La JEP, sin que medie un informe pericial, ni exista una investigación detallada, de la manga, como si se tratara de un acto de prestidigitación sacó una cifra no corroborada ni judicial ni fácticamente en relación con los denominados falsos positivos que supuestamente tuvieron lugar durante el gobierno del presidente Uribe, en el marco de la implementación de la política de seguridad democrática.
Es una puesta en escena muy bien orquestada y en la que el socialcomunismo criollo ha trabajado durante largos años tejiendo la pantomima con el propósito evidente de enaltecer a la guerrilla terrorista, reescribiendo la historia de horror a la que las Farc sometieron al pueblo colombiano.
En aras de la verdad, el país tiene que exigirles a los magistrados/militantes de la JEP que muestren las pruebas en las que se basaron para llegar a la conclusión de que en Colombia hubo más de 6 mil falsos positivos entre 2002 y 2010. ¿Cuál fue la metodología implementada?
Esto parece un embeleco similar a los utilizados por la tristemente célebre Natalia Lizarazo García -conocida comercialmente con el alias de Natalia Springer-, quien se enriqueció fabulosamente con la promoción de unos supuestos algoritmos por los que la fiscalía de Eduardo Montealegre le pagó miles de millones de pesos.
Con dicha tesis-que más parecía una fórmula de hechicería- se buscó impulsar las investigaciones a través del establecimiento de un contexto. Lo cierto es que fiscales con décadas de experiencia, despreciaron la metodología de Springer y fueron los que filtraron a los medios que aquello era, en efecto, una pantomima con la que la impostora estaba en realidad asaltando al erario.
Desde siempre se advirtió que la no exigencia de verdad hacia las Farc, desembocaría en una vulgar alteración y manipulación de los hechos.
La JEP no solo fue creada para asegurar la impunidad sino para cumplir un papel que resulta esencial para la extrema izquierda: acriminar a todos los sectores que hubieran enfrentado -desde lo político, periodístico, militar o socialmente- a la guerrilla terrorista.
El libreto es evidente: todos los que han adoptado posiciones críticas frente a las Farc son -y continuarán siendo- encasillados como auxiliadores del paramilitarismo y, en consecuencia, cómplices de los crímenes cometidos por las AUC.
El supuesto “mejor acuerdo posible” fue presentado como un mecanismo para pasar la página de la violencia en Colombia. El pueblo colombiano no cayó en la trampa tendida por Santos y sus negociadores. Por eso, la mayoría ciudadana votó por el NO en el plebiscito de octubre de 2016.
Ha quedado claro que la JEP, además de contemplar y proteger a los genocidas de las Farc, se concentrará en perseguir a militares y dirigentes políticos que no se rindieron ante la guerrilla. Y por eso, sus magistrados -todos ideológicamente afines al terrorismo- no tienen problema ninguno en sentarse a reescribir la historia nacional.
Para cumplir cabalmente su tarea de limpiar la cara de la guerrilla, los miembros de la JEP harán lo que sea necesario. Sus actuaciones confirman de lo que son capaces. Se inauguraron liberando al narcotraficante Jesús Sántrich. Luego continuaron armando el expediente de los secuestros, delito al que en ese tribunal llaman benignamente como “retenciones”. Y ahora, en vez de enfocarse en investigar y sancionar a Timochenko y sus secuaces, enfilan sus baterías para fortalecer la patraña de los falsos positivos para que el senador de Farc, Iván Cepeda, tenga “pruebas” para exigir que el presidente Uribe sea catalogado como un criminal de guerra.
Si la JEP no es clausurada, el Estado colombiano terminará hundiéndose por completo.
Publicado: febrero 22 de 2021
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