A lo largo de la historia política, las alianzas han sido menos una concesión táctica que una exigencia moral cuando está en juego el rumbo de una sociedad. Ningún proyecto serio de poder, y menos aún en sistemas democráticos fragmentados como el colombiano, puede sostenerse sobre la ficción de la autosuficiencia. La política real no se gana en la pureza del aislamiento ni en la comodidad del búnker, sino en la capacidad de articular voluntades diversas alrededor de mínimos comunes que hagan viable la gobernabilidad y preserven los fundamentos de la libertad.
En Colombia, la derecha y el centro-derecha enfrentan hoy una disyuntiva que trasciende cálculos electorales y ambiciones personales. Persistir en la atomización, confiados en guarismos favorables de encuestas volátiles, equivale a una forma sofisticada de irresponsabilidad. Las encuestas no gobiernan, no legislan y no contienen crisis. Son fotografías parciales de estados de ánimo, no contratos vinculantes con el futuro. La historia reciente del país demuestra que quien se refugia en ellas como certeza termina sorprendido por la realidad el día de las urnas.
La “bunkerización” de algunos aspirantes presidenciales es, en este contexto, particularmente peligrosa. Aislarse del diálogo, despreciar la construcción de consensos y asumir que la victoria llegará por inercia es confundir expectativa con destino. En política, el aislamiento no fortalece: debilita. El candidato que se encierra deja de oír, pierde sensibilidad frente a los temores y aspiraciones del electorado y, sobre todo, renuncia a la tarea esencial de la política electoral: tejer acuerdos que hagan posible la victoria.
Esa renuncia tiene consecuencias concretas. La principal es facilitar el camino a proyectos ideológicos que no creen en la economía de mercado, que desconfían de las libertades individuales y que conciben al Estado no como árbitro, sino como amo. En el escenario actual, ese riesgo se encarna en la figura de Iván Cepeda, un político cuya trayectoria ha estado marcada por una visión abiertamente hostil al capital, a la iniciativa privada y a los equilibrios propios de una democracia liberal. EL candidato de Petro es un comunista de manual. Minimizar esa amenaza por cálculos tácticos o rivalidades internas es, sencillamente, una forma de ceguera política.
Por eso resulta especialmente grave la actitud de algunos dirigentes gremiales que, bajo la bandera del diálogo, abren espacios privilegiados a Cepeda. María Claudia Lacouture y Frank Pearl, figuras asociadas al santismo y hoy en posiciones de liderazgo gremial, han optado por legitimar con su presencia y su disposición al intercambio a quien representa, en los hechos, un proyecto incompatible con los intereses que dicen defender. No se trata aquí de censurar el debate, sino de advertir sobre la ingenuidad —o algo peor— de creer que el verdugo del capital puede transformarse en su aliado por la vía de la cortesía institucional.
La escena es inquietante: dirigentes empresariales atendiendo generosamente a quien ha construido su carrera política cuestionando la legitimidad del sector privado, promoviendo narrativas de confrontación y erosionando las bases jurídicas que garantizan la inversión y el empleo. Esa actitud tiene algo de trágico y de macabro. Los proyectos ideológicos radicales no se moderan como consecuencia de la amabilidad, sino que avanzan cuando perciben debilidad y falta de cohesión en sus adversarios.
Aquí emerge una dimensión ética que la derecha y el centro-derecha no pueden eludir. No se trata solo de ganar una elección, sino de facilitarle la vida a los electores, ofrecerles claridad, reducir la incertidumbre y evitar que el voto se convierta en una ruleta rusa. La dispersión de candidaturas afines, la incapacidad de acordar reglas mínimas y la priorización del ego sobre el interés general son formas de cobardía política. Como advertía Hannah Arendt, «la forma más peligrosa de cobardía no es huir del conflicto, sino negarse a asumir la responsabilidad que este impone». En Colombia, esa responsabilidad se llama acuerdo.
La flexibilidad que exigen las alianzas no implica renunciar a principios, sino jerarquizarlos. En momentos críticos, preservar la democracia liberal, la libertad económica y el Estado de derecho debe estar por encima de diferencias secundarias. Quien no entiende esto confunde coherencia con rigidez y termina sirviendo, involuntariamente, a aquello que dice combatir. La política no premia la obstinación solitaria, sino la inteligencia colectiva.
El llamado es, entonces, claro y urgente. La derecha y el centro-derecha deben abandonar la comodidad del cálculo individual y asumir el costo, siempre incómodo, del acuerdo. Deben hacerlo no por miedo, sino por responsabilidad histórica. Porque si algo enseña la experiencia es que las democracias no caen solo por el empuje de quienes las adversan, sino por la pasividad, la fragmentación y la cobardía de quienes estaban llamados a defenderlas. En ese punto, la neutralidad deja de ser una opción y la ingenuidad se convierte en complicidad.
Publicado: diciembre 19 de 2025