Históricamente la migración a lo largo y ancho del planeta se ha dado en dos sentidos; el primero, el derecho a la libre movilidad de las personas entre países y el segundo, el efecto devastador de un gobierno por lo general dictador, que coarta las libertades humanas de los ciudadanos.
En Colombia la migración no ha sido una tarea fácil para los gobiernos, no obstante, el respeto por el derecho a la libre movilidad ha permitido que seamos una nación abierta al mundo, cuyos efectos han acelerado el flujo de capital humano desde América Latina al resto de continentes, transformando vidas en los ámbitos laboral, educativo, cultural, científico y social.
Pero desde hace ya 20 años, Venezuela, viene afrontando una crisis migratoria por cuenta del cambio dictatorial que afirmó el gobierno dirigido por el entonces presidente, Hugo Rafael Chávez Frías (reconocido como el comandante) y el ahora ultra proclamado Nicolás Maduro Moros, de origen desconocido, quien, haciendo uso de la política social de asistencialismo y propiedad del Estado, terminó por conjurar el mayor holocausto migratorio de ciudadanos venezolanos.
Socialismo del siglo XXI o simplemente socialismo autodirigido, Venezuela dejó de ser un referente económico y social en América Latina y el mundo, y se transformó en una nación violatoria de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales tal como se pueden estudiar a través de la clasificación que hace Naciones Unidas.
La crisis migratoria venezolana le tocó a Colombia en una proporción que equivale al 34% de los ciudadanos venezolanos que han migrado de su país, encontrándose en este momento con 1.729.537 migrantes, el 56% de ellos en condición irregular, 58% en edades de 18 – 39 años, 28% niños/as y adolescentes y 6.2 millones de migrantes venezolanos en el mundo. Dolor de patria para los venezolanos ante la desgracia que invocó su presidente, inimaginable poder dictatorial evocando la crudeza de la extinción la expropiación y el robo del derecho a la democracia.
Hoy el Gobierno Nacional a través del presidente Iván Duque tiene un gesto humanitario sin precedentes, al proponer el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETVP) complementando el régimen de protección internacional para enfrentar el fenómeno migratorio y proteger los derechos humanos.
En principio hay que entender que este estatuto es la ruta correcta para atender la tarea del éxodo de venezolanos al país, pues les brinda la posibilidad de formalizar su estadía por un periodo de 10 años, suficiente para reconstruir la base social y familiar en el país, para algunos podrá generar temor y a su vez incomodidad desde el punto de vista de convivencia, seguridad y tránsito laboral.
Sin embargo, dejar en libertad a la migración en condiciones de irregularidad es lo que está acabando con las relaciones sociales, pauperiza la economía y genera pobreza, al tiempo que incrementa el crimen, el vandalismo y la ilegalidad. De ahora en adelante todos los ciudadanos venezolanos deberán tramitar su registro ante migración Colombia permitiendo ser identificados, contabilizados y ubicados.
Nuestro gobierno demuestra la total ausencia de xenofobia y en cambio acoge la difícil realidad de los venezolanos en torno a un mecanismo de transito a través del cual también se garantizan las libertades y derechos de ciudadanía extranjera.
Jamás quisiéramos estar en la situación de Venezuela, ni mucho menos ser tratados con discriminación, nunca desearíamos un gobierno como el de Maduro y sus fuentes corruptas de manipulación socialista que mantiene, tampoco podemos ceder a la vergüenza de un país donde la migración presente fallos o siquiera no rinda cuentas sobre el cumplimiento de la política migratoria.
Finalmente enfatizo en dos principios: migración legal, a través del respeto de la soberanía colombiana por parte de los venezolanos, la contribución a la economía nacional, a la seguridad y a la dignidad del pueblo colombiano, segundo, respeto por los derechos humanos y el control sobre la crisis migratoria con base en el registro eficiente de ciudadanos venezolanos, en función del respeto institucional hacia la ley colombiana.
Publicado: febrero 11 de 2021
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