El caso del sacerdote Custodio Ballester es una prueba de fuego para la democracia española. Que la Fiscalía pretenda condenarlo por un delito de odio, únicamente por haber señalado lo que es una realidad incuestionable —que el islamismo radical quiere destruir la civilización occidental— resulta un despropósito que roza lo absurdo. No se trata de un discurso inventado ni de una incitación a perseguir a nadie, sino de la constatación de hechos dolorosos que Europa conoce de sobra. Pretender silenciar esta verdad bajo la etiqueta de «odio» equivale a condenar a la ceguera a toda una sociedad.
Conviene ser claros: una cosa es el islam como religión, practicada de forma aparentemente pacífica por millones de personas en todo el mundo, y otra muy distinta es el islamismo radical que, escudándose en esa fe, proclama la yihad contra Occidente. Esta ideología violenta y totalitaria ha llenado de sangre las calles de muchísimas ciudades europeas. Ha golpeado sin piedad a inocentes, sin distinguir edad, credo ni condición. Y lo ha hecho con un argumento brutal: considerarlos «infieles». No se puede negar ni esconder que grupos mahometanos radicalizados han atacado a ciudadanos occidentales por el mero hecho de no compartir su fe. Negar esto es darle la espalda a la verdad y, en el fondo, servir de cómplices a quienes sí quieren imponer el terror.
Resulta además estúpido que una legislación contemple algo tan etéreo como el llamado «delito de odio». Odiar es un derecho personalísimo, una posición moral legítima que cada persona asume frente a ideas, conductas o realidades. El delito está en transformar ese odio en agresión concreta contra bienes jurídicos protegidos: la vida, la integridad, la libertad, la propiedad. Nadie puede ser sancionado por el mero hecho de odiar. Llevado al absurdo, ¿van a procesar a quien diga que odia el arroz? ¿O van a meter a la cárcel a quien proclame públicamente que odia el nazismo? No hay que confundir sentimientos con delitos. El derecho penal debe castigar acciones, no estados de ánimo.
La justicia española, en el caso del valiente sacerdote Ballester, parece olvidar que la libertad de expresión no es solo el derecho a decir lo cómodo o lo políticamente correcto, sino también a denunciar lo incómodo, lo que molesta y lo que sacude conciencias. Callar frente al extremismo yihadista no es tolerancia, es rendición. Y si alguien levanta la voz para alertar del peligro, lo que corresponde en una democracia madura no es perseguirlo, sino oírlo y debatir. La línea entre libertad de expresión y delito de odio no puede convertirse en una mordaza disfrazada de legalidad. El verdadero odio no está en señalar al islamismo radical, sino en la barbarie de quienes matan inocentes a nombre de Alá. Y no son pocos, ni son casos aislados. Hoy, una de las grandes amenazas que tiene la civilización, se sustenta en el Corán.
Europa vive bajo una amenaza real. Negarlo por miedo a incomodar es jugar con fuego. El terrorismo yihadista no es una sombra inventada: es un enemigo declarado que se nutre de la debilidad y del silencio de sus víctimas potenciales. Defender que el islamismo radical atenta contra occidente no es incitar al odio, es un acto de responsabilidad. El deber de una sociedad libre es combatir esa amenaza con firmeza, sin confundirla con la fe de millones de musulmanes que nada tienen que ver con la violencia, pero sin ceder a la tentación del silencio complaciente.
El proceso contra Custodio Ballester revela hasta qué punto ciertos sectores están dispuestos a sacrificar la verdad en el altar de lo políticamente correcto. Una democracia que no permite advertir del peligro es una democracia enferma. Ballester no ha dicho nada que no sea cierto, y su condena sería un triunfo para los radicales que justamente buscan acallar a Occidente con miedo y autocensura. La defensa de la libertad de expresión empieza aquí: en no permitir que la denuncia del islamismo radical sea confundida con un delito de odio. Porque si eso ocurre, los verdaderos enemigos de la civilización occidental ya habrán logrado la victoria a punta de bombas, de inmolaciones, de pogromos -como el de octubre de 2023-, y de decisiones judiciales canallas.
Publicado: octubre 3 de 2025