El artículo de El Colombiano titulado “¿Quiénes son los radicales que atacaron la embajada de EE.UU. y azotan Bogotá?” describe los disturbios del 17 de octubre de 2023 frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde encapuchados lanzaron piedras, palos, machetes, bengalas y flechas contra la Policía, hiriendo a cuatro uniformados. El texto atribuye estos actos a “infiltrados” en protestas convocadas por el Congreso de los Pueblos, presentado como un movimiento de indígenas, afrodescendientes, campesinos, sindicalistas y feministas. Esta visión ingenua ignora la unidad entre “guerrilleros de camuflado” y “civiles”. No son entes separados, sino un ecosistema con una perversa simbiosis: las organizaciones legales reclutan y radicalizan simpatizantes para canalizarlos hacia la acción armada.
La Doctrina Leninista
Inspirados en Lenin, el ELN y las FARC combinan la lucha legal, que opera en instituciones para ganar legitimidad, con la ilegal, la “forma principal de lucha” que ejecuta violencia, terrorismo y secuestros. Lo ilegal —ELN, disidencias de las FARC, grupos como la Brigada Rebelde Andrés Almarales o A-K Alkombate— se nutre de lo legal, que provee cobertura y reclutas. Sin esta dinámica, la guerrilla colapsaría; con ella, se perpetúa como una hidra multicéfala. El artículo menciona siete grupos juveniles que actúan como milicias en universidades y bloqueos, como en los estallidos de 2019-2021. No son intrusos, sino el brazo ejecutor de una estrategia unificada donde la protesta “pacífica” escala a flechas y bombas Molotov, convergiendo en el terrorismo.
El Congreso de los Pueblos, Petro y la Embajada
El Congreso de los Pueblos, que Petro presenta como actor legítimo de la sociedad civil, negocia con él el fin de bloqueos. Sin embargo, expertos e informes de inteligencia lo identifican como una organización paraguerrillera alineada con el ELN. Sus convocatorias coinciden con picos de violencia urbana, y sus líderes comparten la doctrina del Frente de Guerra Urbano Nacional (FGUN). Petro lo defiende como “partido legal” para despolitizar la guerrilla, pero en esencia, impulsa la expansión del ELN. Estos grupos forman un todo con división del trabajo: los frentes armados planifican, las milicias juveniles ejecutan y los movimientos sociales movilizan y encubren. El artículo subestima esta cohesión ideológica. Todos convergen en el terrorismo, desde el atentado del Centro Comercial Andino (2017) por el MRP hasta los recientes ataques en Bogotá.
La Relación de Petro con el ELN
Petro condena los ataques vía X, exigiendo “máximo cuidado” con la Embajada, pero su gobierno nombra a figuras como “Mono Clinton” (condenado a 40 años por terrorismo) y “Violeta” (liberada tras el atentado del Andino) como “gestores de paz” en diálogos con el ELN. Esta cercanía blanquea la guerrilla, estigmatizando solo a los “radicales” para proteger su núcleo político. Mientras el alcalde Carlos Fernando Galán denuncia estos actos como terrorismo, Petro evita “criminalizar” las protestas, legitimando la violencia como rebeldía. En los diez meses que le restan como presidente, Petro mantendrá al país en vilo con una constituyente que movilizará a milicianos, guerrilleros y la extrema izquierda para preparar un Colombia ingobernable tras agosto de 2026, perpetuando su influencia.
Los Procesos de Paz: Una Válvula de Escape
El ELN y las FARC instrumentalizan la “Paz Total” de Petro para liberar guerrilleros que se reincorporan a los “frentes de guerra”. El Acuerdo de La Habana (2016) desmovilizó formalmente a la Red Urbana Antonio Nariño, pero dejó activas células en la Segunda Marquetalia y el EMC de “Iván Mordisco”. Petro ha facilitado liberaciones condicionales, como la de “Violeta”, y otorga estatus de “gestores” que equivale a impunidad. Estos procesos no pacifican; permiten que criminales evadan la justicia y regresen fortalecidos a la clandestinidad. El diálogo fallido con el ELN en 2023 evidencia esto: liberaciones sin desarme real perpetúan la violencia bajo el manto de la “paz”.
Conclusión
La izquierda armada, leninista en su esencia, usa la sociedad civil como escudo y la violencia como lanza. Ignorar esta unidad empodera a quienes azotan Bogotá y socavan la democracia. Colombia debe desmantelar esta ilusión de separación y enfrentar a la guerrilla con firmeza, más allá de la retórica petrista.