En Colombia, cada tanto se repite un libreto peligroso: cuando la justicia toca a los poderosos, estos responden con ataques personales, campañas de desprestigio y estrategias mediáticas para deslegitimar a los jueces. Se está viendo nuevamente en el caso del narcoministro Armando Benedetti, quien enfrenta investigaciones por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y que, acorralado por la justicia, ha emprendido una ofensiva contra la magistrada Cristina Lombana, encargada de adelantar parte de las indagaciones en su contra.
La magistrada Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ordenó un allanamiento en la residencia de Benedetti dentro de un proceso absolutamente legítimo, previsto en el marco del derecho penal colombiano. Los allanamientos de morada no son un acto de persecución ni un atropello: son una herramienta probatoria normal, utilizada para garantizar la recolección de evidencias cuando existen indicios suficientes de posibles delitos. Todo procesado, sin excepción, puede ser objeto de una diligencia de este tipo. Pretender que la orden de allanamiento fue un abuso o una humillación personal es una distorsión del proceso judicial. Ningún ciudadano, por influyente que sea, por los cargos que ocupe o por su cercanía con el poder, está por encima de la ley. Lo que hizo la magistrada Lombana fue cumplir con su deber: investigar, ordenar las medidas necesarias y actuar con independencia frente a un expediente complejo y delicado.
Pero la reacción de Benedetti no fue la de un ciudadano que confía en la institucionalidad. En lugar de atender los requerimientos judiciales, optó por lanzar una campaña de desprestigio contra la magistrada, acusándola de parcialidad y de supuestos intereses políticos, acudiendo a una serie de señalamientos francamente vergonzosos, por no ahondar en los insultos que profirió en contra de la funcionaria judicial.
Con declaraciones en los medios de comunicación, las redes sociales, filtraciones y mensajes cargados de insinuaciones, ha buscado debilitar la autoridad moral de la doctora Lombana y cuestionar su independencia.
Colombia tiene una historia trágica de persecución y asesinato contra jueces y magistrados. Carlos Valencia García, Hernando Baquero Borda, Gustavo Zuluaga Serna, Tulio Manuel Castro Gil, Carlos Ernesto Valencia, entre otros, fueron víctimas del odio que generan las campañas de desprestigio y los discursos incendiarios contra quienes ejercen la justicia. La memoria de figuras como el ministro Rodrigo Lara Bonilla y los magistrados del Palacio de Justicia debe recordar que el lenguaje del matoneo y la deslegitimación no es inocuo: abre la puerta a la violencia contra quienes se atreven a investigar a los poderosos.
Por eso, lo que hoy hace Benedetti, y más grave aún, lo que algunos sectores políticos replican, debe encender todas las alarmas. Desacreditar a los jueces es ponerlos en la mira. Cuando la justicia se vuelve un blanco político, el costo puede ser altísimo, no solo para quienes la ejercen, sino para todo el sistema democrático.
Lo más inquietante de este episodio es la actitud del narcopresidente colombiano Gustavo Petro, quien, en lugar de respaldar la independencia judicial, parece haberse sumado a la narrativa de Benedetti. Con comentarios que insinúan desconfianza hacia la magistrada Lombana, Petro contribuye a alimentar una campaña de matoneo institucional.
El presidente de la República, como jefe de Estado y símbolo de la unidad nacional, tiene la obligación constitucional de respetar la separación de poderes y de proteger a los jueces frente a las presiones políticas. Su participación en esta ofensiva mediática envía un mensaje devastador: que desde el poder se puede cuestionar y hostigar a la justicia cuando las decisiones no favorecen a los aliados políticos. Esa conducta mina el equilibrio institucional y alienta una cultura de impunidad. En una democracia madura, el mandatario respalda el trabajo de los jueces, incluso cuando sus decisiones son incómodas. En Colombia, lamentablemente, continúa registrándose cómo la justicia se convierte en un campo de batalla política.
La magistrada Cristina Lombana representa a un sector del poder judicial que ha decidido actuar con independencia y valentía. Su trabajo debe ser evaluado en los estrados judiciales, no en las redes sociales ni en los micrófonos de la política. Quienes creen en la justicia deben exigir que se respete su integridad y que cese la persecución mediática. El caso Benedetti no es solo un asunto judicial: es una prueba de fuego para el Estado de derecho. Si los magistrados son atacados cada vez que investigan a un político poderoso, la justicia perderá su capacidad de actuar con libertad.
Colombia no puede permitirse repetir la historia de los jueces silenciados. La crítica legítima es válida; el matoneo institucional, no. Benedetti no tiene derecho a destruir a quien lo investiga. Y Petro, si en verdad respeta la justicia, debería ponerse del lado de la magistrada, no de quien está incentivando su destrucción, como es el caso del peligroso Armando Benedetti.
La situación ha escalado a un nivel que exige atención urgente. El hostigamiento contra la magistrada Cristina Lombana ya no es solo un intento de deslegitimarla, sino un ataque que pone en riesgo su integridad personal. En un país donde la historia ha demostrado que la difamación contra los jueces puede convertirse en antesala de la violencia, resulta inquietante ver cómo desde el poder político se alienta este clima de intimidación. Si el Estado colombiano no garantiza su protección y persiste en permitir el matoneo que se está registrando, será necesario que las autoridades estadounidenses y los organismos internacionales de derechos humanos actúen con prontitud. No se trata solo de proteger a una jueza, sino de defender el principio de independencia judicial, hoy amenazado por un entorno que castiga la valentía y premia la sumisión.
Publicado: noviembre 13 de 2025