Probado el interés del gobierno por condenar a Pretelt, enviando a un funcionario de la presidencia a hablar con senadores durante el juicio.
El debate en el senado de la República para tratar el caso del magistrado Pretelt no pudo ser más atropellado, desordenado y carente de garantías para el procesado porque el presidente de la Cámara Alta, Mauricio Lizcano no tuvo tiempo para cometer más arbitrariedades.
Colombia pudo ver en vivo y en directo cómo se adelantó un juicio político en el que la defensa técnica del procesado no pudo hablar para efectos de exponer sus argumentos. Solo al final, cuando el atropello era evidente, Lizcano accedió a que el magistrado pudiera ser oído en el juicio que bastante parecido tiene a uno de esos tribunales inquisidores que en la Edad Media adelantaban dominicos contra todo aquel que fuera sospechoso de herejía.
Durante más de 8 horas, en el senado se oyó de todo, menos de pruebas contra el magistrado Pretelt. Por un lado, el senador José Obdulio Gaviria puso en evidencia las protuberantes falencias en materia procesal, enumerando una a una las causales por las que la investigación debe ser anulada y enviada de nuevo a la Cámara de Representantes para que comience de nuevo. Su exposición no deja espacio para las dudas. La investigación contra Pretelt, liderada e impulsada por el representante Julián Bedoya Pulgarín, se adelantó con base en una ley equivocada, violando así el derecho al debido proceso del magistrado.
Como estaba cantado, la solicitud de nulidad sustentada por Gaviria fue mayoritariamente derrotada por un Senado que claramente tiene el mandato, como se ha denunciado amplia y públicamente, de acabar con Pretelt cuanto antes para despejar el camino y Santos pueda nombrar en su reemplazo a un magistrado amigo que vote favorablemente en la Corte Constitucional todas las iniciativas del gobierno.
Y el interés es tan ostensible que en pleno juicio el Alto Consejero Presidencial para asuntos políticos de la Casa de Nariño, Luis Miguel Pico –cuota política de la exsenadora condenada por concierto para delinquir, Zulema Jattin- fue visto en la plenaria del senado conversando con bastantes senadores de la Unidad Nacional.
Lo increíble es que en el momento en que un senador uribista denunció el hecho ante el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, éste dijo no haberlo visto, cuando en las redes sociales ya estaban circulando las fotografías del funcionario de la presidencia hablando con senadores en el interior del salón donde se reúne el pleno del Senado.
El país pudo confirmar la falta de pruebas contra el magistrado de la Corte Constitucional cuando por más de dos horas el senador del partido de La U y cuota política de la cuestionada gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, Roosvelt Rodríguez leyó apartes completos del expediente tratando de convencer a sus colegas de que Pretelt sí solicitó el dinero para darle trámite a la tutela de Fidupetrol. Ni una sola prueba. Solo hubo referencias de oídas, datos fragmentados y suposiciones carentes de sustento.
La gran “evidencia” con la que las mayorías santistas pretenden separar a Pretelt de la Corte Constitucional es una grabación obtenida de forma ilegal en la que el abogado Pacheco habla con un magistrado del supuesto pedimento de dinero.
La intervención del representante investigador
Julián Bedoya Pulgarín, un representante a la Cámara del partido liberal elegido en el departamento de Antioquia fue la persona a la que le correspondió liderar la investigación contra Pretelt. Bedoya, un hombre cuya hoja de vida está salpicada de puntos negros, empezando por su accidentado paso por la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional de la que fue expulsado por haber estado envuelto en un escándalo de robo de armas, tuvo en sus manos la responsabilidad de investigar a Pretelt sin tener el menor conocimiento de derecho. Su experiencia se limita a haber estudiado 3 semestres en la universidad pero por incapacidad intelectual no pudo continuar cultivándose académicamente.
Como correspondía, tuvo oportunidad de hablar para exponer las pruebas suficientes para que el Senado proceda contra Pretelt. Su propia ignorancia lo delató. Como dijo el senador José Obdulio Gaviria en el debate, Bedoya intervino con las vísceras y no con el cerebro, delatando el odio personal que tiene contra el investigado Pretelt.
Ahora que Bedoya se ha vuelto “famoso” por cuenta de su papel en el proceso contra el magistrado, le corresponderá aclarar algunos aspectos de su carrera política, como por ejemplo su cercanía con el determinador de la masacre de Segovia, Antioquia, el condenado exdirigente liberal César Pérez García. Así mismo, una fuente de LOS IRREVERENTES, ha dicho que Bedoya debería exponer de manera pública los nombres de todas las personas que financian sus aventuras política. “Encontrarán bastantes sorpresas”, aseguró la fuente.
Después de 9 horas de debate, la mayoría de senadores aprobó la proposición en el sentido de que Pretelt debía ser oído por la plenaria, antes de que ésta tome una decisión de fondo, razón por la que la sesión fue levantada, ordenándose citar al magistrado para que comparezca ante su juez natural.
Al margen de las enmiendas de último momento que pretenda dársele al accidentado juicio contra Pretelt, lo que ha quedado claro es que una vez el expediente llegue a la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, expertos en derecho penal y procesal, tendrán ante sus ojos un expediente cargado de irregularidades y causales de nulidad. Seguramente se abstendrán de avocar la investigación y devolverán el proceso al Congreso de la República para que vuelva a realizarse, decisión que dejará en ridículo a los congresistas que, por soberbia y compromiso con el presidente Santos, no quisieron oír las voces reposadas de colegas suyos que desde hace meses vienen advirtiendo que el proceso Pretelt es, en efecto, una colección de irregularidades, nulidades y violaciones al debido proceso.
@IrreverentesCol