He pasado las últimas semanas conversando con economistas colombianos de primer nivel. No uno, sino varios. Exministros de Hacienda de distintos gobiernos, técnicos que han ocupado cargos en el Banco de la República, académicos que siguen con lupa cada decisión fiscal. Y hay algo que me ha llamado poderosamente la atención: más allá de las diferencias ideológicas que puedan tener entre ellos, el diagnóstico sobre la situación actual es notablemente coincidente. Y no es optimista.
Cuando uno junta las piezas del rompecabezas macroeconómico colombiano, empieza a ver una imagen preocupante. Una imagen que no se construye con eslóganes ni con narrativas de gruesas calibres, sino con números duros, con trayectorias fiscales y con la erosión sistemática de instituciones que durante décadas le dieron al país un piso de credibilidad.
El ancla que se soltó
Uno de los puntos en los que más insisten los expertos con los que he hablado es en el debilitamiento de la institucionalidad fiscal. Colombia había logrado construir, con esfuerzo, un sistema de reglas que le permitía navegar tormentas sin perder el rumbo. La regla fiscal era ese ancla. Pero cuando se activó la cláusula de escape sin un sustento técnico sólido, se abrió una puerta peligrosa.
Lo que vino después es predecible para cualquier estudiante de macroeconomía: mayor déficit, más endeudamiento y un mensaje pésimo para los mercados. Hoy la deuda pública ronda el 65% del PIB, superando incluso los niveles de la pandemia. Y lo más grave no es el número en sí mismo, sino lo que viene con él: el costo del servicio de la deuda se ha disparado. Pagamos tasas de interés entre un 35% y un 60% más altas que a inicios de 2022. Eso no es un dato menor: significa que cada vez más recursos del presupuesto se van en pagar intereses y menos en hospitales, escuelas o infraestructura. Es el fenómeno que los economistas llaman crowding out: el Estado le quita espacio al sector privado y, de paso, se come su propio presupuesto social.
Los técnicos con los que he hablado coinciden en que la solución no es sencilla, pero sí clara: hay que devolverle dientes a la institucionalidad fiscal. Propuestas como fortalecer al Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) con capacidad incluso de frenar proyectos de ley que impliquen gasto sin respaldo empiezan a sonar con fuerza. Algo así como un banco central, pero para la política fiscal. Y no es una idea descabellada: si el Banco de la República tiene autonomía para manejar la política monetaria, ¿por qué no un órgano técnico independiente para vigilar el gasto público?
Crecimiento de mentira
Otro de los temas que ha surgido una y otra vez en mis conversaciones es la naturaleza del crecimiento económico actual. El gobierno ha celebrado cifras que rondan el 3%, pero cuando uno raspa un poco la superficie, encuentra que más de la mitad de ese crecimiento está soportado en administración pública. Dicho de otra manera: crecemos porque el Estado gasta, no porque el sector privado invierta. Y eso, como me explicaba uno de los exministros con los que hablé, es insostenible a mediano plazo.
La inversión privada como porcentaje del PIB está en sus niveles más bajos en tres décadas. ¿La razón? La confianza se ha evaporado. Los empresarios no saben qué esperar: reformas que cambian las reglas de juego, ataques retóricos permanentes al sector productivo, emergencias económicas que parecen más políticas que técnicas. Y en ese ambiente, nadie pone plata.
El problema es que sin inversión privada no hay crecimiento sostenible, y sin crecimiento no hay recursos para financiar el gasto social. Es una trampa. Y lo más preocupante es que el empleo que se genera en este modelo es precario: rebusque, informalidad, burocracia estatal. Más de la mitad de los ocupados en Colombia gana menos de un salario mínimo, y esos no ven los aumentos decretados, pero sí sufren la inflación que esos mismos decretos terminan alimentando.
La reforma que no fue y la que no debió ser
Uno de los temas más espinosos que han salido en estas conversaciones tiene que ver con las reformas estructurales. Hay consenso en que el país necesita cambios profundos en materia pensional, de salud y educación. Pero lo que se ha presentado, me dicen, no apunta en la dirección correcta.
En pensiones, por ejemplo, la reforma aprobada no resuelve los problemas de fondo: edad de jubilación, semanas de cotización, sostenibilidad del sistema. Más bien, introduce distorsiones que probablemente obligarán a otra reforma en pocos años. Es lo que un experto llamó «una reforma que necesita otra reforma para solucionar lo que no fue capaz de solucionar».
En salud, el diagnóstico es similar. Nadie niega que el sistema tiene problemas estructurales. El déficit anual en el aseguramiento ronda los 10 a 15 billones de pesos, y la deuda acumulada podría superar los 50 billones al cierre de este gobierno. Pero la reforma propuesta, en lugar de enfocarse en eficiencia, tecnología y gestión de riesgos, se enredó en disputas ideológicas y terminó generando más incertidumbre que soluciones.
Y en educación, el rezago es evidente. Mientras el mundo avanza a la velocidad de la inteligencia artificial y la quinta revolución industrial, Colombia sigue anclada en una Ley 30 de 1992. Los jóvenes «ninis» —que ni estudian ni trabajan— siguen siendo una población olvidada, y el Icetex, que durante años fue un mecanismo de movilidad social, ha sido debilitado sin que se proponga una alternativa clara.
El dólar barato que sale caro
Un fenómeno que ha llamado la atención de los expertos con los que he conversado es la reciente apreciación del peso. En términos simples, el dólar ha bajado. Y aunque eso pueda sonar como una buena noticia para los importadores o para quienes tienen deudas en moneda extranjera, tiene un lado oscuro.
Por un lado, está el tema del endeudamiento externo. Colombia ha hecho emisiones de bonos por más de 11,000 millones de dólares en condiciones que algunos califican de opacas y costosas. Esa entrada de dólares presiona la tasa de cambio a la baja. Pero además, hay un factor incómodo del que se habla en privado pero poco en público: los flujos ilícitos. La producción de hoja de coca ha alcanzado niveles récord, superando las 300,000 hectáreas, y eso genera divisas que terminan sobrevaluando la moneda.
El resultado es una especie de enfermedad holandesa al revés: el dólar barato castiga a los exportadores legales —cafeteros, floricultores, fruticultores— y termina ensanchando el déficit en cuenta corriente. Como me decía un exministro: «el dólar barato sale caro». Porque cuando la moneda se sobrevalua, se pierde competitividad, se destruyen empleos formales y se profundiza la dependencia de flujos que no son sostenibles ni deseables.
El elefante en la habitación: la deuda pensional
Uno de los temas más técnicos, pero también más relevantes, que han salido en mis conversaciones tiene que ver con la decisión de obligar a los fondos privados de pensiones a repatriar inversiones del exterior. En teoría, se trata de traer recursos para impulsar el mercado local. En la práctica, los expertos advierten que es una medida con graves riesgos macroeconómicos.
Primero, porque rompe con el principio básico de diversificación de portafolios. Los fondos de pensiones invierten en el exterior para protegerse de los ciclos locales y obtener mejores rendimientos. Forzarlos a vender esas posiciones y traer el dinero a Colombia los expone a pérdidas cambiarias y a menores rentabilidades futuras. ¿Quién pierde? Los ahorradores, es decir, todos los que esperamos vivir de una pensión.
Segundo, porque esa repatriación masiva presiona aún más la tasa de cambio a la baja, con los efectos ya mencionados sobre los exportadores. Y tercero, porque cuando esos recursos lleguen a Colombia, no hay suficientes proyectos rentables para absorberlos. Lo más probable es que terminen en títulos TES, es decir, en deuda pública. O sea, una forma de financiar el déficit fiscal con los ahorros pensionales de los colombianos.
Los técnicos son enfáticos: no hay free lunch en esto. Alguien va a terminar pagando la cuenta, ya sea con menores pensiones, con más impuestos o con menos gasto social.
La oportunidad geopolítica
No todo es negativo en el panorama. En mis conversaciones también han surgido temas de oportunidad. Uno de ellos tiene que ver con Venezuela. Por paradójico que suene, la migración venezolana ha sido una bendición en algunos sectores, como la producción de café, donde ha ayudado a suplir falta de mano de obra.
Pero el verdadero potencial está en lo que viene. Si en algún momento se restaura la democracia y la economía de mercado en Venezuela, Colombia está llamada a ser el proveedor natural de bienes básicos, alimentos, medicamentos y todo lo que ese país va a necesitar. Los expertos ven ahí una oportunidad histórica para convertir a Colombia en la plataforma de reconstrucción de Venezuela, con el respaldo de Estados Unidos y la comunidad internacional.
Eso sí, para aprovechar esa oportunidad se necesita un país con reglas claras, con institucionalidad sólida y con capacidad productiva. Y en eso, lamentablemente, vamos en contravía.
Lo que viene
Cuando pregunto a los expertos qué legado macroeconómico dejará este gobierno, las respuestas son lapidarias. Hablan de sobreendeudamiento, de destrucción de la institucionalidad fiscal, de crecimiento mediocre y de un deterioro en la relación con el Congreso que hace casi ingobernable la aprobación de cualquier presupuesto.
Pero también hablan de lo que hay que hacer. Y en eso hay consenso: lo primero es recuperar la confianza. El 9 de agosto de 2026, el equipo económico del nuevo gobierno debería estar en Washington y Nueva York, reunido con calificadoras de riesgo e inversionistas internacionales, mostrando un plan claro de reactivación, desregulación y simplificación del Estado.
Lo segundo es entender que la única forma sostenible de crecer es aumentando la productividad. Los estudios de McKinsey muestran que en Colombia dos terceras partes del crecimiento de los últimos 15 años se explican por el aumento de la fuerza laboral, y solo una tercera parte por productividad. En los países desarrollados es al revés. Mientras no cambiemos esa ecuación, seguiremos condenados a crecer por debajo de nuestro potencial.
Y lo tercero es recuperar el sentido de lo público. No como sinónimo de estatización, sino como construcción colectiva de reglas que permitan el florecimiento de la iniciativa privada, la generación de empleo de calidad y la protección de los más vulnerables. Porque al final, como me decía uno de mis entrevistados, «no hay peor impuesto para los pobres que la inflación, y no hay peor política social que el desempleo».
Colombia tiene con qué salir adelante. Tiene instituciones que, aunque golpeadas, siguen en pie. Tiene un sector privado resiliente. Tiene una sociedad civil que no se resigna. Y tiene, sobre todo, la posibilidad de aprender de los errores.
La pregunta es si tendremos la inteligencia colectiva para hacerlo.