Apurado por el riesgo de que el plebiscito se cruzara con la reforma tributaria que debe tramitar este año, el gobierno por fin consiguió que las Farc firmaran el acuerdo final. Las Farc, que son crueles pero no tontas, no iban a dejar de hacerlo, después de que consiguieran casi todo.
Santos repitió su táctica del pasado y apenas De la Calle y compañía se medio endurecieron en La Habana, los relevó de funciones y envió, con la orden de que firmaran a cualquier costo, a Juan Fernando Cristo y a Rafael Pardo, tal como había hecho antes con Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao en el tema de justicia y después con Roy Barreras y la canciller Holguín, que no para de meter la pata en materia internacional pero que ha resultado muy hábil para orquestar fanfarrias llenas de personajes y personajillos internacionales que encandilan a nuestros periodistas enmermelados.
Así que nos anuncian que habrá plebiscito. Antes, sin embargo, el Congreso tiene el deber de aprobar o rechazar la convocatoria que hará el gobierno. Pero ocurre que la Presidencia se niega a revelar el texto de la pregunta que habrá de presentarse a los ciudadanos. Por un lado, si no se sabe la cuestión, ¿qué será lo que aprobarán los congresistas? El Congreso debe dar su concepto sobre una materia concreta y ocurre que el Gobierno, en el informe del 25 de agosto al parlamento “de la decisión de convocatoria a un Plebiscito”, se limita a decir que “ha previsto el día 2 de octubre de 2016 como la fecha de realización” del mismo. Nada más. Por el otro, de acuerdo con la Corte Constitucional el plebiscito “no es someter a refrendación el contenido y alcance del derecho a la paz sino solamente auscultar la voluntad del electorado sobre la decisión pública contenida en el Acuerdo Final”. De manera que solo si el Congreso conoce la pregunta sabrá si el plebiscito se ajusta a lo ordenado por la Corte o si el gobierno pretende hacerle trampa al alto tribunal y a los ciudadanos. Y será solo sobre esa base que el Congreso pueda aprobar o rechazar la convocatoria. Otra cosa será dar otro cheque en blanco al Presidente y vulnerar la decisión del tribunal constitucional.
Me han informado que el Ministerio de Hacienda ya aprobó los recursos para la realización del certamen. ¿Con qué base legal lo hizo si no hay aun aprobación del plebiscito por el Congreso? Hacienda no puede disponer de 280 mil millones de pesos, que es lo que costarán la organización de los comicios en la Registraduría, sin contar los gastos de publicidad, si no tiene aprobación presupuestal previa.
También tenemos claro que las Farc no estarán concentradas para el 02 de octubre porque, como nos anunciaran y aunque el cacareado acuerdo entre ellas y el gobierno dijera otra cosa, tal concentración no se dará sino después del plebiscito. Es decir, el plebiscito se hará con ellas armadas y con posibilidad de constreñir a los electores. El magistrado ponente de la Constitucional nos aclaró que las Farc no tenían que entregar las armas, pero sin concentración no habrá garantía alguna de que “el elector no puede ser coaccionado a través del uso de la violencia”, según palabras del mismo magistrado. “Una condición necesaria para la protección de la libertad del elector es evitar que sea coaccionado para optar por una u otra alternativa frente a la Acuerdo Final” había dicho la Corte en su sentencia. Pues no, el plebiscito, para desmedro adicional de su legitimidad, en las regiones de presencia de las Farc se hará con el fusil en la nuca.
Ahora vendrá la evaluación sobre el contenido de los acuerdos. Habrá que tener paciencia para leerse ese mamotreto que, por obra y gracias de la auto emasculación de los parlamentarios de la Unidad Nacional, hará parte del bloque de constitucionalidad. Yo no he terminado de hacerlo y por eso no opino todavía. Mientras, las Farc siguen justificando su violencia y mantienen sus ideales de imponer en Colombia el modelo comunista que fracasó en todas partes, nuestros vecinos incluidos. ¡Y nunca pidieron perdón ni Santos se los exigió!