarios, lo que quiero decir con esto, es que un Estado no siempre puede expandir el gasto sin antes tener un plan de austeridad con que disponer de recursos futuros para atender las necesidades de la población, y a su vez, esta última no puede hacer oídos sordos a los mecanismos de política a través de la cual el Gobierno garantiza el pleno cumplimiento de un Estado Social de Derecho.
La crítica sobre el gasto y el bienestar es bien conocida desde el punto de vista coyuntural, no obstante, la necesidad y la urgencia de brindar bienestar a la población discrepa en todos los puntos si no hay austeridad, entendida esta como el recorte del gasto público en funcionamiento del Estado y mantenimiento de la burocracia y el uso de los recursos sobrantes en políticas públicas con enfoque en infraestructura social: educación, salud, empleo, acceso a mercado entre otras.
Es así, como en plena lucha contra la pandemia, hay una propuesta brillante y muy funcional para tiempos de crisis; consiste en focalizar el gasto público en bienestar social a través de un plan de austeridad que redistribuya el ingreso en la población, aproximado en por lo menos 1 punto del PIB anual y proyectado a una escala temporal suficiente para atender el llamado de los colombianos en términos de igualdad y equidad social.
Si el Estado no constituye planes de austeridad robustos para nivelar la balanza en la distribución del ingreso, de lejos los resultados del gasto público van a hacer aguas en el modelo de infraestructura social, lo que quiere decir que el ciclo de los impuestos, el desorden administrativo, el hueco fiscal y la baja tolerancia a la presión macroeconómica terminarán por esterilizar al conjunto de políticas públicas de lucha contra la pobreza.
Por tanto, no necesitamos ampliar el gasto público al mismo tiempo que lo hace el costo de funcionamiento del Estado, la relación debe ser inversa para que existan resultados sobre el bienestar social, es decir que cada peso destinado a un hogar sea un peso proveniente de la austeridad, con ello podemos efectivamente redistribuir el ingreso.
Para finalizar, estas propuestas como bien lo dejó ver el informe de comisión de expertos tributarios, tiene que calar en el país, tiene que volverse una realidad tangible para que en adelante la riqueza se pueda redistribuir eficientemente a través de reformas con enfoque social.
Se trata pues, de más Estado benefactor, pero en condiciones de racionalidad económica, ya el Gobierno Nacional ha promovido este tipo de comportamientos austeros y viene haciendo su trabajo, sin embargo, se necesita más orden en la formulación de los planes de austeridad, lo vamos a necesitar tanto como ampliar el gasto.
Recordemos que: la fórmula de gasto sin un plan de austeridad no funciona ni aquí ni en ningún otro país del mundo.
Publicado: marzo 25 de 2021