La suspensión permanente de la cuenta de Twitter del presidente de los Estados Unidos, ha despertado un debate legítimo sobre la politización de las empresas propietarias de las redes sociales y, en consecuencia, la falta de garantías reales para los sectores de la denominada derecha en el mundo entero.
El primer punto de la discusión doméstica en los Estados Unidos tiene que ver sobre si la empresa Twittervulneró el derecho a la libertad de expresión del presidente Trump, derecho consagrado en la Primera Enmienda de la constitución de aquel país.
Los defensores de Trump, no dudan en asegurar que la red social efectivamente sí violó la libertad del presidente de los Estados Unidos, toda vez de que no existe una incitación directa por parte suya a la comisión de acciones de violencia o vandalismo.
Viéndolo con despojo de cualquier apasionamiento, no existe una sola evidencia que indique que el presidente de los Estados Unidos haya alentado a sus seguidores y simpatizantes para que violaran la ley y desataran el desorden que se registró la semana pasada en el Capitolio de la ciudad de Washington.
Es innegable que él los estimuló para que defendieran su derecho a reclamar transparencia absoluta en los resultados electorales que le dieron la victoria a la fórmula izquierdista integrada por Joe Biden y Kamala Harris. Pero en ningún caso se ha visto al primer mandatario de los Estados Unidos llevando a sus electores hacia la demencial oleada de violencia que se registró en la capital norteamericana.
Según expertos constitucionalistas citados en la edición dominical del 10 de enero en el New York Times, Twitter por ser una empresa privada que no gubernamental, no tiene obligación de ninguna naturaleza en la observancia de la primera enmienda. El periódico neoyorquino consultó a RonNell Andersen, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Utah quien aseguró que “la primera enmienda limita solo a los actores gubernamentales, pero ni una empresa de redes sociales, ni un editor de libros es el gobierno. De hecho, esas corporaciones tienen derecho, consagrado en la Primera Enmienda, a que el gobierno no les exija estar de acuerdo con posiciones políticas”.
Lo cierto es que en un abrir y cerrar de ojos, el presidente Trump quedó silenciado en las redes sociales. Facebook limitó su cuenta y solo permitirá que el mandatario pueda volver a hacer ‘posts’ luego de que abandone la Casa Blanca el próximo 21 de enero y Twitter cerró para siempre su cuenta -que tenía más de 88 millones de seguidores-.
Valga recordar que las redes fueron claves para el asenso y el posicionamiento de Trump antes de su primera elección, cuando se enfrentó al establecimiento del partico Republicano primero y luego a Hillary Clinton.
Gracias a Twitter y Facebook, el actual mandatario de los Estados Unidos, logró conquistar a la base conservadora de su país. Mientras la candidata demócrata contaba con el apoyo de más del 95% de los medios de comunicación tradicionales, Trump afincó la difusión de sus propuestas de gobierno en canales alternativos -como InfoWars, medio conservador dirigido por Alex Jones, también censurado en Twitter, Facebook y YouTube– y medios digitales como Breitbart News.
Surge un interrogante necesario: ¿Las plataformas y redes sociales son igual de rigurosas frente a los posibles desmanes y abusos de los dirigentes políticos de izquierda?
Basta con darle una mirada al caso colombiano, puntualmente el del jefe de la extrema izquierda, el exterrorista del M-19 Gustavo Petro, quien funge como jefe de la oposición en ese país a través de una estructura denominada Colombia Humana.
Petro, conocido de autos por su virulencia y por su irresponsabilidad, de manera sistemática se ha valido de sus redes sociales, específicamente Twitter para agitar los ánimos e incitar a la violencia.
Con ocasión de los actos de vandalismo que se registraron en Bogotá, cuando una horda de desadaptados atentó contra la Policía Nacional, lanzando bombas incendiarias contra agentes policiales, Petro, desde la comodidad de su lujosa casa en las afueras de Bogotá, no ahorró esfuerzos para generar odio entre sus seguidores. El ‘megáfono’ del líder izquierdista fue su cuenta de Twitter, la cual nunca fue ni suspendida ni amonestada, a pesar de que sus trinos fueron determinantes a la hora de encender los ánimos.
El doble racero por parte de los directivos de Twitter, que fueron tan rigurosos en el caso Trump, es más que evidente cuando se trata de agitaciones llevadas a cabo por militantes de la izquierda. En Estados Unidos, hace un par de meses, cientos de ciudades fueron vandalizadas por simpatizantes del denominado black lives matter. Monumentos y estatuas fueron derribadas ante la mirada impotente de las fuerzas del orden que eran agresivamente intimidadas por los manifestantes.
Las convocatorias de black lives matter se realizaron a través de las redes sociales que, entonces, sirvieron como caja de resonancia y ni una sola reflexión se hizo sobre los actos de horror que se desencadenaron.
La derecha ha quedado notificada: las redes sociales harán hasta lo imposible por sitiar a todo aquel que enfrente con vehemencia a los denominados ‘progresistas’. Lo que hace una década se figuraba como un avance en la democratización de la información, hoy se ha convertido en una herramienta para fortalecer a la izquierda y silenciar a los defensores de la democracia liberal.
John Matze, CEO de Parler
“Parler’ en la mira de la oligarquía de Silicon Valley
Y el bozal es cada vez más agresivo. Hace algunos meses, surgió una red social que tiene como propósito garantizar la libertad de expresión de la derecha. Se trata de Parler, herramienta creada a finales de 2018 por John Matze y Jared Thomson.
El crecimiento de Parler ha sido exponencial (La dirección de LOS IRREVERENTES en esa red social es @LosIrreverentes). En menos de 2 años y medio ha logrado cautivar a más de 10 millones de usuarios, la mayoría de ellos seguidores de las ideas políticas de centro-derecha.
Pero la supervivencia de Parler está gravemente amenazada por cuenta de una absurda decisión adoptada por la oligarquía de Silicon Valley, obligando a Parler a moderar sus contenidos.
La red social, utiliza los servicios de Internet de Amazon y su aplicación se descarga a través de Apple y Google -dependiendo del sistema operativo-. En una acción evidentemente concertada, Apple, Google y Amazon atacaron a la red social alegando que aquella no le pone cortapisas a los mensajes que incitan y estimulan el odio.
John Matze, director ejecutivo de Parler emitió un comunicado en el que denunció “un esfuerzo coordinado para eliminar por completo la libertad de expresión en Internet”.
No deja de ser preocupante que los supuestos ultradefensores de la libertad de expresión y de los derechos humanos, en realidad sean unos poderosos perseguidores de una amplia margen de la sociedad, buscando silenciarla con el propósito de imponer, a la brava, su visión retorcida y peligrosa del mundo.
Publicado: enero 10 de 2021
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