Comercio libre pero leal

Comercio libre pero leal

Es claro que el comercio internacional reduce el aislamiento y el atraso tecnológico de las naciones emergentes, además, disminuye los precios, incrementa la demanda, aumenta el poder adquisitivo de los salarios, estimula la competencia, mejora la calidad de los bienes y servicios, democratiza el mercado y desalienta la inflación.

Pero una liberalización súbita del comercio internacional, aunque favorece a todos, afecta a algunos sectores de la industria nacional que no están preparados para una competencia abierta.

En todo caso, el libre comercio debe ser leal, y de no serlo, no se debe permitir la importación de productos con precios predatorios fruto de dumping económico, ambiental o social, o de artimañas que ocasionan competencia desleal para la industria nacional.

Recordemos que la liberación del comercio no es absoluta, y, que antes por el contrario, su gradualidad comporta cuatro modelos: El primero llamado Autarquía, en el que salvo contadas excepciones, se prohíbe toda importación; el segundo llamado Apertura Económica, de tan mala recordación en Colombia, que tolera la importación de todo tipo de bienes que produce o no el país, sin o con un reducido pago de arancel; el tercero denominado Apertura Selectiva, que mediante el pago o no, de un moderado arancel, permite la importación de bienes que no produce el país o cuya producción es insuficiente; y, el cuarto denominado Liberación Recíproca, que salvo algunas reservas, permite la libre importación de bienes y servicios procedentes de las naciones que suscriben entre sí un tratado, convenio, acuerdo o protocolo de libre comercio.

Es claro que para naciones emergentes como Colombia, el modelo adecuado es la Apertura Selectiva, como quiera, que no afecta a la industria nacional y sí suple la producción de bienes que no fabrica el país o cuyo volumen de fabricación es deficitario.

Pero la adopción y mantenimiento de esta Apertura Selectiva, debe estar condicionada a que la industria nacional no abuse de la protección estatal, y que los precios y la calidad de sus productos sean competitivos frente a productos iguales o similares que se oferten en el mercado mundial.

Pero en Colombia y a espaldas de la población, sucede lo contrario; procesadores encartelizados, abusando de su posición dominante, incurren en colusión, al concertar entre ellos precios mínimos de venta a consumidores y precios máximos de compra a productores; y no satisfechos, demandan del Gobierno cierre de fronteras a las importaciones e intervención en favor de una devaluación que aumente de manera artificial las ganancias de sus exportaciones.

De lo anterior dan fe, las recurrentes sanciones económicas que les impone el Gobierno, así como la contradictoria sobreprotección que al mismo tiempo les brinda.

Sobrecoge que la protección a estos procesadores abusivos ahora se haya acrecentado, gracias a la suscripción de tratados de libre comercio con varias naciones, los qué para ellos, más que liberar el comercio lo restringe a sus anchas, y en algunos casos, hasta por 19 años.

Entretanto, los Gobiernos, por no tener un criterio claro sobre el modelo que el país debe adoptar para insertarse a la economía mundial y movidos por injustificadas protestas sectoriales, siguen tomando decisiones erradas y repentistas sin evaluar el impacto negativo que generan.

No se debe olvidar que Juan Manuel Santos, sin ponderación alguna, intentó la negociación de un TLC con China, nación campeona del dumping y de las mayores defecciones del mercado mundial, sin medir el efecto adverso que semejante ocurrencia le causaría a las pequeñas y medianas industrias nacionales.

Santos, memorable por hacer de sus errores aciertos y de sus fracasos éxitos, con tal de figurar y barnizar su imagen internacional, negoció todo, hasta la misma institucionalidad democrática de la nación.

Pero lo lamentable de ese oscuro pasaje, por fortuna fracasado, es que los gremios y la opinión pública no se hubieran opuesto a semejante despropósito, qué de haberse consumado, hubiera aniquilado a muchas empresas nacionales que sobrevivieron a la irracional y perversa Apertura Económica impuesta por Cesar Gaviria durante su gobierno.

Es Deseable que el actual Gobierno, revise en profundidad la política de comercio internacional y adopte el modelo de Apertura Selectiva, que como antes se señaló, permite mediante el pago o no, de un moderado arancel, la importación de bienes que no produce el país o cuya producción es insuficiente.

Que viva el libre comercio, pero siempre y cuando sea leal.

COLOFON: Es inexplicable y por demás injusto, que el presidente Iván Duque haya nombrado a Bibiana Taboada Arango como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República.

Es claro y evidente, que la señora Taboada Arango no tiene la formación, la experiencia, la experticia ni el bagaje para asumir tan exigente y delicada responsabilidad. Mucho tendrá que estudiar la señora Taboada Arango, para tratar de entender, comprender y asimilar el contenido y alcance de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, así, como las funciones del Banco Central como regulador de la circulación del peso, los cambios internacionales y el crédito; emisor de los billetes y monedas; administrador de las reservas internacionales; prestamista de última instancia; banquero de los establecimientos de crédito; y, agente fiscal del gobierno.

La mayor fortaleza de la señora Taboada Arango, es ser hija de una muy leal pero discreta exministra, hoy, inexplicablemente Embajadora de Colombia ante la ONU. Sería de buen recibo que la señora Bibiana Taboada Arango declinara su nombramiento.

Para ocupar tan encumbrado cargo, no basta tener títulos académicos, además se requiere, mérito, esclarecidos conocimientos, trayectoria, experiencia, sobresaliente juicio y depurados criterios. La influencia familiar no debería ser decisiva en estos nombramientos

Por su parte, el presidente Duque a quien siempre he apoyado, no debería darle la espalda a la meritocracia que tanto ha predicado.

@RRJARABA

Publicado: febrero 8 de 2021

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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro en Derecho. Profesor Universitario de Derecho Financiero y Negocios Internacionales. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

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