No nos dejemos confundir. Los falsos positivos si existieron. El punto no es si fueron uno, veinte o seis mil. El punto es que si existieron y todos los culpables deben ser sancionados con todo el rigor de la ley. El tema es que la información que suministra hoy la JEP está basada en informes de ONGs de dudosa credibilidad. ¿Cómo puedo uno creer en la imparcialidad de una ONG como la Fundación del Comité de Presos Políticos, que recibe “donaciones” de Iván Cepeda y que además es la ONG que entregó dinero al testigo Monsalve? Muy curioso.
Recordemos algo que es importante: Cepeda fue acusado por Uribe de usar falsos testigos y la Corte Suprema de Justicia decidió archivar el proceso contra Cepeda y abrirlo contra Uribe. En medio de este giro inesperado, surgen los testimonios de Monsalve los que, gracias a una labor seria de Vicky Dávila y su equipo de Semana, todos en el país pudimos conocer. Conocimos que Monsalve recibió ayudas económicas por parte de la ONG mencionada. Recordemos que en las grabaciones reveladas y en los testimonios del padre de Monsalve quedó claro que en reuniones con Cepeda y otras personas, les ofrecieron asilo político y ayudas económicas si declaraban contra Uribe. También recordemos que Cepeda, como está registrado en las grabaciones publicadas, insistía en preguntar por los supuestos movimientos de paramilitarismo que se daban en Guacharacas, Monsalve contestó: “No, no, no, no… cuando eso no iba nadie”.
Igualmente recordemos otro caso en el que la JEP presentó cifras las cuales no convencen: Dabeiba. La fundación FEVCOL, liderada por el periodista Ervin Hoyos, ha controvertido los hechos. Incluso se han colocado denuncias por “Concierto para delinquir, Falso Testimonio, Fraude Procesal y Falsa Denuncia” contra Rubiela Manco Rolda y Gustavo de Jesús Lezcano Alcaraz, padres de uno de los muertos presentados por la JEP pues ya ellos habían declarado que su hijo fue muerto a golpes a cien metros de la casa, pero luego recibieron una multimillonaria indemnización del estado denunciando que había muerto a manos del ejército.
El hecho es que la JEP se ha apresurado en recibir testimonios para acusar al estado y al gobierno de turno sin verificar con rigurosidad, como debería ser su obligación. (Mientras tanto no escucha a las mujeres de Rosa Blanca que quieren dar sus testimonios contra las FARC.).
Los falsos positivos si existieron. Eso no se discute. El gobierno del Presidente Uribe, alertado de esta ocurrencia y para asegurar la transparencia en las FFMM retiró del servicio activo a tres generales, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y seis suboficiales que estaban siendo señalados de desapariciones de civiles que luego aparecían muertos y presentados como “muertos en combate”. De igual forma se ordenó por parte de la presidencia que los levantamientos de cadáveres no los hiciera el ejército sino la Fiscalía para empezar a combatir los falsos positivos. Álvaro Uribe buscó que se investigara y se acabara con esa práctica.
No pretendo hacer acá un juicio sobre si Cepeda usa o no usa testigos falsos para acusar a Álvaro Uribe. Lo que quiero dejar planteado es que la JEP está admitiendo alegremente y como ciertas cifras entregadas por ONGs de dudosa credibilidad. Dudosa la credibilidad de la JEP.
Publicado: febrero 23 de 2021
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