Alejandro Ordóñez sale de la procuraduría y entra a la puja por la presidencia con muchas posibilidades reales de ganar.
Cuando en un régimen, el gobernante logra sacar del camino a todo aquel funcionario que no es de su agrado para poner en reemplazo suyo a alguien que sí lo sea, se sospecha que hay dictadura. Cuando en un régimen se pasa por encima de la ley y se promueve la destitución del funcionario que tiene como función escencialísima vigilar y controlar, se cree que hay dictadura.
Cuando un régimen invade las esferas de otra rama del poder que le es ajena, en este caso la jurisdiccional, para ejercer presión indebida con el fin de que se tome una medida arbitraría, tardía y agresiva contra aquella persona que le es molesta por no sumarse al unanimismo, por constituirse en una voz crítica del gobernante y por cuestionar decisiones suyas que en efecto resultan controversiales, se está en una dictadura.
La anulación de la elección de Alejando Ordóñez, a escasos 3 meses de completar su periodo como cabeza del ministerio público, es reflejo fiel del talante dictatorial de un Juan Manuel Santos perfectamente intolerante a la crítica y al disenso y que está acostumbrado a “hacer lo que le da la gana”, sin respetar los controles y los contrapesos que le imponen la Constitución.
La salida de Ordóñez estaba cantada. Era, como él bien lo dijo “el primer pacto de La Habana”. Para Santos, para los enemigos del orden constitucional y para las Farc, Ordóñez resultaba un personaje incómodo del que había que salir al precio que fuera.
La izquierda radical lo ve como la encarnación de todos los males por cuenta de sus posiciones legalistas en defensa del orden, de las leyes y de los principios fundantes del Estado de Derecho.
No le perdonan haber sido el único funcionario del Estado que desde hace años empezó a denunciar en todos los escenarios que los alcances de lo que estaba negociándose en La Habana contrariaba los compromisos adquiridos por Colombia en materia de castigo efectivo contra los perpetradores y determinadores de los crímenes de lesa humanidad.
La de Ordóñez no fue una oposición al proceso de paz. Todo lo contrario. Desde siempre dijo que el proceso era bienvenido y necesario, pero en el nombre de éste no podían extenderse cheques en blanco a favor de una guerrilla que ha sido responsable de los peores crímenes y atrocidades. Aquello irritó sobremanera al presidente de Colombia y a sus conmilitones, los jefes terroristas de las Farc que desde La Habana se dieron a la innoble tarea de reclamar su cabeza.
Y Santos, que como regla general no cumple sus compromisos, éste –el de salir del Procurador General de la Nación- sí lo satisfizo con agrado y disciplina.
Perder a Ordóñez en el organismo máximo de control disciplinario de Colombia significa que, a pocas semanas de que se lleve a cabo el plebiscito desequilibrado y tramposo con el que Santos busca la ratificación de los acuerdos con las Farc, el gobierno ha logrado sacar del camino al funcionario que le estaba poniendo cortapisas a los desmanes que se vienen cometiendo en la campaña del SÍ, desde el presidente para abajo.
Los enemigos de la oposición se han burlado de la oposición uribista que desde siempre ha denunciado el establecimiento de un régimen castrochavista en Colombia, alegando que aquella queja es una manifestación desproporcionada y paranoica que no se ajusta en absoluto a la realidad. Pero, ¿acaso en la Venezuela chavista no se sacado del camino a través de canales “institucionales” a todos los funcionarios que no se someten dócilmente a los caprichos del gobierno? ¿No se persigue utilizando a la rama jurisdiccional a quienes ejercen la oposición? ¿No se descalifica con virulencia a los que tienen el valor republicano de denunciar los abusos que se cometen, violentando a la Constitución y las leyes? La salida de Ordóñez es una muestra fehaciente de que en Colombia los pesos y contrapesos necesarios en cualquier sistema democrático han sido perfectamente eliminados, todo en nombre de la supuesta paz.
De procurador a candidato
Colombia ha perdido a un estupendo Procurador General de la Nación, pero en el mismo instante se ha ganado a un candidato presidencial con muchas opciones. A pocos meses del inicio de la campaña presidencial, el centro-derecha del espectro ideológico tendrá en Alejandro Ordóñez a un aspirante que tiene la capacidad de recoger la insatisfacción de millones de colombianos que están contra el rumbo que ha tomado el país.
Si Ordóñez mueve con habilidad sus fichas en las próximas semanas, logrará recoger a una muy buena parte del electorado que se declara en oposición a Santos, a las Farc y a los acuerdos celebrados en La Habana.
El, a pesar de su militancia conservadora, seguramente se presentará como candidato independiente para efectos de recoger militantes de la base de diferentes partidos. En el electorado del uribismo su nombre despierta muchísimas simpatías, lo que se constituye en una suerte de amenaza para los actuales precandidatos de esa colectividad que, a pesar de estar haciendo la tarea de recorrer al país para posicionar sus nombres, éstos aún tienen un nivel muy limitado de reconocimiento.
En las elecciones de 2018, por encima de la caduca disciplina partidista, se impondrá el pragmatismo de unos electores que buscarán la manera más eficaz para derrotar al continuismo santista y en ese escenario Ordóñez tiene mucho por ganar. Su verticalidad y talante están probados. El suyo no fue un discurso sinuoso ni contemporizador. Jugó sus cartas de frente y con argumentos sólidos, hechos que le generó una inmensa popularidad en los ciudadanos que ven con temor el destino hacia el que se dirige la Colombia que se ha negociado en la isla de los hermanos Castro.
Así las cosas, paradójicamente, lo mejor que le ha podido pasar a Alejandro Ordóñez fue haber sido sacado a las malas del cargo que venía desempeñando. Tiene ante sí un escenario en el que todo será ganancia para él, pues al fin y al cabo un amplio sector de la sociedad ve en él una alternativa y un líder capaz de ejercer la vocería de su inconformismo.
@IrreverentesCol