Nuestro país está en mora de emprender una reforma integral al sistema penitenciario, con miras a establecer un modelo que realmente resocialice a las personas que han sido privadas de la libertad.
Las cárceles, no pueden seguir siendo “universidades” del crimen. Los elevados niveles de reincidencia, nos confirman que una de las asignaturas que tenemos pendientes es, precisamente, la de implementar medidas eficaces, tendientes a garantizar la resocialización de los presos de nuestro país.
En el universo de las funciones esenciales de la pena, la resocialización de los reos tiene una importancia sustantiva. El país debe entender que a esas personas hay que capacitarlas para que, una vez satisfagan su deuda con la sociedad, puedan reincorporarse a la vida en comunidad de manera plena.
En días pasados, con un grupo de congresistas de diversas regiones del país, presentamos un proyecto de ley que busca dictar un paquete de normas tendientes a fortalecer la resocialización de los reclusos.
La ley, como tal, no tendrá impacto ninguno si la sociedad no hace una verdadera reflexión sobre lo importante que resulta dotar de instrumentos a los presos para que, mientras purgan sus respectivas condenas, además de capacitarse, le aporten al aparato productivo nacional.
Una de las iniciativas contempladas en el proyecto que hasta ahora comienza su tránsito por el Congreso de la República, es la de generar las condiciones para la creación de “fábricas penitenciarias” que pondrán en marcha proyectos industriales y comerciales, en los que trabajarán los reclusos.
Igualmente, se insistirá en el establecimiento de penitenciarías agropecuarias, donde los presos tendrán los espacios suficientes para el desarrollo de proyectos agroindustriales de gran calado. Creo firmemente que no podemos continuar cruzados de brazos ante el desbordante crecimiento de la población carcelaria, sin hacer nada para capacitar y emplear en proyectos útiles a las personas privadas de la libertad.
Debemos ser conscientes de que no todos los presos revisten la misma peligrosidad y que muchas de las personas que hoy se encuentran tras las rejas pueden ser efectivamente resocializadas.
Y para evitar que presos peligrosos, verdaderos antisociales que ponen en peligro a la comunidad, como los feminicidas y asesinos de menores de edad, tengan acceso a ese tipo de beneficios, el mismo proyecto prevé que ellos jamás podrán ser remitidos a las fábricas penitenciarias o a las penitenciarías agrícolas.
Tenemos que ser conscientes de que los reos algún día recuperarán su libertad, razón por la que una vez en la calle, hay que reducir al máximo posible el riesgo de reincidencia. Así las cosas, el tiempo de reclusión debe ser empleado en tareas útiles que le muestren a los reclusos que efectivamente sí hay oportunidades por fuera de la criminalidad.
Las normas penitenciarias vigentes, contemplan que las personas condenadas, a través del estudio y el trabajo, puedan redimir parte de su pena.
El código penitenciario indica que por cada dos días de estudio o trabajo, se descontará un día de sentencia. El problema radica en que no existe un verdadero esquema laboral que capacite y enseñe a los detenidos nuevas habilidades que les puedan ser útiles, una vez recuperen la liberta de forma definitiva.
Así mismo, muchas cárceles carecen de la infraestructura para adelantar estudios o realizar cualquier tipo de trabajo, con lo que el ocio -que puede convertirse en caldo de cultivo para la planificación de actividades ilegales- termina siendo la única alternativa de los reclusos.
También, a través de iniciativas de resocialización tales como las que hemos contemplado en el proyecto de ley recientemente presentado, se combate el hacinamiento carcelario que, según el INPEC es del 51%.
Tengo el convencimiento absoluto de que este proyecto debe ser aprobado por el Congreso y, una vez sea ley de la República, el país estará dando un salto en el sentido correcto hacia la resocialización de la comunidad que se encuentra privada de la libertad.
La sociedad no puede darle la espalda a quienes están en las cárceles del país. Aquellas personas, que efectivamente se equivocaron, deben tener una segunda oportunidad.
No otorgárselas es, de alguna manera, abrir la compuerta para que, cuando recuperen la libertad, tengan ante si mismos la tentadora posibilidad de volver por el horrible camino de la criminalidad.
Publicado: agosto 26 de 2019
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