Desde comienzos del siglo XX, una constante histórica de los regímenes comunistas ha sido la identificación deliberada de grupos sociales como «enemigos del pueblo». Esta práctica constituyó un mecanismo político sistemático destinado a movilizar el resentimiento social y justificar posteriormente la represión. Mediante la propaganda y la retórica revolucionaria, se señalaban comunidades enteras —campesinos prósperos, intelectuales, comerciantes, minorías o regiones consideradas contrarrevolucionarias— como obstáculos para la realización del proyecto socialista.
El procedimiento funcionaba como un relojito. Primero se construía la percepción de culpabilidad colectiva en la que determinados sectores eran presentados como explotadores, saboteadores o traidores a la revolución. Una vez consolidada esa imagen en la opinión pública, el siguiente paso consistía en exacerbar el odio político contra esos grupos, transformándolos en blancos legítimos de persecución. De esta manera, la estigmatización previa se convertía en el instrumento que permitía preparar psicológica y socialmente a la población para apoyar las purgas, deportaciones o ejecuciones que vendrían después.
El historiador Robert Conquest, en su estudio sobre el terror estalinista, explica que el régimen soviético creó categorías enteras de enemigos políticos para legitimar las purgas masivas de la década de 1930. Las víctimas del aparato estalinista eran clasificadas como «enemigos del pueblo», una expresión que terminó convirtiéndose en la justificación ideológica para la represión a gran escala. El asunto partía de la deshumanización previa de un grupo social como paso necesario para legitimar su persecución, su expulsión o su eliminación.
Iván Cepeda, como se ha dicho desde hace muchos años, es un hijo dilecto del comunismo. Su trayectoria política ha estado marcada por una visión ideológica profundamente arraigada en esa tradición y por una práctica que ha consistido en intentar sacar del camino a sus adversarios mediante la instrumentalización de las instituciones.
A lo largo de su vida pública ha dejado ver con claridad cuál es su talante y cuál es su obsesión: la de neutralizar políticamente a quienes considera sus rivales. Para ello ha recurrido de manera insistente a escenarios judiciales y mediáticos para construir acusaciones que terminan convirtiéndose en herramientas de confrontación política.
El episodio más emblemático fue el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Durante años se estructuró una historia que apuntaba a presentar al exmandatario como responsable de hechos gravísimos. La acusación se apoyó en declaraciones de testigos cuya credibilidad fue demolida, en relatos contradictorios y en inferencias que carecían de sustento sólido. Como consecuencia de ese proceso, Uribe terminó envuelto en un largo y complejo litigio judicial que desembocó incluso en una condena en primera instancia. Sin embargo, con el paso del tiempo la fragilidad de los fundamentos probatorios quedó en evidencia y el Tribunal de Bogotá terminó revocando esa decisión, desmontando así una sentencia que se había construido sobre bases imaginarias.
Enfocándonos en la campaña presidencial, resulta supremamente delicada una afirmación contenida en el llamado programa de gobierno de Iván Cepeda. Allí se formula una tesis que, por su alcance político y simbólico, enciende todas las alarmas, especialmente entre los habitantes de Antioquia, región que históricamente ha sido considerada la cuna del uribismo y el lugar donde se gestó buena parte de esa corriente política. Cepeda sostiene que Antioquia «se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado». Se trata de una afirmación abiertamente temeraria, pero más allá de su temeridad resulta profundamente preocupante por las implicaciones que tiene en el terreno político y social.
En los tiempos del poscomunismo ya no existen los gulags, ni las grandes purgas del siglo XX, ni las detenciones masivas que precedían a la ejecución de millones de personas. Sin embargo, sí persisten mecanismos más sutiles pero igualmente peligrosos de señalamiento colectivo. La estigmatización de regiones enteras o de comunidades políticas completas puede convertirse en un detonante de violencia, porque transforma a sectores de la sociedad en objetivos legítimos del odio político.
La experiencia reciente del país ofrece ejemplos de cómo ese clima de confrontación puede degenerar en episodios de violencia. Durante el año 2021, en medio de la convulsión que precedió al proceso electoral, Colombia vivió jornadas prolongadas de disturbios y bloqueos que pusieron en jaque al Estado y al ya debilitado gobierno de Iván Duque. De la nada, apareció con fuerza la estructura terrorista urbana conocida como «Primera Línea», que protagonizó episodios de horror, incendios, destrucción de infraestructura y paralización de ciudades enteras. Aquellos acontecimientos no fueron simplemente explosiones espontáneas de inconformidad social, sino parte de una estrategia de desestabilización destinada a erosionar al gobierno de turno y a crear el clima político propicio para la victoria de Petro.
Esta es una razón más por la cual los colombianos que hacen parte de la oposición democrática deben tener clara la trascendencia de las próximas elecciones. No es en este momento dable invocar la ausencia de confrontación entre las campañas de Abelardo De La Espriella y de Paloma Valencia. Es natural que esas dos candidaturas confronten, como ocurre en cualquier proceso democrático, con el propósito de conquistar la mayor cantidad de votos posible. Lo que sí resulta indispensable es que nunca se pierda de vista quién es la verdadera amenaza: Iván Cepeda.
De lo que se trata es de evitar a toda costa la posibilidad de un gobierno suyo. Los colombianos tienen en sus manos, mediante su voto, la posibilidad de atajar un proyecto político que pretende avanzar sembrando el miedo, estigmatizando comunidades, regiones y personas que piensan distinto. No se trata simplemente de una contienda electoral más, sino de una decisión histórica sobre el rumbo del país.
Cuando la política se construye sobre la estigmatización, cuando se señala a regiones enteras o a comunidades políticas completas como culpables colectivos, la democracia está en grave riesgo. Y cuando aquello sucede, el resultado puede ser una larga noche para la libertad. Colombia debe decidir si quiere preservar su tradición democrática o si está dispuesta a abrir la puerta a un modelo que, bajo nuevas formas y nuevos discursos, podría conducirla a una noche oscura en la que la las libertades se desvanezcan y el pluralismo político deje de existir.
Publicado: marzo 17 de 2025