Como ya es habitual, y casi previsible, Iván Cepeda vuelve a recurrir a la amenaza penal como instrumento de intimidación política. Su método es conocido y reiterado: anunciar procesos judiciales, prometer cárceles y fabricar delitos cada vez que una decisión institucional no se ajusta a sus intereses ni a su visión ideológica. La suya, es una conducta sistemática que se repite con disciplina y persistencia.
En esta ocasión, las nuevas víctimas del candidato comunista son el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, y el conjuez Hollman Ibáñez. Ambos adoptaron, en estricto derecho, una decisión contraria a las pretensiones de Cepeda respecto de su participación en la consulta prevista para el mes de marzo. Bastó ese desacuerdo jurídico, plenamente fundado en la ley y en la normatividad electoral vigente, para que se activara, una vez más, el libreto de la persecución.
Como es bien sabido, el Consejo Nacional Electoral estudió una demanda que era evidente. No se trataba de un caso complejo ni de una interpretación forzada: los argumentos estaban a la vista. Cepeda no podía participar en la consulta de marzo porque ya había participado en una consulta anterior, realizada en el mes de octubre. Las normas electorales son claras y no admiten ambigüedad alguna: ningún candidato puede intervenir en dos consultas sobre la misma temática dentro de un mismo proceso electoral. La consecuencia jurídica era inevitable.
Cepeda se quedó, pues, sin participar en marzo no por una conspiración ni por un complot institucional, sino porque carecía de motivos jurídicos y de razón legal para hacerlo. Sin embargo, lejos de aceptar la decisión, reaccionó como acostumbra: anunciando una catarata de supuestos delitos, imaginarios y carentes de sustento, con los cuales pretende arrastrar a Prada e Ibáñez a los estrados penales.
Lo cierto es que tanto Hollman Ibáñez como Álvaro Hernán Prada tienen motivos sobrados para sentir temor. No por la debilidad de su decisión, que es sólida y ajustada a derecho, sino por el perfil de quien hoy los señala. Cepeda es un hábil manipulador de los resortes de la administración de justicia, experto en instrumentalizar el aparato judicial para llevar a la cárcel al que se aparta de sus ideas y, sobre todo, a todo aquel que se interpone en sus planes políticos.
Por ello, lo que indica la prudencia es que ambos acudan desde ya a instancias internacionales para proteger su libertad personal. Hoy es una denuncia; mañana, esas denuncias, que muchas veces navegan de manera silenciosa por los vericuetos de la administración de justicia, pueden convertirse en procesos formales. Y cuando menos lo imaginen, podrían verse sentados en el banquillo de los acusados, con Cepeda posando, una vez más, de supuesta víctima.
Porque Cepeda es, en esencia, un profesional del victimismo. Siempre es víctima de algo, de alguien o de todo. Víctima del sistema, víctima de las instituciones, víctima de la vida, si se quiere. Desde ese rol construye acusaciones, señala, presiona y hace todo lo que esté a su alcance para que quienes se le oponen terminen condenados.
El antecedente que debe tenerse siempre como punto de referencia del proceder de Cepeda es lo ocurrido con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien injustamente terminó condenado en primera instancia en un proceso impulsado por Cepeda. Un proceso colmado de irregularidades, de falsos testigos, de testimonios amañados y de pruebas deleznables. Y aun así, una juez de primera instancia profirió una condena que, afortunadamente, fue revocada cuando la apelación fue estudiada por el Tribunal Superior de Bogotá.
A este panorama se suma una advertencia particularmente grave formulada por el también precandidato David Luna, a propósito de una reciente intervención de Cepeda en la que amenaza con acabar con el Consejo de Estado. Luna advierte que cuando Cepeda plantea eliminar un tribunal, no lo hace por convicción institucional alguna, sino por una simple y elemental venganza política. «Amenazar con una reforma política para eliminar el Consejo de Estado un día después de que el Consejo Electoral emite un fallo que no le es favorable es profundamente antidemocrático», afirma Luna. Y lo es.
Como es antidemocrático el comunismo mismo. El comunismo se presenta sistemáticamente como lo que no es. Basta observar los ejemplos históricos: la Alemania comunista se autodenominó República Democrática Alemana; Corea del Norte, uno de los regímenes más cerrados, violentos y totalitarios del planeta, se presenta como República Democrática Popular de Corea. Los comunistas utilizan el adjetivo «democrático» para revestir el totalitarismo, el absolutismo y la negación sistemática de las libertades humanas.
Prada e Ibáñez no son culpables de nada distinto a haber cumplido su deber. Su supuesto «delito» consiste en haber aplicado la ley sin someterse al chantaje político, en haber recordado que las normas electorales existen para todos y no solo para quienes se creen moralmente superiores. Si hoy se permite que sean perseguidos por haber decidido conforme a derecho, mañana ningún juez, ningún magistrado y ningún funcionario estará a salvo.
Este es el verdadero rostro del comunismo cuando logra penetrar las instituciones: no busca justicia, busca obediencia; no respeta la legalidad, la instrumentaliza; no acepta el fallo adverso, lo castiga. Y cuando no puede imponerse por la vía electoral, intenta hacerlo por la vía penal. Así se erosiona la democracia desde dentro, no con tanques ni golpes de Estado, sino con denuncias, procesos amañados y jueces intimidados. No es nada nuevo. Así ocurrió en la Unión Soviética, donde desde los primeros años del régimen y durante décadas se utilizaron tribunales de supuesta justicia para revestir de legitimidad sanciones arbitrarias, purgas políticas y condenas decididas de antemano por el poder. Y así ocurrió también en la Alemania nazi, donde los llamados juristas del terror, magistrados al servicio del Partido Nacionalsocialista Alemán, otorgaban un barniz de legalidad a las más absurdas e inaceptables arbitrariedades del régimen. No se trataba de aplicar la ley, sino de simularla; no de hacer justicia, sino de legitimar la persecución.
Lo que está en juego en el caso de Álvaro Hernán Prada y Hollman Ibáñez no es una controversia electoral menor ni una disputa personal. Está en juego la independencia frente a una lógica política que pretende sustituir el derecho por la venganza. Cuando un dirigente convierte la justicia en un instrumento para castigar al contradictor, deja de actuar como actor democrático y empieza a comportarse como comisario ideológico. Prada e Ibáñez no están siendo perseguidos por violar la ley, sino por algo mucho más grave: por no obedecer.
Defenderlos no es una toma de partido coyuntural, sino una obligación política y moral de quienes aún creen en el Estado de derecho. Porque el día en que la justicia tema aplicar la ley por miedo a terminar en la cárcel, ese día la democracia habrá sido vaciada desde dentro, aunque conserve intactos su nombre, sus rituales y sus apariencias. Como lo advirtió Friedrich Hayek: «El peor abuso del poder no es la arbitrariedad abierta, sino aquella que se reviste de legalidad».
Publicado: febrero 9 de 2026