La cámara de representantes hundió una iniciativa presentada por el congresista uribista, Álvaro Hernán Prada, quien buscaba introducirle un parágrafo a un articulo de la ley de orden público con el que se facultaba al gobierno nacional para ordenar la captura de los terroristas de las Farc que no comparezcan ante la JEP.
La iniciativa, aunque inteligente y necesaria, no cuadra dentro del espíritu de la ley 418 –conocida como de orden público-, pues aquella norma que tiene una vigencia limitada de 4 años es la que brinda herramientas legales para que el presidente de la República, en su condición de máximo responsable de la seguridad nacional, emprenda procesos de diálogo que conduzca a la desmovilización de los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley.
Habida cuenta de que la 418 no es una ley penal, ni de procedimiento para privar ciudadanos de la libertad, era obvio que la iniciativa de Prada iba a caerse, ya fuera en el debate en el Congreso o en la corte constitucional.
Pero aquello no significa que la propuesta sea vana. Todo lo contrario. Urge que se incorpore una ley en ese sentido, pues ya se ha visto la inoperancia de la JEP a la hora de llevar a los miembros de las Farc ante sus jueces y magistrados.
Es sabido que la JEP es un tribunal diseñado a la medida de las exigencias de las Farc. Quienes lo integran, son abogados mayoritariamente simpatizantes de la izquierda que observan una actitud insoportablemente complaciente con los miembros de la banda delincuencial a la que supuestamente tienen que juzgar.
Hechos como el de Iván Márquez, Romaña o El Paisa, bandidos de altísima peligrosidad que se han venido burlando de la JEP y que no han atendido los llamados para que comparezcan, obligan a que el congreso dote de facultades al gobierno nacional para hacer cumplir el compromiso que las Farc adquirieron con el Estado colombiano cuando suscribieron el acuerdo ilegítimo con Juan Manuel Santos.
Es sabido que si los terroristas delinquen con posterioridad a la firma del acuerdo, la justicia ordinaria –como ocurrió en el caso del extraditable Jesús Sántrich- entra a operar. Pero hay un vacío respecto del mecanismo para obligar a los miembros de las Farc a comparecer ante la JEP. Y dado que no hay una regla clara al respecto y que la propia JEP –con mucha complicidad- ha permitido que integrantes de esa guerrilla terrorista hayan vuelto al monte, no propiamente a conocer la abundante fauna y flora de nuestra manigua, resulta inaplazable que se aprueba una norma que brinde las herramientas para que el Gobierno, apoyado por la policía judicial, pueda garantizar que todos los miembros de las Farc sean conducidos ante los jueces y magistrados de la JEP.
Así pues, en el próximo periodo de sesiones ordinarias del congreso que empieza en marzo del año entrante, es urgente que se propicie el debate y aprobación de dicha norma.
Publicado: diciembre 14 de 2018
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